Galicia tiene pendientes de ejecutar 2.519 condenas alternativas al ingreso en prisión

Galicia cerró el año 2020 con 2.519 condenas alternativas pendientes de ejecutar, a tenor del stock de condenas vigentes registrado por Instituciones Penitenciarias en el último trimestre del ejercicio. Los delitos contra la seguridad vial suponen casi la mitad de las condenas alternativas que permiten eludir el ingreso en prisión, seguidas por las de violencia de género y, ya a más distancia, los delitos de lesiones y contra el patrimonio.

A lo largo del último año, los jueces emitieron en España 46.428 mandamientos para el cumplimiento de la pena en régimen abierto, de las que 3.117 corresponden a condenas dictadas en Galicia, lo que supone el 7% del total. Durante el primer trimestre del año las penas alternativas a prisión se habían reducido respecto al año anterior, pero al final del año se ha duplicado. El número de mandamientos recibidos dobla prácticamente los del ejercicio anterior. Frente a los 3.117 mandamientos nuevos, 1.362 personas finalizaron condena.

El COVID 19 trastocó los servicios de gestión del Programa de Medidas Alternativas (PMA) y durante el confinamiento en el estado de alarma alguno jueces optaron por ‘indultar’ a quienes cumplían las jornadas de trabajos sociales y no pudieron terminarlas por el confinamiento. Otras penas, que estaban pendientes de cumplir, se retrasaron y comenzaron a ejecutarse más tarde. Así, en el segundo trimestre del año pasado el desplome de penas a nivel nacional bajó al 62%, pero en Galicia la reducción fue mayor, hasta el 70% respecto al año anterior.

Si hasta hace poco el principal problema que tenía Galicia era la falta de plazas suficientes para poder cumplir estas condenas sociales, ahora las cosas han cambiado y las demoras procederían de los retrasos en la tramitación de las ejecuciones, pues hay plazas suficientes, según indican desde Instituciones Penitenciarias.

Así, ayuntamientos, instituciones, administraciones públicas y ONG permiten a Galicia ofertar un total de 2.325 plazas y 732 destinos, mediante convenios, a tenor de los datos oficiales del organismo. “Las plazas son suficientes, pues hay que tener en cuenta que se desdoblan, ya que las jornadas de trabajo social se adecúan a las necesidades y a la vida del penado. Algunos cumplen dos días a la semana, otros prefieren hacerlo los fines de semana...Varía mucho”, explica un portavoz de Instituciones Penitenciarias. De todas maneras, advierten que las penas no tienen porqué prescribir ya que se está llamando a los penados en tiempo y forma para que puedan cumplir las condenas alternativas a la prisión.

Para hacer frente a la pandemia, Interior potenció el uso de las nuevas tecnologías a través de herramientas como videollamadas, chats o redes sociales en el control de las condenas alternativas a prisión, especialmente en los casos de violencia machista ante la mayor vulnerabilidad de la víctima. Precisamente en estos casos, y en los delitos de seguridad vial se ofrecen talleres y programas como alternativa a la prisión, por lo que Interior ha apostado por los medios telemáticos para vigilar e impartir cursos de forma que no se interrumpa el cumplimiento de condenas.

Así, al inicio de los nuevos talleres y programas se hará una entrevista presencial para conocer a la persona penada y saber si dispone de recursos informáticos para poder recibir el tratamiento de forma telemática. También se hará una valoración de su perfile y el penado deberá firmar el consentimiento correspondiente al aceptar esta intervención.

Los trabajos en beneficio de la comunidad, que van desde menos de 30 días a un máximo de un año, deben contar con el consentimiento del penado, que prestará su cooperación no retribuida tanto en actividades de utilidad pública como limpieza de caminos o cunetas, labores de reparación de los daños causados o de apoyo o asistencia a las víctimas, pero también en al participación de talleres o programas formativos o de reeducación, laborales, culturales, sexuales y de educación vial