Uno de cada siete concellos desiste de cobrar el saneamiento a sus vecinos

En el plano teórico, los costes de depuración de aguas residuales deben ser asumidos por los ciudadanos, de forma que la tarifa que se cobra a los usuarios pueda cubrir íntegramente el servicio de saneamiento. Así se recoge además desde la Directiva Marco del Agua del año 2000 de la UE. Pero la realidad es bien distinta y los concellos, por unas u otras razones, se resisten a trasladar a los vecinos el coste real de estos servicios. De hecho, hasta un 16% de los ayuntamientos gallegos –uno de cada siete– no cobra ninguna tarifa por el saneamiento de las aguas residuales.

Así figura en el diagnóstico preliminar que ha realizado la Xunta a través de Augas de Galicia dentro de los trabajos de preparación del nuevo Plan de Saneamiento de la comunidad, un proyecto con el que el Gobierno autonómico pretende mejorar la gestión y la gobernanza de las infraestructuras de depuración de aguas, cuya competencia final corresponde a los concellos. Debido a la dispersión poblacional, la comunidad dispone de más de 4.000 depuradoras y fosas inventariadas, lo que supone una enorme carga de trabajo para los ayuntamientos, que son los encargados de gestionar estas instalaciones.

Según el diagnóstico elaborado por la Xunta, además del medio centenar de concellos que no cobra por el servicio de saneamiento, hay otro 40% de ayuntamientos que desconocen, en la factura que traslada al ciudadano, el porcentaje de costes que recuperan, dado que en un mismo recibo se suelen incluir conceptos como recogida de basura, depuración y abastecimiento.

Otro punto que indica la debilidad del sistema de saneamiento es el hecho de que dos de cada tres concellos, el 65%, carece de planes de inversiones para mejorar la eficacia o la gestión de las infraestructuras de saneamiento y que otro 60% solo tiene un operario o dos como máximo dedicados a atender el servicio.

“Los sistemas de saneamiento de la mayoría de los municipios españoles fueron construidos hace más de 30 años, a partir de subvenciones autonómicas, estatales y europeas. Los ayuntamientos han gestionado estas infraestructuras superficialmente, sin atender adecuadamente a las necesidades de mantenimiento de las mismas y sin repercutir todos los costes en las tarifas. Se destinan pocos recursos económicos y poco personal técnico para mantener la red de alcantarillado, hecho que aumenta conforme el municipio es menor”, explica el portal especializado iAgua.

Delegación

Dadas las dificultades para atender las estaciones depuradoras de aguas residuales, no son pocos los concellos que han entregado a la Xunta las instalaciones para que las explote la Administración autonómica. A estas alturas, ya son treinta los concellos que cedieron su gestión de Augas de Galicia y la Xunta prevé que en una década pueda asumir, por delegación, las competencias de saneamiento en otros diez ayuntamientos más.

El Ejecutivo autonómico sostiene que el funcionamiento de la mitad de las depuradoras de Galicia que están gestionadas por los ayuntamientos es totalmente deficiente, porque tienen un funcionamiento complejo y caro –especialmente desde la subida de la luz–, necesitan perfiles de trabajadores técnicos y los concellos, especialmente los más pequeños, no pueden asumir su día a día ni atender las contingencias que se puedan producir. 

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