Fin de la vista oral: las defensas de Garzón y Cortabitarte se culpan del accidente

El abogado del maquinista lo presenta como una “víctima más” mientras que el letrado del cargo de Adif lamenta que a su defendido lo intentaran etiquetar como “villano”

Cortabitarte y Garzón, los dos acusados del jucio del Alvia.

Cortabitarte y Garzón, los dos acusados del jucio del Alvia. / Álvaro Ballesteros

X. A. Taboada

X. A. Taboada

A las 14.08 horas de este jueves y tras casi diez meses de proceso, el juicio oral por el accidente del Alvia llegaba a su fin. Ninguno de los dos acusados, el maquinista Francisco José Garzón y el que fuera director de Seguridad en la Circulación de Adif Andrés Cortabitarte, quiso ejercer su derecho a la última palabra. Ambos lo dejaron todo en manos de sus defensas, que pidieron, obviamente, la absolución para sus representados y se emplearon a fondo en culparse mutuamente de provocar el accidente ferroviario de 2013 que se saldó con 80 fallecidos y 145 heridos.

Esa responsabilidad penal se dirimirá en una sentencia que, previsiblemente, no se dictará hasta la primavera del próximo año. “Trataré de estar a la altura”, se comprometió la jueza, Elena Fernández Currás, cuando dio por terminada la vista oral.

Andrés Cortabitarte. |   // XOÁN ÁLVAREZ

Andrés Cortabitarte. | // XOÁN ÁLVAREZ / X. A. Taboada

Atrás quedan ocho años de instrucción, la participación de más de 100 abogados, 500 testigos y casi 150 peritos y una causa que acumula 70.000 folios con dos personas sentadas en el banquillo para las que se piden cuatro años de prisión por imprudencia profesional grave.

La última intervención de la vista correspondió a Manuel Prieto, abogado del maquinista, cuyas conclusiones finales no se desviaron de lo que ha mantenido a lo largo de todo el proceso.

Francisco José Garzón. |   // XOÁN ÁLVAREZ

Francisco José Garzón. / Xoán Álvarez

Garzón, a su criterio, es una “víctima más”, no cometió delito alguno y, por tanto, debe ser absuelto porque no puede ser el responsable de la “negligencia” de Adif, empresa que, añadió, sí debe responder por omisión de funciones al no garantizar la seguridad en la línea ferroviaria Santiago-Ourense en la que produjo el descarrilamiento cuando el tren entró a 179 km/h en la curva de Angrois, limitada a 80.

El origen del siniestro

La “causa raíz” del accidente, insistió, fue la actitud de Adif por no evaluar el riesgo que suponía la curva ante un exceso de velocidad y, consecuentemente, no tomar medida alguna para mitigarlo. “Es innegable que era peligrosa y que estaba desprotegida”, dijo. Tras el siniestro sí se colocó una baliza que evita que se pueda repetir un suceso similar. “A Garzón le asiste la presunción de inocencia, pero se le consideró culpable desde el primer momento sin atender a otras causas”, lamentó.

¿A qué causas se refería? Pues a la “negligencia” de Adif por no analizar el riesgo de la curva, no limitar la velocidad con medidas activas, dejar al tren sin protección –al desconectar el ERTMS embarcado, el sistema de seguridad más avanzado– y elaborar un deficiente cuadro de velocidades, además de, por parte de Renfe, impartir una formación insuficiente al maquinista.

“Garzón no es el responsable, es una víctima más”, enfatizaba Manuel Prieto, al tiempo que apuntaba a Andrés Cortabitarte, como director de Seguridad en la Circulación, como el culpable por autorizar la entrada en servicio de la línea sin evaluar los riesgos y a Adif por “retorcer” el relato con el fin de eximir sus culpas. Por ello, negó que la causa del accidente fuera la desatención de Garzón a la conducción por atender la llamada telefónica del interventor. “Adif no evaluó el riesgo intolerable. Esa es la causa. Era previsible el error humano de cualquier maquinista”, sostuvo el letrado, que también mandó reproches al fiscal por tener claro desde el principio que el culpable era Garzón.

“Adif no evaluó el riesgo intolerable. Esa es la causa. Era previsible el error humano de cualquier maquinista”,

Manuel Prieto

— Abogado de Francisco Garzón

En sus conclusiones finales, el Ministerio Público retiró la acusación contra el alto cargo de Adif al tener dudas, explicó, sobre su presunta culpabilidad.

