Contas critica que las concesiones de las autovías salen más caras al erario público

La Xunta recurrió al sistema de colaboración público-privado para construir un total de cinco autovías en Galicia: la autovía Santiago-Brión, la del Salnés, la del Barbanza, la de Celanova y la de A Costa da Morte. En lugar de ejecutar y gestionar directamente estas infraestructuras decidió dejar en manos de empresas su construcción y explotación a cambio de pagarles un canon anual por la concesión. El Consello de Contas se pregunta si este modelo es eficiente y la respuesta es tajante: “presenta deficiencias superiores a los beneficios”. De hecho, señala que la gestión pública directa de estas autovías podría haber sido “económicamente más ventajosa”.

En primer lugar lamenta que la Administración gallega no basara su decisión de recurrir a este modelo público-privado en estudios coste-beneficio. La Xunta apostó por este sistema concesional para que la inversión de construir estas autovías no computara como déficit o deuda de la comunidad autónoma. “Se hizo por razones contables y no de eficiencia”, lamenta Contas.

El gasto comprometido de la Xunta en infraestructuras y peajes: 1.700 millones

A esto se suma que no se seleccionaron a las mejores concesionarias, según denuncia. Así, explica que resultaron adjudicatarias ofertas “con importantes bajas económicas” pese a que “obtuvieron una puntuación baja en el criterio que valoraba su viabilidad económico-financiera”.

“Los hechos posteriores mostraron los errores en las previsiones de las ofertas de las concesionarias por excesivamente optimistas en el tráfico estimado”, argumenta el órgano fiscalizador. Precisamente por esto en 2014 la Xunta tuvo que revisar al alza las tarifas que paga a las concesionarias de las autovías del Salnés, Barbanza y Celanova para garantizar su equilibrio financiero, lo que supuso pagos estimados por 205 millones de euros.

Contas explica que, en ese momento, la Xunta podía haber revertido la concesión y asumido la gestión directa de las autovías, lo que le hubiera ahorrado 58 millones de euros. Pero advierte que incluso pudo mantener la concesión pero negarse a subirles las tarifas y que fueran las concesionarias las que renegociaran su deuda con los bancos. Esto hubiera supuesto un ahorro de 204 millones de euros.

Ante esta situación Contas recomienda a la Axencia Galega de Infraestruturas reducir desde ahora y hasta 2032 –cuando vencen los contratos de financiación de la concesionaria con los bancos– el canon que les paga “a la cantidad estrictamente necesaria para asegurar la viabilidad financiera de los contratos”. Y le pide que a partir de 2032 deje sin efecto las subidas aplicadas en las autovías del Salnés. del 38 por ciento, y del Barbanza, del 35,5 por ciento.

Plan de Transporte

El órgano fiscalizador analiza también el programa de ordenación del transporte público de la Xunta. Según explica, cuando el Gobierno gallego sacó a concurso las concesiones del transporte interurbano la participación de empresas fue “muy limitada”: “a 72 lotes solo concurrió una oferta”. Y explica que la mayoría de las firmas concurrieron en forma de UTEs (Unión Temporal de Empresas). Sin embargo, advierte que “en buena parte de estos lotes” la participación de pymes en estas uniones de empresas fue “muy minoritaria”.

“Destacan las UTEs participadas por empresas vinculadas al grupo Transmonbús, Autobuses Urbanos de Ponferrada y Empresa Montañesa, con una participación entre el 90 y el 98 por ciento”.

Además Contas llama la atención sobre que las 83 quejas presentadas al servicio de transportes se concentran en solo el 15 por ciento de las empresas.

Por eso, en sus recomendaciones pide a la Xunta que en próximas licitaciones fomente una mayor participación de las pymes y “evitar la concentración en grupos empresariales con participación dominante”. “Se recomienda valorar la incoporación de mayores exigencias en las condiciones de participación de las UTEs en los procesos de licitación”, insta.

También opina que debería reforzarse el seguimiento de los contratos de concesión y que la Xunta elabore un instrumento de planificación estratégica de la movilidad que tenga en cuenta los distintos medios de transporte.

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