Juicios, minifundio y emigración retrasan hasta una década el reparto de herencias

El dicho de que Galicia es el único país donde las piedras se mueven por las noches responde a una realidad que convierte en un galimatías cada litigio por una herencia que incluya fincas en el rural. La ausencia de inscripción en los registros, dudas sobre la ubicación exacta de la parcela, así como cambios y discrepancias en su superficie, afectada por quienes han movido marcos durante años, y, por supuesto, la ausencia de herederos que en su día emigraron y a los que ahora no se puede localizar dificultan estos procesos de legado. Tanto, que cuando existe conflicto este puede alargarse más de una década. Como mínimo, un año es lo necesario para intentar llegar a una solución, según las fuentes consultadas.

Galicia es conocida como el país de los mil ríos, pero bien podría asumir la definición de país del millón de leiras, en alusión a un fenómeno que añade carga de trabajo a los juzgados y entorpece el desarrollo del monte. Alrededor de 680.000 ciudadanos poseen en la comunidad algún terreno forestal, pero solo 80.000 los explotan de manera regular, según la Xunta, si bien algunos cálculos elevan la cifra de propietarios por encima de los 1,7 millones. La media de cada finca es de apenas 0,6 hectáreas, lo que complica su explotación y también el reparto de herencias.

“Cada finca es un pleito y muchos procesos se alargan 7, 8 e incluso 12 años”, sostiene el abogado Tomás Santodomingo, con despacho en Vigo, que ilustra con un ejemplo los problemas existentes en una comunidad marcada por el minifundismo, los problemas de inscripción de fincas y la emigración, que agravan los litigios cuando no existe acuerdo entre los herederos. “Imaginemos una copropiedad con diez herederos, de los que uno emigró a Argentina hace décadas y no se localiza, además, algunas fincas están en el registro de la propiedad, pero otras no; algunas presentan una superficie en un documento que luego no coincide con la realidad... Son procesos larguísimos”, resume antes de añadir un componente clave: las rencillas familiares.

“Una vez se resuelve en primera instancia, hay reclamaciones que llegan incluso al Tribunal Supremo. Cuando hay mucho valor en juego, es más fácil, pero cuanto menos se juegan, más lejos van en el conflicto”, añade.

Tomás Santodomingo-Abogado

Las herencias se resuelven tras superar varias fases, que, a grandes rasgos, se resumen en dos: el inventario de los bienes legados y luego el reparto de los mismos, si los herederos no deciden renunciar porque el valor de lo recibido es inferior a los impuestos que deben abonar. Ahí aparecen las especificidades gallegas.

“Con las propiedades urbanas no hay problema, todas están bien registradas, pero las fincas rústicas no. Muchas tienen contratos privados de hace 20 o 30 años que no están dados de alta en el registro de la propiedad y tampoco hay copias de ese documento, que no aparece. Se puede acudir al Catastro, pero ahí a veces hay problemas porque hay muchos personas con el mismo nombre, porque no se cambia desde nuestros bisabuelos, y sin más datos. Y luego, también hay familiares ausentes a los que no se puede localizar, aunque hace poco se cambió la ley para permitir solucionar una herencia en estos casos, eso sí, es muy complicado. Estas circunstancias son muy frecuentes en Galicia”, expone Teresa Rodríguez, del despacho vigués Carrera y Rodríguez Abogados. En su opinión, al menos un año es necesario para solucionar casos así.

“Este tipo de herencias suelen tardar varios años en resolverse, sobre todo cuando no se sabe exactamente cuándo ni dónde falleció algún heredero que emigró, o si dejó hijos, etc”, añade el abogado compostelano Manuel Gallego, especializado en estas cuestiones.

Galicia está marcada por un éxodo del rural hacia las ciudades desde mediados del siglo pasado, lo que ha ido haciendo perder la valor a muchas fincas, pasto ahora de los matorrales, con una ubicación que los herederos de la generación de la postguerra ya no conocen. “En la zona de Pontevedra y las Rías Baixas, además, las fincas rústicas son pequeñas, con poco valor y muy difíciles de localizar. Pasa algo similar en Ourense, con mucha gente que emigró a Vigo. Sus descendientes ahora ya no saben encontrar esas parcelas en la aldea”, finaliza Teresa Rodríguez sobre un problema que lastra las posibilidades de futuro del monte gallego.

A las dificultades para identificar propiedades y desavenencias familiares, se une otro problema que causa la renuncia a uno de cada diez legados en Galicia: las deudas que mantenían los fallecidos o los impuestos que deben pagarse para asumir los bienes. Durante el año pasado, se batió el récord de rechazos de herencias en la comunidad, con 3.546 casos, manteniendo la tendencia alcista de los últimos años. Desde 2020, año marcado por la irrupción de la pandemia de COVID-19, se abrieron en la comunidad más de 84.000 testamentos, de los que se aceptaron 74.700, con el rechazo del 11%.

Los gallegos renuncian a una de cada diez herencias para esquivar deudas o impuestos

En términos totales, el primer trimestre de este 2023 es el que presenta una mayor cifra con 912 casos, por los 872 de ese período de 2022, las 721 de 2021, las 672 de 2020 y las 711 de 2019, según datos del Colegio Notarial de Galicia. Los rechazos derivan de que los legados no solo están acompañados de fincas rústicas, reparto de una vivienda o fondos en una cuenta bancaria. También se asumen deudas, si bien existe la opción de aceptar la herencia a beneficio de inventario para que los bienes asumidos cubran las deudas, si bien en Galicia no se abona este impuesto en casos de herencias inferiores a un millón de euros, siempre que sean legados en línea directa (padres-hijos, nietos-abuelos y cónyuges).

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