La Xunta aboga por incrementar el recibo de la basura a la hostelería y el comercio en los concellos turísticos. En el Plan de Gestión de Residuos Municipales 2022-2030 la Consellería de Medio Ambiente propone que, ante el elevado volumen de desechos que generan estas actividades en municipios con mucha afluencia de visitantes, se establezcan circuitos de recogida independientes de la basura doméstica y también “una fiscalidad diferenciada”. El departamento que dirige Ángeles Vázquez aclara que en el caso de los ayuntamientos turísticos “tendrán que estudiar una fórmula para asegurar que los costes reales del servicio se cubren”.
Aunque el documento no detalla exactamente a qué concellos afectaría, la Xunta tiene reconocidos en Galicia 49 municipios turísticos, once de ellos en la provincia de Pontevedra (Nigrán, Vilagarcía de Arousa, Cangas, A Guarda, Poio, Tui, Cambados, O Grove, Baiona, Sanxenxo y Mondariz Balneario).
La Ley de Residuos y Suelos Contaminados del Gobierno central da ya a los ayuntamientos un plazo de tres años para adaptar los precios que cobra por la basura al “coste real del servicio”. Y la Xunta reflexiona que habrá que “adaptar los modelos a las características de los territorios y a sus vecinos”.
Más desechos
El volumen de residuos que genera un restaurante o un comercio en un municipio turístico supone un mayor coste para el servicio de recogida de basuras que puede terminar repercutiendo sobre el recibo doméstico que pagan los vecinos. Por eso, la Consellería de Medio Ambiente plantea diferenciar ambos flujos y cobrar más al que genere más desechos.
“En los territorios con una fuerte componente turística podrían desarrollarse programas de recogidas especiales en la hostelería y el comercio atendiendo a criterios de afluencia, tipología del visitante y servicios que el concello ofrezca”
“En los territorios con una fuerte componente turística podrían desarrollarse programas de recogidas especiales en la hostelería y el comercio atendiendo a criterios de afluencia, tipología del visitante y servicios que el concello ofrezca”, razona la Xunta. Según explica, cuando “la generación de determinadas fracciones de residuos comerciales sea relevante será importante facilitar la independización de esos flujos de los domésticos, estableciendo también una fiscalidad diferenciada”. La consellería aclara que se refieren a la “obligación” que tienen los ayuntamientos de “adaptar los precios del servicio que se cobran a la ciudadanía a los costes reales”.
Además para separar el circuito de residuos comerciales y de la hostelería de los que generan los hogares, Medio Ambiente propone la recogida “puerta a puerta”.
Competencias
En todo caso, aunque estas son las directrices de la Xunta, la última palabra la tienen los ayuntamientos que eso sí, están obligados, en tres años a adaptar las tarifas que cobran a vecinos y empresas al coste real del servicio.
El incremento del precio del recibo de la basura a hostelería y comercio puede suponer un duro varapalo a negocios ya asfixiados por el alza de precios como la electricidad.
Además para 2023 Sogama ha decidido suprimir la bonificación del 10 por ciento en el canon de la basura que aplica a 167 concellos, lo que mete en la tesitura a estas corporaciones locales de subir el recibo a sus vecinos o bien asumir el incremento de costes con cargo a las arcas municipales que, en algunos casos, no están muy boyantes.
El Plan de Residuos Municipales 2022-2030 no solo plantea un modelo de recogida de basuras adaptado en los concellos turísticos. También advierte de las peculiaridades de los municipios del rural. En este sentido, aboga por “vertebrar alternativas viables, sencillas y económicas” que pasarían por el principio de proximidad y autogestión por ejemplo, en el caso, de la gestión de los biorresiduos, lo que pasaría por la instalación de compostadores domésticos o municipales. El documento recalca además la importancia del “asociacionismo” para la recogida y gestión de basura en estos ayuntamientos del rural a través de su participación en consorcios o mancomunidades de servicios.
Las plantas de compostaje autonómicas, “insuficientes” para tratar los biorresiduos de su área de influencia
Desde junio de este año los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes están obligados a instalar el quinto contenedor, de color marrón, para la recogida separada de los biorresiduos. Y los municipios de menor tamaño tendrán de margen hasta diciembre de 2023. Sin embargo, los concellos se están demorando en cumplir con estas obligaciones. No solo tienen que organizar la recogida separada de los residuos orgánicos sino buscar dónde tratarlos.
La Xunta, de momento, solo tiene una planta de compostaje en funcionamiento. Es la situada en Cerceda, en el complejo de Sogama. En un principio se abrió con la intención de prestar servicio a 18 ayuntamientos del área más próxima, aunque hasta ahora solo hay cuatro municipios adheridos. En todo caso, la Consellería de Medio Ambiente ha ampliado a un total de 72 los ayuntamientos que podrían adherirse gracias a las plantas de transferencia que se están construyendo.
Además de esta planta, la Xunta está construyendo otras tres en Verín (Ourense), Cervo (Lugo) y Vilanova de Arousa (Pontevedra). Con estas cuatro instalaciones en funcionamiento se daría servicio a 135 municipios gallegos. Es decir, quedan otros 160 sin acceso a una planta de compostaje –el 61% de la población–.
Pero en su Plan de Residuos Municipales, la Consellería de Medio Ambiente advierte que ni siquiera estarían cubiertas las necesidades de estos 135 ayuntamientos con las cuatro plantas de compostaje de la Xunta. Calcula que “en los mejores pronósticos de captación de fracción orgánica no serían suficientes”. Así, si los 72 ayuntamientos del área de influencia de la planta de Cerceda enviaran todos sus desechos orgánicos a Sogama se sobrepasaría en un 222% su capacidad, llegando a niveles “inasumibles”, según la Xunta. En Vilanova de Arousa la llegada de biorresiduos de los 26 ayuntamientos de su zona supondría que se superase en un 120% su capacidad, porcentaje similar al de Cervo. Solo la planta de Verín tiene capacidad suficiente puesto que los residuos orgánicos de los 22 concellos de su área solo cubrirían el 83% de su capacidad.
Es por esta razón que la Xunta ve necesarias nuevas plantas de compostaje comarcales o bien de iniciativa privada, reservando para el rural prácticas de compostaje in situ.
