Feuga asumirá toda la gestión burocrática de la cotización de prácticas en FP

En menos de medio mes entrará en vigor la normativa que supondrá la incorporación del alumnado que realice prácticas curriculares, tanto en FP como en la universidad, al régimen general de la Seguridad Social, lo que afectará a alrededor de 26.000 estudiantes gallegos por año, el 60 por ciento de ellos de ciclos formativos. Directores de centros de FP advertían de las complicaciones que conllevaría el gestionar cientos de altas y bajas a la vez y temían además que las empresas tuvieran que asumir parte de esa carga y que eso las desanimase.

Sin embargo, en Galicia ni los centros que imparten ciclos ni las compañías colaboradoras ni el alumnado tendrán que preocuparse. De toda la carga burocrática se encargará Feuga (Fundación Empresa-Universidade Galega), según le trasladó ayer el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, a directores de centros de FP con los que mantuvo un encuentro virtual.

Tal y como explican desde la Consellería de Educación en un comunicado, Rodríguez les informó de que la Xunta va a eximir tanto “tanto a los alumnos como a los centros y a las empresas de cualquier carga burocrática que suponga la cotización de las prácticas” y que lo hará a través de un acuerdo con Feuga, que ya tiene experiencia, argumenta la Xunta, en colaborar con la gestión de la FP Dual y, “por tanto, cuenta con una acreditada experiencia” en ese ámbito. El Ejecutivo autonómico destinará un millón de euros a ese sistema frente a la, reprocha, “desidia” del Gobierno central.

16.000 alumnos y 12.000 empresas en FP

Rodríguez puso cifras a la medida: no solo los 16.000 estudiantes de FP, sino también las alrededor de 12.000 empresas que colaboran “se verán beneficiados”, dijo, por una solución que “garantiza que ningún alumno pierda sus prácticas”. El conselleiro incidió en que cotizar es positivo, pero cuestionó la actitud del Gobierno central, “imponiendo” la iniciativa a comunidades y universidades sin “diálogo”, con la consecuente “situación de incertidumbre que genera”. “Y pone en peligro las prácticas e incluso la titulación de los alumnos”, recalca.

Pese a que comunidades como Galicia demandaron con insistencia, incluso en la reunión de la Conferencia Sectorial de Educación de la pasada semana, una nueva moratoria –iba a aplicarse en octubre en un primer momento y después se aplazó– al entender que los centros y las empresas colaboradoras se verían desbordados por los trámites, en La Moncloa no lo aceptaron. Desde la Consellería de Educación señalan que, además de demandar posponer la implantación de la medida, solicitaron al Gobierno habilitar un sistema informático “sencillo y ágil” para tramitar altas y bajas para no saturar de papeleo ni a centros ni al sistema productivo. Dado que el Gobierno “aún no habilitó los mecanismos jurídicos ni de gestión para hacer realidad esta medida” y que en la Xunta percibían que “esto podía pasar”, aduce Rodríguez, Educación “lleva un tiempo trabajando con Feuga para articular” una solución” que evite esa “sobrecarga” de trámites.

Román Rodríguez, quien cuestiona que el Gobierno emplazase a las autonomías a un encuentro para explicar el régimen jurídico de la cotización para el jueves de esta semana, detrás de la medida ve “una clara intención política de intentar maquillar las estadísticas laborales, aportando al conjunto de España en torno a un millón de afiliados”.

La Xunta destaca asimismo que “gracias a la presión de las administraciones autonómicas como la gallega”, el Gobierno financiará el 100% de la cotización de las prácticas, otro de los puntos que generaba fricción- De hecho, las universidades asumieron que les tocaría hacerse cargo. En el caso de FP, el departamento que dirige Pilar Alegría explicitó la pasada semana que la Seguridad Social bonificará el 95% de las cotizaciones y que el Ministerio de Educación financiará el 5% restante en 2024.

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