El alza de los precios obliga a los contratistas a dejar desiertas obras por 20 millones

No hace muchos años, las administraciones estaban en el punto de mira por un uso exagerado de las bajas temerarias en la obra pública, unos proyectos que se adjudicaban por un precio tan recortado que resultaban difíciles de cumplir y obligaban posteriormente a hacer modificados. La guerra de ofertas tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria llegó a tales niveles que tanto pequeñas como grandes empresas concurrían con unas propuestas que no llegaban ni para cubrir costes. En algunas ocasiones, las rebajas en Galicia llegaron a situarse hasta un 40% por debajo del precio de licitación.

Pasados los años más duros de la crisis de 2008, esta batalla por los codiciados contratos de las distintas administraciones se dio por terminada, hasta reducir las rebajas medias en el conjunto de la comunidad al 16%. Pero desde hace un par de años, el encarecimiento de las materias primas y de la energía espantan a los contratistas. En esta ocasión, por lo contrario, por unos bajos importes en las licitaciones que impedirían ejecutar el proyecto y que, de asumirlas, llevarían a las empresas a pérdidas. A lo largo de 2023 se quedaron sin postor en Galicia obras públicas por 20,3 millones de euros debido a unos precios de licitación que impedían cubrir costes, según datos de la Federación Gallega de la Construcción.

Licitaciones sin postor

Se trata de un volumen ligeramente inferior al registrado el ejercicio anterior en plena crisis de precios –en solo seis meses los costes para la construcción subieron como en 13 años–, con 23,47 millones en obras sin adjudicar, un importe que suponía un 1,5% del total de proyectos sacados a concurso en la comunidad.

En el conjunto de las obras ofertadas por las administraciones el año pasado en Galicia, por un valor superior a los 1.500 millones, las que quedaron sin postor representan el 1,3%. Es un porcentaje muy inferior al que afrontan en otras comunidades, que en algunas roza el 20%.

El problema afecta a todo tipo de obras, pero son las sacadas a concurso por los ayuntamientos las que soportan el mayor volumen de licitaciones desiertas, ya que fueron las administraciones locales las que menos ajustaron los precios al mercado. En concreto, los concellos cerraron 2023 con más de 12 millones en obras sin postor, un volumen que supone el 60% de las licitaciones desiertas en Galicia y el 3,5% del conjunto de los concursos convocados por las administraciones locales en la comunidad –superaron los 345 millones de euros–.

Xunta

En importe de obras vacantes el año pasado le sigue la Xunta, con 2,36 millones de euros, que suponen el 0,55% del volumen total licitado por la Administración autonómica (más de 428 millones). Y en el tercer puesto del ranking de licitaciones desiertas por las cuatro administraciones en Galicia se sitúa el Estado, que son más de 1,5 millones en obras públicas que se quedaron sin postor y representan el 0,24% de su inversión total (casi 655 millones). Aunque las cuatro diputaciones no llegan al millón de euros en proyectos desiertos, su volumen supone el 1,31% del conjunto de sus licitaciones (73,5 millones).

En el caso de las universidades, las obras que se quedaron sin adjudicar el año pasado superan los 3,2 millones de euros, lo que supone casi un 9% de los más de 37 millones sacados a concurso.

Norma correctora

Para tratar de equilibrar los precios de los proyectos, la patronal de la construcción logró que el Gobierno central aplicase una revisión extraordinaria de precios con tres decretos, aunque estas normativas no llegaron de manera tan incisiva –tal y como apuntan desde la patronal– a los ayuntamientos. “No llegó a todo el sector, fundamentalmente no llegó a las pequeñas empresas”, reconocía en una entrevista con este periódico al cierre de año el presidente de la Federación Gallega de la Construcción, Diego Vázquez Reino.

Para tratar de evitar que más obras se queden desiertas por los bajos precios de licitación, el sector trabaja en la actualidad para conseguir una norma ordinaria para que en cada contrato –para obras de más de cuatro meses– se establezca un reajuste de los precios adaptado al coste de los materiales en el momento de la ejecución. Con esa medida, el sector, e que en Galicia suma más de 8.400 empresas y representa el 10,9% del tejido empresarial de la comunidad, espera que los proyectos se realicen sin perjuicio para las empresas y para el empleo.

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