La inflación dispara a su récord los litigios exprés por deudas

La crisis de precios más grave en los últimos 40 años y la resaca de la pandemia de COVID-19 que irrumpió a comienzos de 2020 disparóel año pasado los litigios exprés por deudas económicas a su punto más alto de la historia, superando la barrera de los 45.000 casos, por encima incluso de los registros de la crisis financiera que desencadenó a finales de 2008 la quiebra del banco de inversión estadounidense Lehman Brothers.

Los juzgados gallegos registraron en 2022 un total de 45.308 monitorios, concentrados principalmente en el Eje Atlántico, pues Pontevedra copó 16.299, por 180692 de A Coruña, 5.470 de Lugo y 4.847 de Ourense, según los datos del Consejo General del Poder Judicial.

Los monitorios son “procedimientos especiales previstos para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, cuando dichas deudas consten en algún tipo de documento”, una vía rápida en sede judicial que evita la dilación y mayores costes que una demanda tradicional. Sus características, además, provocan que fondos buitre que compran deudas por tarjetas revolving los usen de manera masiva.

Cuando un acreedor, sea una persona física o jurídica, quiere reclamar una deuda puede presentar en sede judicial un monitorio destinado al deudor. Este debe rechazalo presentándose en la vista fijada para forzar así el establecimiento de un juicio tradicional, con abogados y procuradores. Ahí radica la ventaja de estos litigios exprés. Si el deudor no rechaza expresamente la deuda o no acude al juzgado, este le concede la razón automáticamente al acreedor y abre un período de 20 días. Si el deudor no paga, sufre un embargo.

Los fondos buitre

Los fondos buitre aprovechan el desconocimiento de esta figura para lograr el reconocimiento de la deuda por créditos rápidos o las citadas tarjetas revolving, que permiten ir refinanciando compras y que acaban acumulando intereses abusivos. Si el deudor no rechaza el monitorio y trata de alegar usura o algún otro abuso, el acreedor consigue la razón.

Los 45.308 casos de este tipo notificados por los juzgados el año pasado carecen de precedentes en las estadísticas del CGPJ, que ofrecen estadísticas desde 2007. Solo se acerca a 2022 el dato de 44.241 casos de 2009. Desde entonces los datos son 41.930 en 2010, 33.759 en 2011, 36.963 en 2012, 30.477 en 2013, 34.387 en 2014, 35.174 en 2015, 29.631 en 2016, 27.626 en 2017, 30.585 en 2018, 39.040 en 2019 y 40.267 el año de la pandemia.

Respecto al año pasado, el aumento alcanza el 13%, cinco puntos por debajo de la media estatal, que en términos absolutos registró la presentación de 956.254 monitorios.

El mayor incremento se produjo en Cataluña, con un 33% más de casos, seguida de Navarra, con un 26%, según el Poder Judicial.

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