La pasada semana el Ministerio para la Transición Ecológica presentó a las comunidades autónomas su propuesta de plan estratégico para proteger la costa ante los efectos del cambio climático y la Xunta expresó de inmediato su rechazo por entender que el Estado pretende “eliminar cualquier vestigio de actividad o presencia de las personas” en primera línea del litoral, la franja conocida como dominio público marítimo-terrestre (DPMT) y cuya gestión es competencia del Gobierno central. Ahora, el Ejecutivo autonómico quiere también canalizar la oposición de los concellos al plan y por eso ha enviado una carta a los 82 alcaldes de municipios gallegos con costa para solicitarles que les haga llegar sus alegaciones para que la Xunta, a su vez, las traslade al Gobierno central.
Una carta parecida a la que la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, remitió a los regidores, también la envió la de Mar, Rosa Quintana, a los agentes con actividades en el litoral para lograr su pronunciamiento al respecto.
“Mi objetivo es que la Xunta y los concellos sigamos sumando esfuerzos para conseguir las funciones ejecutivas [del litoral] y así frenar las interpretaciones del Gobierno central sobre el dominio público marítimo-terrestre”, sostiene la conselleira Vázquez en su carta, utilizando los mismos términos que Rosa Quintana en la suya dirigida a los agentes económicos. Ambas insisten en la necesidad de crear un “frente común sólido” para reclamar las competencias sobre la gestión de la costa.
El Ejecutivo gallego explica a los alcaldes que en el proceso de participación pública abierto por el Estado sobre el plan de protección de la costa no pueden intervenir los municipios ni las empresas afectadas, por lo que la Xunta les abre la posibilidad de “canalizar” las enmiendas a través suya.
En el plan estratégico, todavía en fase de borrador, el Gobierno se propone como grandes objetivos la “liberación del DPMT”, la “retirada controlada” de la actividad humana en la costa, citando concretamente el “retranqueo o retirada” de los elementos que no actúen como defensa del litoral o la “relocalización o retirada de bienes y servicios en riesgo en el DPMT y su zona de influencia”, o la revisión de los títulos de ocupación del litoral.
“Estos objetivos resultan totalmente contrarios a la visión que tiene la Xunta sobre cómo debe ser y plantearse la gestión del litoral”, lamenta el Ejecutivo gallego.