Antes del turno de Manuel Prieto tomó la palabra el abogado de Cortabitarte, Ignacio Sánchez, quien se mostró mucho más incisivo que o largo de todo el proceso oral. Solicitó la absolución de su defendido y culpó exclusivamente del accidente del maquinista por desatender la conducción durante 100 segundos para atender una llamada telefónica del interventor. Tuvo una conducta, dijo, “anómala, deficiente, inusual e insólita”.

(El maquinista) tuvo una conducta “anómala, deficiente, inusual e insólita”

Ignacio Sánchez

— Abogado de Andrés Cortabitarte, exdirector de Seguridad en la Circulación de Adif

“Relato retorcido”

Es más, sostuvo que a su defendido se le quiso presentar como un “villano” y una “especie de Cid Campeador de todo el sistema ferroviario” y que durante todo el proceso se le estuvo investigando para ver de qué se le podía acusar, tanto por parte del fiscal como de las acusaciones particulares. “Hay que condenar por activa o por pasiva, por lo civil o lo criminal”, intentó resumir lo que se pretendía para el alto cargo de Adif. “Las acusaciones han retorcido los hechos para poner en el centro a Cortabitarte que por su apellido, director de Seguridad en la Circulación, parecía la persona idónea para encarnar esas eventuales responsabilidades”, añadió.

El letrado sostuvo de principio a fin que tanto Adif como Renfe había hecho “todo bien”, respetando las normativas y los reglamentos y que el accidente solo se explica por la actitud del maquinista.

Argumentó que las competencias de Cortabitarte eran muy limitadas y que su certificación –“una más”– solo se ceñía a la correcta integración de los sistemas de control, mando y señalización en la línea Santiago-Ourense, que se había seguido el protocolo en su puesta en funcionamiento, y que en temas de seguridad había muchos más responsables, tanto en Adif como en Renfe, insistiendo, en todo caso, que todos lo habían hecho bien y que no eran merecedores de ningún reproche penal.

Negó también que el maquinista se pueda considerar una víctima, porque esas tienen nombre y apellido, dijo, y lamentó que lo fueran por partida doble: por los daños y las pérdidas sufridas en el accidente y porque el proceso judicial, “hiperbólico”, se ha extendido demasiado tiempo “en busca de ese villano que acompañara al maquinista”, en referencia a su defendido.

Protesta de las víctimas en el exterior de la sede judicial

Al inicio de la última sesión del juicio oral, un grupo de familiares y afectados por el descarrilamiento del Alvia volvió a concentrarse a las puertas del edificio de la Cidade da Cultura donde se ha desarrollado la vista oral los últimos 10 meses ante la falta de espacio en los juzgados ordinarios. A la llegada de las partes, increparon de nuevo al exalto cargo acusado, Andrés Cortabitarte, pero también a los abogados del Estado, a los que llamaron “mentirosos” y “psicópatas” tanto a su entrada como a su salida del juicio. El fiscal, como la jueza, llegaron a la sala por otro acceso, al igual que el resto de días.

Concentración de protesta de las víctimas del accidente.   | // X. ÁLVAREZ

Concentración de protesta de las víctimas del accidente. / X. ÁLVAREZ

Los reproches a los abogados del Estado se deben a que llevan la defensa de Adif y durante el proceso han sido la parte más activa en desacreditar las acusaciones contra Cortabitarte, culpar al maquinista y enfatizar el correcto proceder del administrador ferroviario. Dentro, durante las más de cuatro horas que ha durado la sesión, Cortabitarte y Garzón permanecieron sentados a escasa distancia, cada uno acompañado de su abogado, y se cruzaron por los pasillos de la Cidade da Cultura durante varios recesos. Garzón, con el gesto contrito durante toda la mañana, se emocionó visiblemente cuando su letrado recordó que pidió en varias ocasiones perdón a las víctimas.

La jueza ahora no solo tendrá que determinar la responsabilidad penal de los acusados, sino también decidir sobre las indemnizaciones que corresponden a las víctimas, con una reclamación por responsabilidad civil que ronda los 57 millones de euros. Pero no se espera que sea hasta la primavera de 2024 cuando la magistrada emita sentencia, según revelaron ayer fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

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