El cambio climático expondrá a un millón de gallegos a sequías, incendios o inundaciones

La UE calcula que dos grados más en el año 2050 se traducirán en un coste de casi 500 millones de euros adicionales anuales

Vista de Aceredo en el embalse de Lindoso durante la sequía.

Vista de Aceredo en el embalse de Lindoso durante la sequía. / Brais Lorenzo

C. V.

Aunque este invierno ha regado Galicia en abundancia, en el último lustro la comunidad ha registrado varios episodios de sequía que llegaron a implicar incluso el abastecimiento de agua con camiones cisterna, como ocurrió hace dos años en localidades del interior de la provincia de Lugo. En su noveno informe, recién publicado, sobre cohesión regional, la Unión Europea considera como hipótesis “más plausible” para el año 2050, dados los “compromisos” actuales de reducción de emisiones de gas de efecto invernadero, que el calentamiento global se traducirá en un incremento de 2 grados centígrados en la temperatura, un escenario en el que contempla daños provocados por tormentas, por inundaciones tanto costeras como en el interior o por sequías, a lo que habría que sumarle el mantenimiento de carreteras y ferrocarriles o las pérdidas en vidas humanas. La población gallega expuesta a impactos climáticos “dañinos”, como los denomina la Unión Europea, rondaría el millón de habitantes.

La afectación no sería la misma en toda la comunidad. En proporción, Ourense, según la UE, sería la más perjudicada: un 57 por ciento de sus habitantes se vería expuesto a inundaciones, escasez de agua o al peligro de incendios forestales, mientras que en A Coruña el porcentaje se reduciría hasta el 27 por ciento y en Lugo, los riesgos afectarían a tres de cada diez vecinos. En el caso de Pontevedra, los habitantes potencialmente expuestos a impactos climáticos dañinos llegarían al 41%, pero en números absolutos superarían los 386.000, la mayor cifra en la comunidad.

Efectos económicos

Las consecuencias materiales también oscilarían: el interior acusaría más el golpe en relación a su economía. Así, a Lugo lidiar con los efectos colaterales del cambio climático le supondría un 1% del PIB anual, unos 80 millones de euros, y a Ourense, un 1,2%, en torno a 93 millones. Pontevedra y A Coruña serían las que menos sufrirían en sus arcas el impacto: un 0,6% del PIB, en el caso de la primera (145 millones) y un 0,5% en la segunda (149). En total, unos 467 millones de euros. Otro estudio de la UE difundido el pasado año calcula que a finales de siglo el coste anual del cambio climático solo en daños a infraestructuras rondará los 1.000 millones en Galicia.

Cohesión

Por otra parte, el informe sobre cohesión, que analiza desde la demografía a la relación de los ciudadanos con la Administración a través de las TIC, refleja que el PIB per cápita de Galicia, junto a Extremadura, creció a un ritmo superior al de España y al de la UE. Entre los puntos fuertes de la comunidad también se sitúa el reducido porcentaje de personas con pobreza alimentaria, la paridad con la que está conformado su Parlamento, el sentimiento casi generalizado de extranjeros y minorías de que la comunidad es un buen lugar para vivir, el elevado recurso a las soluciones telemáticas para resolver trámites administrativos o la relativa cercanía de los centros de salud a sus habitantes por carretera –entre 10 y 20 minutos–.

En otras cuestiones, la comunidad se sitúa en una posición intermedia, como ocurre con sus bosques. Al analizar su proceso de degradación, Galicia recibe una nota de entre un 5 y un 6. Del mismo modo, si se examina su capacidad innovadora, permanece con la etiqueta de moderada.

En el lado del debe, Galicia tiene un porcentaje de población empleada entre 20 y 64 años que no llega al 70%. Tiene seis años para cumplir la meta del 78%, que se puso la UE para 2030. Tampoco se luce en el gasto en I+D o el indicador de calidad de los gobiernos autonómicos, donde saca la peor nota del Estado Castilla y León, seguida de Andalucía y Extremadura, con Galicia en el cuarto puesto. Mide, entre otros parámetros, la calidad e imparcialidad de los servicios.

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