La Xunta permitirá nuevas edificaciones a la industria en zonas protegidas de la costa

La ley elaborada por la Xunta para asumir la gestión del litoral divide la costa en tres zonas según el grado de conservación que se pretende garantizar. La denominada área de protección ambiental (APA), la más restrictiva en cuanto a la actividad que se pueda realizar, ocupa alrededor del 75% de la costa y en ella, según establecía el artículo 35 de la norma en su fase de anteproyecto, se prohibían expresamente “las actuaciones de transformación urbanística y las de nueva edificación”, salvo las dotaciones públicas destinadas al saneamiento y depuración de aguas residuales. Sin embargo, este veto a la “nueva edificación” se ha suprimido en la redacción de la ley, ya en fase de proyecto, aprobado por la Xunta y remitida al Parlamento para su tramitación, bajo el argumento de que de lo contrario se podrían “paralizar iniciativas legítimas”.

Este cambio responde a la demanda presentada, en el periodo de alegaciones, por el sector mar-industria, que pedía suprimir la prohibición de más edificaciones y sustituir este precepto por una redacción alternativa del artículo en el que las autorizaciones de nuevas actividades quedasen vinculadas a su compatibilidad con la conservación del paisaje natural y sus valores. La alegación la firmaron, entre otros, el Clúster da Acuicultura, Apromar, Anfaco, la Confederación de Empresarios de Galicia y la Asociación Gallega de Empresarios de Depuradoras de Mariscos.

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La Xunta aceptó las alegaciones y modificó, al pasar del anteproyecto al proyecto, los usos admitidos y prohibidos en el área de protección ambiental así como las limitaciones para cualquier proyecto de nueva edificación. “Procedemos a revisar el anteproyecto introduciendo mejoras que dan coherencia al régimen propuesto. Concretamente se elimina la prohibición genérica de nuevas edificaciones, que carece de sentido aplicada a los extensos espacios naturales protegidos y provocaría una paralización no buscada de iniciativas legítimas”, se recoge en la respuesta a las alegaciones dada por la Xunta.

Se añade que se trata de dar seguridad jurídica a la actividad en la costa y que el régimen de usos compatibles y prohibidos queda ahora supeditados a los efectos o perjuicios que puedan casar a los valores naturales del espacio.

Fuentes del sector precisaron que uno de los objetivos que se busca, siempre cumpliendo con las exigencias medioambientales y de protección del espacio natural, es permitir que las captaciones de agua se puedan realizar –con todas sus instalaciones asociadas– en estas zonas protegidas por ser de mejor calidad que en otras áreas más transformadas por la actividad humana. Otro objetivo sería evitar, por ejemplo, que en el caso de renovación de una concesión se pudiera interpretar que la autorización ha caducado, por lo que esta planta ya no podría continuar.

El cambio también abre la puerta a ampliaciones de las instalaciones industriales existentes y a la construcción de otras nuevas.

En todo caso, sí se mantiene la prohibición expresa de toda “transformación urbanística”, salvo las obras destinadas a construir espacios de depuración o saneamiento de aguas residuales.

De todas formas, la ley inicia ahora su tramitación parlamentaria, por lo está sujeta a cambios por parte de los grupos parlamentarios antes de convertirse en norma legal definitiva. Y aún así tampoco tiene garantizado su futuro, dado que el Gobierno central ha mostrado su rotundo rechazo por considerar que Galicia no pueda asumir las competencias de gestión del litoral mientras no reforme su Estatuto de Autonomía.

Por ello, cabe la posibilidad de que cuando la apruebe el Parlamento, el Estado se niegue a realizar las transferencias de competencias o la impugne ante el Tribunal Constitucional. Otra opción, menos probable, es que se abra un proceso de negociación entre las dos administraciones para buscar un texto de consenso.

En cuanto al coste, la Xunta expone en su memoria económica que no tendrá impacto económico alguno para las arcas autonómicas, pues espera que la transferencia de competencias del Estado a la comunidad venga acompañada de los correspondientes medios y personal.

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