El gasto comprometido de la Xunta en infraestructuras y peajes: 1.700 millones

El Plan Estratéxico de Galicia es el documento en el que se planifica la actuación de la Xunta para la actual década. Por lo menos, siempre que no cambie el color del partido que sustenta al Gobierno autonómico, se marcan las grandes líneas que deberá seguir la gestión. Se aprobó hace justo un año y en él se recogía el propósito de congelar la inversión en infraestructuras entre los años 2023 y 2030. La razón argumentada por la Consellería de Facenda es que la Administración gallega ya ha priorizado este capítulo en las últimas décadas, lo que le ha llevado a construir una “red potente en todo el territorio gallego, lo que hace que a día de hoy el 85% de la población resida a menos de quince minutos de una vía de altas prestaciones”. Y estas actuaciones conllevan un precio, porque la Xunta tiene a estas alturas un gasto comprometido en infraestructuras y peajes para los próximos años que alcanza los 1.709 millones de euros.

La Xunta congela el gasto en infraestructuras hasta 2030 y prevé doblar el destinado a I+D

Así figura en la memoria contable de la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI), el órgano sobre el que recae la responsabilidad de la gestión de los 5.515 kilómetros de carreteras de titularidad autonómica, de los que 527 corresponden a vías de alta capacidad, como autopistas y autovías, además de circunvalaciones de poblaciones. Si el pasado año contó con un presupuesto de 271 millones de euros, en el actual ejercicio llega a los 283.

La partida más voluminosa de los pagos futuros comprometidos corresponde a las inversiones realizadas en obra nueva, incluyendo los abonos plurianuales de las actuaciones licitadas y el canon de los contratos con las empresas concesionarias que explotan las vías de alta capacidad de la comunidad. Son en total 1.233 millones de euros que, según las explicaciones de la Consellería de Infraestruturas, a partir de 2026 todos los pagos irán para las concesiones de las autovías de Barbanza, O Salnés, Santiago-Brión, Celanova y Costa da Morte.

El segundo capítulo más importante al que tiene que hacer frente la AXI es el destinado a la conservación y explotación de la AG-53, la autovía entre Dozón y Ourense que da continuidad a la autopista de peaje Santiago-Dozón (AP-53). Están reservados 375,2 millones de euros. Es un compromiso de pago heredado del decreto que permitió la construcción de la AG-53 mediante financiación adelantada por créditos bancarios.

La Xunta congelará los peajes de sus autopistas Vigo-Baiona y A Coruña-Carballo

La bonificación de los peajes le cuesta a las arcas autonómicas 12 millones de euros. Esto es porque la Xunta asume parte de las tarifas por circular por las autopistas AG-55 (A Coruña-Carballo), AG-57 (Puxeiros-Val Miñor) y el tramo inicial de la AP-53 y tiene que subvencionar a la empresa concesionaria para que aplique el descuento a los automovilistas que las utilizan.

Los contratos firmados destinados a las tareas de conservación ordinaria de carreteras, de vialidad invernal y de una depuradora que se tuvo que construir en la AG-64 (Ferrol-Vilalba) para evitar que las aguas superficiales, muy ácidas en una zona de As Pontes, pudiesen contaminar los ríos próximos se llevan algo más de 75 millones de euros.

Las cuentas de la AXI también revelan cuánto pagan las compañías por los daños que causan sus automovilistas asegurados cuando sufren un accidente y de deterioran una señal, una barrera o el asfalto mismo. El pasado año la Xunta recaudó por este concepto 156.810 euros, que en su práctica totalidad son aportados por las aseguradoras.

Suscríbete para seguir leyendo