Julia Sánchez, de Gales a Galicia con un plan para captar talento científico: “Fue un suicidio profesional”

“La vuelta es una decisión emocional, pero fue un suicidio profesional”. La bióloga gallega Julia Sánchez toma aire. Con los pulmones de esa parte más personal ya oxigenados, se oye la voz más analítica. “Volví a un nivel de incertidumbre laboral que hacía mucho que no sufría”. Quien habla tiene un currículo investigador en Ecología de plantas que enraíza en Galicia pero se extendió hasta llegar a Gales, donde trabajó durante una década y formó una familia. Y fue allí cuando, como profesora de la Universidad de Cardiff y con un puesto indefinido y responsabilidades docentes e investigadoras, sopesó volverse a su tierra, tentada por los contratos de atracción de talento María Zambrano que lanzó el Ministerio de Educación. Hizo las maletas junto a sus dos hijos por un contrato de tres años y aterrizó de nuevo en la Universidade de Santiago (USC) para investigar en cambio climático.

“Perdemos medio millón de euros en cada investigador que se va al extranjero”

Aunque Julia sabía que “no había una continuidad asegurada” denuncia el nombre “rimbombante” y la denominación de un plan que, para esta bióloga, “es un mero programa postdoctoral”. Ahora convive con la amenaza del paro ya que su vínculo laboral finaliza a finales de 2024. “No nos están ayudando a la consolidación de plaza; me quedaré desempleada este año y aquí no tengo expectativas de conseguir otro empleo, así que me planteo volver al extranjero”, explica.

Voces contra la precariedad en ciencia

Pero Julia es solo una de las tres investigadoras del mismo departamento que siguieron una ruta marcada por el contrato María Zambrano. La también bióloga Teresa Boquete llegó desde Doñana –previo paso por la universidad de South Florida en Tampa, EE UU– y la investigadora postdoctoral Zulema Varela llegó desde Finlandia.

La USC reconoce que un total de 25 personas se beneficiaron de este programa. La Universidade de Vigo (UVigo) las sitúa en 13 por su parte. Y desde la Universidade de A Coruña, también consultada por FARO, no cifran el número de ‘talentos’ atraídos, pero solo en la convocatoria pública de 2021-23 constan siete. Más de cuarenta investigadores en Galicia llamados por un programa cuya falta de continuidad se denuncia ahora en toda España, donde suman unos 1.500 investigadores.

Los rectores: "No había compromiso de estabilización"

Los rectores de las universidades españolas defienden que ese millar y medio de contratos María Zambrano no exigían su posterior estabilización. Esta semana, la ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, les pidió que hagan lo posible por estabilizarlos una vez acaben sus contratos, pero fuentes de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (Crue) se posicionaron en contra: los “zambranos” permitían contratos temporales de uno a tres años y “no aparecía como requisito” su posterior estabilización por las universidades beneficiarias, a diferencia de lo que ocurre con programas similares como el Ramón y Cajal y Beatriz Galindo. Sin embargo, Morant insistió en que existe la obligación de atraer y de retener el talento y pidió a las universidades que “en la medida de sus posibilidades vayan estabilizando a quien se marchó porque no tenía una oportunidad contractual”.

En el mismo sentido que la Crue se ha posicionado, la USC, que asegura que “ejecuta las condiciones recogidas en la convocatoria ministerial, que no contiene compromiso o previsión de estabilización y, menos ,recursos para acometerlas”. “En cualquier caso”, añaden desde la institución, “el personal contratado por este programa suma los méritos correspondientes que le permiten concurrir en condiciones de igualdad de oportunidades que otras personas candidatas a cualquier plaza que se haya podido convocar”. También alude la USC al acuerdo alcanzado con los sindicatos, “pionero en el conjunto del Estado”, para dotar al colectivo investigador de un marco laboral específico. “El año pasado a USC renovó el sello HR Excellence in Research, que acredita la excelencia del entorno laboral de la USC para el desarrollo de la carrera investigadora”, justifican.

En términos similares y recogiendo la invitación de la ministra Morant, se posicionan desde la UVigo. La vicerrectora de Investigación Belén Rubio explica que la mayoría de investigadores ‘zambrano’ (salvo tres, que lograron colocarse) “solicitaron ser incorporados en la convocatoria propia de retención de talento de la UVigo, pero esta solo consta, en principio, con cuatro plazas anuales”. Aún así, Rubio no descarta “sacar alguna plaza más este año”, aunque serían insuficientes para todos. La vicerrectora explica que se les ofreció presentar proyectos al Plan Nacional de Investigación ya que así podrán autofinanciarse su salario (convocatoria aún pendiente de resolver). “Lo que les estamos diciendo es que se presenten a las nuevas convocatorias de consolidación, igual que otros colectivos de personal de la Universidad que están en situación similar, pero no se les garantiza una plaza estable de modo directo, tienen que concurrir a esas convocatorias”, finaliza la vicerrectora.

Una idea idéntica repite la Universidade de A Coruña: “Las ayudas María Zambrano no contemplaban proceso de estabilización. Las personas contratadas con cargo a este programa pueden acceder a vías de estabilización a través de otros programas específicos o concurriendo a las plazas ofertadas en turno libre”, abunda.

Al Supremo por las cuotas

No es la única polémica al respecto. El citado plan de atracción de talento fue lanzado en enero de 2021 por el extinto Ministerio de Universidades y sufragado con fondos europeos. El sueldo era bueno e incluía un extra para asentarse. Pero aspectos como el descuento de las cuotas patronales (el importe que se paga para desempleo o formación) de los salarios de los investigadores que han hecho las universidades, ha llegado al Tribunal Supremo –tras fallar en contra los tribunales superiores de Galicia, pero también Madrid y País Vasco–.

Es otro de los puntos que denuncian desde la plataforma Investigal. La investigadora en biomonitorización de la contaminación ambiental, Zulema Varela, tilda de “chapuza” esta convocatoria de ayudas, al tiempo que apunta la falta de ética. “El sistema no funciona; las y los investigadores hicimos todo lo que se nos dijo que debíamos hacer: doctorados, formación en el extranjero, publicaciones, y volvemos con un programa... ¿por tres años?”. Asimismo se posiciona Teresa Boquete: “Los contratos no están pensados para personas que ya tienen 40 o 45 años, sino para investigadores más jóvenes. ¿Y los de otra franja de edad? No tenemos donde caernos muertos”, denuncia. Su situación actual también raya el absurdo. “Conseguí un proyecto que depende del Plan Nacional de convocatorias, el año pasado. Lo pedí con otro investigador principal de la USC y nos lo concedieron. Pero llega más tarde que la duración de mi contrato... así que trabajaré desde el paro, sin ninguna vinculación”, explica. “Con 38 años, tengo que seguir publicando para obtener una plaza”, justifica.

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