Municipios denuncian que depurar aguas les cuesta hasta un 85% más tras delegar el servicio a la Xunta

El “sobrecoste” que representa para una treintena de municipios gallegos la gestión de la depuración de sus aguas por parte del organismo autonómico Augas de Galicia será el tema central sobre la mesa en una reunión convocada por la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) esta semana. Al menos quince concellos, muchos de ellos con regidores socialistas, nacionalistas o independientes, confirmaron al ente supramunicipal su asistencia. Está en juego, avanzan, saber si ese aumento del precio acabará influyendo en una potencial subida del recibo a los ciudadanos; un extremo que desaconseja la Xunta.

Fuentes de la Fegamp señalan a FARO –con ejemplos de facturas– que el cómputo final de los gravámenes acabó encareciéndose. Algo que, aseguran, ya estimaron los técnicos en plena tramitación de la Lei de mellora da xestión do ciclo integral da agua: “La nueva ley sustituye el canon de saneamiento y de depuración por el canon de red de colectores y canon de depuradoras”, explican. “El problema está en que cada ayuntamiento tiene una tarifa distinta, que en la mayoría de los casos es inferior a la establecida en la ley. Aplicando los precios fijados en la ley en comparación con los que fijaban los ayuntamientos se produciría de media esa subida, conforme a un estudio realizado por la Fegamp sobre una muestra de 75 ayuntamientos para estos dos conceptos. El recibo subiría en el 85% de las casuísticas estudiadas”, aseguran. Es más, en un escrito argumentan que el canon para los ayuntamientos se incrementa de 5,8 millones a más de 12 millones, “tal y como consta en la memoria económica de la propia ley”.

A pesar de ser una competencia de responsabilidad municipal, la Xunta, a través de Augas de Galicia, ya gestiona 27 depuradoras municipales –de treinta concellos gallegos–, en aras de “ayudar, técnica y económicamente, a las administraciones locales en el ejercicio de su responsabilidad de saneamiento y depuración”. Entre estas infraestructuras se encuentran las de Baiona, Nigrán, Gondomar, Illa de Arousa, Soutomaior, Vilaboa y Pontevedra, Meaño, Ribadumia, Vilaboa, Tomiño, Cambados, Ponte Caldeas y Vilanova de Arousa, entre otras. Concellos consultados, como el de Nigrán, confirman ese incremento cuatrimestral en los recibos.

Mientras, desde la Xunta aseguran que se trata de “sobrecostes” cobrados porque se penalizan ineficiencias en el sistema municipal que no se han corregido. Algunas, tales como la entrada de agua de pluviales o agua de mar al sistema de depuración, que aumentan el caudal de forma innecesaria. “La ley no lleva aparejada la creación de nuevas tasas ni el incremento de los costes de los servicios”, insisten fuentes de la consellería de Infraestructuras. “Cuando hay ineficiencias en las redes de saneamiento municipal, lo que se hace es repercutir a los ayuntamientos el sobrecoste que supone el tratamiento del exceso de caudal o de contaminación que no se debería producir si las redes municipales estuvieran en buen estado. Estos costes no deben repercutirse en el usuario”, indican.

Por esta razón, se contemplaron tasas para los usos urbanos “que deberán afrontar los ayuntamientos si su gestión es deficiente”. Del mismo modo, recuerdan que el modelo de adhesión es voluntario y busca “una gestión más profesionalizada y optimizar el funcionamiento de las infraestructuras hidráulicas”.

Decidir continuar o recuperar la gestión municipal durante 2024

La futura gestión de las infraestructuras de depuración –o bien para la continuidad de la gestión autonómica o para recuperar las instalaciones para su gestión municipal– deberá decidirse “a más tardar con fecha de 31 de agosto de 2024”. Augas de Galicia les remitió a los ayuntamientos en los que gestiona actualmente la depuradora municipal un escrito informándoles de esas dos posibilidades “sin que, hasta la fecha, ninguno de los ayuntamientos en los que la gestión de la depuradora es autonómica manifestaran su interés por hacerse cargo de ella en la administración local”, indican desde Infraestruturas. Por ejemplo, en el caso de Cambados, el Concello ya se mostró partidario de mantener la colaboración, aseguran. Defienden que con la aprobación de Lei de mellora da xestión do ciclo integral da agua, la Xunta extendió la ayuda que ya prestaba a algunos ayuntamientos a través de contratos de concesión de obra pública, a otros municipios que así lo solicitaron. “En los estudios en la elaboración de la citada ley, se analizó la causa del déficit indicado, resultando que este no se debía a una incorrecta financiación del servicio por parte de los usuarios, sino a una incorrecta gestión de las redes de saneamiento por parte de los ayuntamientos, de manera que las aguas enviadas a las estaciones de tratamiento no correspondían en volumen o en carga con las poblaciones conectadas”, argumenta la Xunta. Los ayuntamientos “que consideren que pueden hacer una gestión más eficiente de la EDAR pueden hacerlo, pero lo que no es justificable es que pretendan que esta gestión la haga la comunidad autónoma a cargo de las aportaciones del resto de ayuntamientos”, concluyen.

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