Los sustitutos castigados por la Xunta por no querer cubrir vacantes se disparan

La Xunta penalizó el pasado año a 5.652 sustitutos, inscritos en las listas de contratación temporal, por rechazar la cobertura de vacantes en la administración general (sin contar educación ni sanidad). No responder a los llamamientos del Gobierno gallego implica que durante seis meses quedan vetados y cuando se incorporen de nuevo caerán al final de la lista. El número de gallegos castigados por negarse a trabajar en la Xunta se ha disparado un 50 por ciento en 2022 y es la cifra más alta de los últimos tres años.

Dos razones explican este incremento, según los sindicatos. Por un lado, el pasado año se estrenó un nuevo sistema de llamamientos. La Xunta dejó de avisar por teléfono a los aspirantes inscritos en las listas de contratación para cubrir vacantes y se recurrió a medios telemáticos: se envía un sms o un correo electrónico para acceder a una aplicación informática donde poder ver los contratos ofertados. “Pero no todas las personas apuntadas en las listas manejan bien esta vía, muchos no se enteran”, explica la responsable nacional de CIG Autonómica, Zeltia Burgos.

Pero hay otro factor que puede influir, según este sindicato, en el incremento de penalizaciones por rechazar la cobertura de vacantes. Si antes había listas de contratación específicas para personal laboral y otras dirigidas a funcionarios, ahora se han integrado y se han unificado categorías. “Esto lo que provoca es que pueden llamarte para ocupar un puesto que no era el que habías pedido”, explica Zeltia Burgos. A modo de ejemplo, un ordenanza que aspira a un puesto en la sede de la Xunta en San Caetano puede ser reclamado para trabajar en una residencia de mayores, con horarios más amplios. “En ese caso muchos prefieren negarse y rechazar la oferta”, explica la responsable de CIG-Autonómica.

Inscritos

En estos momentos hay 153.121 gallegos inscritos en las listas de contratación temporal de la Xunta. El Gobierno gallego recurre a estas listas para cubrir vacantes en el ámbito de la administración general, es decir, se incluyen los centros de bienestar social, el servicio de lucha contra incendios, veterinarios, personal administrativo... No están incluidos, sin embargo, los docentes de la Consellería de Educación y el Sergas, que gestionan sus propias listas.

El número de gallegos que aspiran a cubrir vacantes en la Xunta se redujo respecto a hace tres meses. Entonces, eran 190.000 las personas apuntadas para hacer sustituciones en la Administración autonómica. Ahora son casi 40.000 menos.

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Para acceder a la administración es necesario aprobar una oposición, pero para conseguir plaza fija debe lograrse una nota mejor que los otros candidatos. Si esto no se logra, pueden apuntarse a las listas de contratación de la Xunta que sirven para llamar a trabajadores para cubrir bajas por enfermedad de funcionarios o puestos que todavía no han sido adjudicados. El tiempo trabajado como temporal cubriendo estas vacantes ayuda a estos aspirantes a sumar puntos para conseguir plaza fija en futuras convocatorias de empleo.

Suspensión

Según explica la Consellería de Facenda, las listas de trabajo temporal requieren la disponibilidad para trabajar de quien se inscribe en ellas. Los contratos se van ofreciendo, según la Xunta, con “la secuencia azarosa” con la que se producen las necesidades del servicio. Y precisamente para asegurar “la correcta cobertura” es por lo que se prevé un mecanismo común en todas las administraciones que penaliza aquellos supuestos en los que las personas inscritas y en situación de disponibilidad rechazan las ofertas de empleo. “De no existir mecanismos de este tipo, la continuidad del servicio público podría quedar comprometida por la previsible demora en la cobertura de plazas vacantes”, justifica la Consellería de Facenda.

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En todo caso, las personas integrantes de estas listas pueden solicitar la suspensión temporal de llamamientos si no pueden aceptar ofertas de la Xunta, por ejemplo, en caso de que encuentren otro trabajo. Esta suspensión no comporta exclusión y permite mantener el orden de prelación en la lista una vez se reincorpore y esté disponible para ser citado.

Antes del COVID el castigo por rechazar la cobertura de una vacante era de un año de suspensión. Sin embargo, ante la necesidad de personal que surgió con la pandemia, sobre todo en el área de servicios sociales, se recortó la penalización a la mitad. Es decir, quienes no acudieran a los llamamientos de la Xunta quedan excluidos medio año y cuando se incorporen pierden su orden de preferencia y caen al final de la lista.

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