Cristina Budiño ha aprobado en los últimos años tres oposiciones para ejercer de profesora en el sistema público, pero suma una década cubriendo plazas en colegios de A Coruña sin plaza fija. “Te enteras el día antes del inicio del curso del colegio al que tienes que ir”, lamenta sobre una temporalidad que quiere combatir el Gobierno central, que impulsó una norma para obligar a todas las administraciones a reducirla por debajo del 8%. Para cumplir ese baremo, Xunta, concellos y diputaciones de Galicia han convocado más de 17.300 plazas, que pasarán de temporales a fijas.
El proyecto de ley aprobado el pasado diciembre marcó dos plazos en rojo de obligado cumplimiento. Las administraciones debían convocar los procesos para convertir en fijos los puestos temporales que están ocupados en la actualidad antes del 1 de junio. Superado ese filtro, queda cumplir con la fecha límite para finalizar el procedimiento: 31 de diciembre de 2024.
De esta forma, se pretende rebajar un índice de temporalidad que supera en un 50% al ámbito privado, pues en las administraciones en Galicia ronda el 30%, mientras que en la empresa privada se sitúa en el 20%, según cifras de la Encuesta de Población Activa (EPA).
Un estudio de la Red Localis, un grupo de investigación sobre la administración local formado por profesores y expertos, sitúa en primer lugar de temporalidad a la administración autonómica. En ella, trabajan 100.117 ciudadanos, según el último boletín de las administraciones públicas del Ministerio de Hacienda. En el ámbito municipal (concellos, diputaciones y entidades locales como mancomunidades) están empleadas 28.178 personas en Galicia.
La Xunta aprobó el pasado 25 de abril la cifra total de plazas que se estabilizarán para cumplir con esa obligación de reducir la temporalidad. Suman 10.336, de las que 8.701 se distribuirán por méritos y sin necesidad de un nuevo examen. Otras 1.635 se adjudicarán mediante un concurso-oposición, donde la experiencia primará un 40%. Las primeras son las plazas ocupadas de forma ininterrumpida antes de 2016. El segundo método se aplicará a las plazas ocupados por lo menos los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2020. En sanidad se ofrecen 2.568 puestos a estabilizar y en educación, 1.281.
A estas cifras ya conocidas, se suman casi 7.000 plazas temporales que pasarán a fijas en la administración local gallega. En Pontevedra, 61 concellos, la diputación y otras entidades estabilizarán 1.799 puestos, por las 2.160 en 68 municipios y el organismo provincial de A Coruña. En Lugo, 67 ayuntamientos y la diputación convertirán en fijos 1.240 puestos, mientras que en Ourense, 92 y la diputación harán lo propio con 1.789, según la recopilación realizada por UGT de las 264 ofertas públicas de empleo publicadas antes del pasado día 1 para cumplir la legislación estatal, si bien algunas habían sido ya recogidas en los boletines provinciales a finales del pasado ejercicio.
A nivel local, la provincia de Pontevedra acoge los concellos con mayores convocatorias de estabilización de plazas: Vilagarcía con 147 puestos, Cangas con 144 y Sanxenxo con 124. En A Coruña, los primeros puestos son de Ames (116), Boiro (111) y Ribeira (109), mientras que en Lugo se trata de Viveiro (115), la diputación provincial (110) y Barreiros (60). En Ourense, es la capital provincial con 114 plazas la que más oferta, seguida de O Carballiño con 100 y Verín con 89.
Estas cifras muestran el impacto de la temporalidad, que es mayor en el ámbito autonómico que en el municipal. ¿Será suficiente la nueva legislación? “Es difícil de arreglar porque va a seguir existiendo la temporalidad. Se trata de ponerle freno en las plazas no estructurales y dejar clara la situación del interino con un plazo limite de tres años de duración”, explica David Povedano, integrante de la Red Localis. “El mayor obstáculo es la diferente casuística de vinculación jurídica de personal temporal. La legislación no va a ser suficiente, habría que haber planteado un cambio de gestión de recursos humanos de mayor calado”, añade.
Alberto Vaquero | Profesor de la Universidade de Vigo y miembro de la Red Localis: "Niveles tan altos de empleo público temporales no son buenos"
–La temporalidad parece una lacra de la administración en España, con un 30%. ¿Qué consecuencias tiene esta situación?.
–Contar con una plantilla con tal elevado de temporalidad es un problema para la gestión pública, puesto que condiciona contar con recursos humanos estables. La cuestión es si estos puestos de trabajo son necesarios, no se entiende que existan tantos trabajadores con contrato laboral temporal, funcionarios interinos y personal eventual. Además, tampoco se entiende como si se trata de un gasto y servicios públicos de naturaleza estructural se cubran con puestos de trabajo coyunturales.
–-¿Cómo se puede combatir y qué beneficios supondría?
–Es necesario contar con RPT (Relación de Puestos de Trabajo) realistas con la situación del concello y diputaciones. Contar con plantillas ajustadas a las necesidades y que sean estables. La temporalidad no es solo un problema para el empleado público, sino también para prestar adecuadamente el servicio a la ciudadanía. Si bien es cierto que la temporalidad permite cierta flexibilidad, niveles tan elevados no son buenos.
–¿Qué obstáculos existen para frenar esos porcentajes de temporalidad, que alcanza el 30%, alrededor de un 50% más que en el sector privado?
–Fundamentalmente, presupuestarios (falta de recursos) y una planificación no adecuada en recursos humanos. No es normal las continuas “regularizaciones” de plantillas.
–¿Es suficiente la legislación que obliga a reducir esos porcentajes? En la Xunta se van a estabilizar 10.000 puestos y en concellos y diputaciones alrededor de 7.000.
–Es un punto de partida, pero es necesario ir más allá, en línea de contar con RPT realistas que tengan en cuenta los servicios que realmente se prestan.
