Galicia aún no ha ejecutado 2.300 penas de trabajos alternativas a entrar en la cárcel

Existe una norma tácita en la judicatura española por la que nadie condenado a una pena de menos de dos años de prisión sin antecedentes penales entra en la cárcel, pues o se permite la suspensión del castigo a condición de no delinquir de nuevo o bien se conmuta el castigo por trabajos en beneficio de la comunidad. Además, existen penas que imponen directamente la realización de estas actividades. Sin embargo, el atasco burocrático entre la firma de la sentencia y la ejecución de la misma ha generado en Galicia un stock de 2.348 condenas alternativas a entrar entre rejas que todavía no han sido ejecutadas.

La pandemia de COVID-19 surgida a comienzos de 2020 alteró todo el funcionamiento administrativo en España, incluyendo el ámbito judicial. Por ese motivo, en los últimos tres años la cifra de condenas alternativas al ingreso en la cárcel apenas se redujo en 170 expedientes, pasando de 2.519 el ejercicio en que apareció el SARS-CoV-2 y el año pasado, según los datos de la Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social, integrantes del Ministerio del Interior.

Los trabajos en beneficio de la comunidad (TBC) pueden realizarse en administraciones públicas, instituciones u organizaciones no gubernamentales (ONG), que en Galicia ofertan alrededor de 2.300 plazas para estas tareas, a las que se añaden 730 mediante convenios, cifras suficientes en opinión de Instituciones Penitenciarias. Desbrozar cunetas, ayudar en el reparto de alimentos o limpieza de la vía pública son algunos de estos trabajos.

El atasco burocrático ha prácticamente congelado el stock de condenas alternativas al ingreso en prisión en Galicia en esas 2.348: 677 en Pontevedra, 1.227 en A Coruña, 307 en Ourense y 137 en Lugo. De la cifra total, casi la mitad (43,5%) corresponden a delitos contra la seguridad vial. Estos alcanzan los 1.021, cifra seguida de los 609 vinculados a la violencia de género, los 346 con delitos contra el patrimonio y los 211 por lesiones a terceros. Los 161 restantes no están especificados en los datos de Instituciones Penitenciarias. A nivel nacional, el stock suma 45.922 casos.

Esos TBC pendientes suponen más del doble de los mandamientos totales dictaminados por la justicia gallega durante el año pasado, que alcanzaron los 1.796 casos. De ellos, 1.001 correspondieron a TBC, 404 a sustituciones de estos trabajos en beneficio de la comunidad, 118 a suspensiones de estas penas y 273 a incumplimientos de reglas de conducta –como órdenes de alejamiento, por ejemplo–. Un mismo condenado puede acumular varios de estos castigos en la misma sentencia.

Talleres formativos

Y todo ello, a pesar de que durante la pandemia, algunos jueces decidieron “indultar” a condenados a TBC que no pudieron concluir debido al confinamiento, como reveló FARO. El mandato para cumplir otros Programas de Medidas Alternativas (PAM) se retrasaron.

El COVID-19 también fomentó el uso de nuevas tecnologías para recibir los talleres vinculados a los TBC por delitos contra la seguridad vial, consistentes en formación para reaprender las normas de circulación, al igual que la formación a maltratadores de sus parejas, con terapias psicológicas, o programas contra una adicción a alguna sustancia, como el alcohol.

Los trabajos en beneficio de la comunidad, que no superan el año de duración, deben contar con el consentimiento del penado, que no recibirá contraprestación económica por su actividad.

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