La morosidad de empresas y particulares con concellos y diputaciones sube a 471 millones

Al igual que las empresas, las administraciones además de realizar pagos aplazados para ajustarse a la liquidez de su caja, también tienen que lidiar con impagos o retrasos excesivos en el cobro de tasas e impuestos, lo que afecta a sus finanzas. En el conjunto de Galicia ascendían a 471,3 millones de euros al cierre del año 2021, lo que es la cifra más alta desde que el Ministerio de Hacienda lleva un registro centralizado de las liquidaciones presupuestarias, que en uno de sus capítulos, el conocido como “saldo de dudoso cobro”, cuantifica estos recibos para los que hay pocas o nulas expectativas de ingresarlos. La mayor parte corresponde a los concellos, pues suman en total por este concepto 452,2 millones de euros, mientras que las diputaciones provinciales se acercan a los 18,2. El otro millón escaso (0,9 concretamente), pertenece a las mancomunidades.

Del cálculo de este agujero se encarga el Ministerio de Hacienda, tomando nota de los informes que le envían periódicamente las entidades locales. Son las deudas que particulares y empresas tienen con las arcas municipales y provinciales y que incluyen todos aquellos derechos pendientes de cobro –difíciles o imposibles– que tienen las haciendas locales. Estos impagos los conforman tasas, impuestos, multas, facturas por servicios que prestan las empresas municipales, sentencias sin ejecutar en las que los ayuntamientos son perceptores de una indemnización u operaciones de monetarización de suelo en las que los promotores deben abonar a las arcas municipales una cantidad determinada de dinero. Y también figuran las obligaciones fiscales pendientes de satisfacer por parte de empresas que han quebrado.

Hasta el año 2019 eran los ayuntamientos de la provincia de Pontevedra los que tradicionalmente acumulaban un mayor volumen de saldos de dudoso de cobro. Pero desde ese ejercicio, son los de A Coruña los que se han aupado al primer puesto de la comunidad.

Así, en 2021 les afectaba una morosidad de 164,6 millones de euros, lo que supone casi dos millones menos que el ejercicio anterior, según los datos del Ministerio de Hacienda. También bajó el volumen de este capítulo en los ayuntamientos de la provincia de Pontevedra, de 153 millones en 2020 a 146,9 un año después.

Pero este descenso registrado en las dos provincias con mayor población y actividad económica no ha tenido reflejo en las de Lugo y Ourense, donde la morosidad ha aumentado de nuevo. Los concellos ourensanos tienen 78,8 millones de euros calificados como deudas de difícil cobro –casi 5 más que un año antes–, y los de Lugo, 61,9 millones, que suponen también casi 5 más que en 2020.

También ha aumentado en casi dos millones y medio la morosidad que afecta a las diputaciones provinciales, pues ascendió el cierre de 2021 a casi 18,2 millones, cuando en el ejercicio anterior no llegaba era de 15,7.

En el caso de las mancomunidades, el saldo se ha reducido a la mitad, de dos millones a menos uno.

Para el conjunto de España, la morosidad cobra especial envergadura. Según los datos de Hacienda, la deuda global de dudoso cobro asciende a 14.570 millones de euros, de los que 12.354 corresponde a los ayuntamientos ,213 a las diputaciones provinciales o 1.621 a las diputaciones de régimen foral (País Vasco y Navarra).

Liquidación positiva

A pesar de estas cifras, los municipios son las administraciones con las cuentas más saneadas. Las liquidaciones del año 2021 muestran que en Galicia cerraron sus presupuestos con casi 120 millones de euros de superávit, repitiendo por décimo año consecutivo con más ingresos que gastos. Ninguna otra administración, en su conjunto, presenta una mejor situación contable a pesar de que el sistema de financiación no es nada generoso con los municipios. Los derechos reconocidos –ingresos– ascendieron a 2.674 millones de euros, mientras que las obligaciones se quedaron en algo menos de 2.557 millones.

La principal fuente de ingresos propios de los ayuntamientos es el IBI, que en 2021 también logró su cifra más alta, tanto por la incorporación al parque inmobiliario de inmuebles de nueva construcción como a la regularización de bienes, tras una operación de compra-venta, que estaban sin inscribir en los registros de la propiedad. En total, la recaudación de este impuesto alcanzó los 592,3 millones de euros, según las cifras del Ministerio de Hacienda, de los que 545 correspondieron al IBI urbano –10 más que en el ejercicio anterior–, 32,6 al de características especiales y 18,4 al rústico.

Los concellos pasaron 125.000 recibos más del catastro y ya recaudan 600 millones

La evolución del IBI en una década ha sido espectacular, pues en 2009 no llegaba a 390 millones lo que ingresaban los concellos en Galicia por este impuesto. Los contribuyentes gallegos han visto como el recibo de la contribución se encarecía cada vez más por varios motivos.

En 2011 el Ministerio de Hacienda incrementó los tipos que se aplicaban a este impuesto y además hizo una actualización exprés en los valores de los inmuebles sobre los que se calcula este tributo para adaptarlos al mercado inmobiliario. Y dos años después se emprendió el largo proceso de regularización catastral. Se rastreó Galicia, con fotos áreas e inspecciones sobre el terreno, en busca de inmuebles sin declarar, ya fueran nuevas construcciones, ampliaciones de las ya existentes o cambios de uso que supusieran incrementar su valor, como transformar un garaje o un bajo en un salón. Esta inspección permitió poner al descubierto 447.910 bienes que estaban sin declarar a Hacienda y por los que sus dueños no estaban pagando nada o, si lo hacían, abonaban un precio por debajo del que les correspondía.

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