Los investigadores ven "inaceptable" que la Xunta los despida si no superan un examen

Tras fracasar hace seis años la propuesta de la Xunta para regular las condiciones de su personal investigador por el rotundo rechazo mostrado por la comunidad investigadora, el nuevo decreto que ahora tramita el Gobierno gallego tampoco convence del todo a estos profesionales. Aunque aprecian mejoras y destacan que “hay bastantes cosas positivas”, advierten que hay “aspectos negativos graves que deberían cambiarse”. La “línea roja”, en su opinión, está en que los investigadores establecidos y séniors podrán ser despedidos si no superan una evaluación de su rendimiento al quinto año de vigencia de su contrato. En su opinión, es “inaceptable” e “ilegal”. Critican que se establezca el despido como “premio negativo” con “salarios poco competitivos dentro del sistema de I+D+i gallego”. Y advierten que estos ceses puedan suponer “la pérdida de grupos de investigación y personal altamente cualificado”.

Así lo plasman en las alegaciones que enviarán al borrador de decreto, que se encuentra en fase de exposición pública. Estas propuestas de mejora han sido consensuadas por la Asociación Nacional de Investigadores Hospitalarios (ANIH) y por Investigal, las dos principales asociaciones que representan a este colectivo en Galicia, y además cuentan con el apoyo de la CIG, quien a estas alegaciones sumará algunas más por su cuenta.

A través de este decreto se regulará el estatus laboral de los investigadores y del personal técnico de investigación de un total de 19 centros públicos, aunque todavía está pendiente de determinarse cuál es la relación exacta de puestos de trabajo que se regirán por la nueva normativa. La directora de la Axencia Galega de Innovación ,Patricia Argerei, reivindicó ayer el nuevo decreto, que según defendió será “pionero a nivel estatal”. “Ofrece un marco profesional estable y atractivo”, esgrimió.

Una de las principales novedades del nuevo decreto que impulsa la Xunta es que se ofrecerán contratos de personal laboral fijo a los investigadores que trabajen para la Administración autonómica pero a los cinco años serán sometidos a una evaluación. Si suspenden, podrán ser despedidos. Por el contrario, si la superan obtendrán la “fijeza” en su puesto y, a partir de ahí, cada lustro se seguirán sometiendo a exámenes que si aprueban les reportarán sucesivos incrementos retributivos en forma de pluses.

Desconfianza

“Como se hizo en el anterior proyecto de decreto de la Xunta, esta nueva norma sigue pretendiendo instaurar en el sistema la desconfianza hacia el personal investigador fijo con la amenaza permanente de despido”, critican. Así, advierten que una evaluación negativa “no puede conducir en ningún caso a la extinción del contrato”, lo cual no significa, añaden, que puedan adoptarse medidas disciplinarias si fuese necesario.

"Una evaluación negativa no puede conducir en ningún caso a la extinción del contrato”

Alegan que es “inadmisible” que el contrato de un investigador establecido pueda finalizar por una evaluación negativa cuando se trata de personal “con una carrera contrastada y consolidada a nivel internacional”. Los investigadores establecidos o R3 son definidos en el borrador de decreto como “el investigador principal que tiene sus propias ayudas y firma sus publicaciones como autor sénior”.

Pero los R4 también pueden ser despedidos. “Es el personal investigador que alcanza una madurez y excelencia en su actividad que lo sitúa como líder en su área o campo de investigación, con reputación internacional”, señala la nueva normativa en alusión a los profesionales séniors. Precisamente en base a esta trayectoria, en sus alegaciones los investigadores gallegos critican que “no tiene sentido” echarlos si tienen una evaluación negativa.

Respecto a los investigadores predoctorales (en formación) la Xunta prevé someterlos a revisión anual y si esta evaluación es desfavorable les rescindirá el contrato. En sus alegaciones, la comunidad investigadora pide que estas evaluaciones intermedias no sean motivo de despido pues “hay proyectos predoctorales que pueden ser de riesgo o estar condicionados más por el entorno que por la aptitud o actitud” del estudiante.

Emergentes

La ANIH e Investigal ven necesario también redefinir la categoría de investigador emergente o R2, que en el decreto está planteado como una etapa temporal. Así, defienden que incluya no solo al personal recientemente doctorado, sino también al investigador doctor que permanezca de manera permanente en esta categoría, sin perjuicio de que pueda promocionar a R3.

En sus alegaciones reclaman también que se incluya dentro del ámbito del decreto al personal de gestión y los investigadores y técnicos que no tiene titulación universitaria y que, con la redacción actual, se quedarían fuera.

Los investigadores predoctorales de la Xunta serán evaluados cada año para conservar su puesto

Se desconocen todavía los salarios y la cuantía de los pluses que ofrecerá la Xunta a los investigadores. El decreto se limita a establecer que las retribuciones de un investigador establecido no podrán ser inferiores a las fijadas para un jefe de servicio de la Administración autonómica. Y en el caso de un sénior serán superiores a las de un subdirector.

Los investigadores advierten que la estructura salarial se debe establecer mediante negociación colectiva, pues van a ser personal laboral. “De no hacerse así, es muy fácil que el decreto pueda ser anulado judicialmente”. En todo caso, reclaman que los investigadores que trabajan para las tres fundaciones biomédicas tengan una equiparación salarial con el personal estatutario del Sergas. Así, un investigador emergente debería cobrar lo mismo que un especialista, uno establecido debería ganar el equivalente a un jefe de sección y el sénior tendrá una nómina similar a la de una jefatura de servicio. Defienden además que los predoctorales perciban el 100 por cien del salario previsto para el grupo I del personal laboral durante la vigencia del contrato y no el 56 por ciento en el primer año que contempla la Xunta.

Por todo ello, los investigadores creen que el decreto debería contar con un “presupuesto propio”, a largo plazo, “consensuado e inalterable a cambios políticos”.

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