El proceso judicial por el accidente del Alvia tiene solo dos acusados, el maquinista, Francisco Garzón Amo, y el exdirector de Seguridad en la Circulación de Adif Andrés Cortabitarte. Sin embargo, reducir la causa a determinar solo si ambos son culpables, uno solo o ninguno de los dos, sería una interpretación incompleta. No se trata de solo un duelo entre acusación y defensa para esclarecer las responsabilidades de un gravísimo siniestro –que es lo más crucial–, sino que de fondo se mueve todo un juego de intereses entre las partes personadas en el juicio, que generan distintos e intensos vectores de fuerza que se entrecruzan, chocan y, a veces, hasta se refuerzan cuando, al menos en apariencia, se deberían deslizar en bandos contrarios, ya que además de la acción penal también se determinarán las responsabilidades civiles. Todo ello con consecuencias, por lo que pueda suponer de afección a la proyección y negocios internacionales de la alta velocidad española, además del reparto de la asunción de las millonarias indemnizaciones para los fallecidos y heridos.
En este cruce de estrategias, el conductor del tren, a quien se le imputan ochenta delitos de homicidio por imprudencia grave profesional, 145 de lesiones y uno de daños, está solo contra toda la sala. Contra él, en términos jurídicos, intervienen el fiscal, el centenar de representantes de las víctimas, la defensa del segundo acusado –empleado de Adif–, la propia Adif –defendida por la Abogacía del Estado– y Allianz Global, la aseguradora de Adif.
En un intento de repartir responsabilidades, el letrado del maquinista, Manuel Prieto, quiere poner el foco también en las empresas estatales Adif y Renfe. De hecho, el pasado jueves, el interrogatorio de Francisco Garzón se centró básicamente en poner de manifiesto que el maquinista no recibió la formación adecuada de Renfe para conducir esa línea, que se hizo en una locomotora diésel y no en un tren Alvia y que además fue por la vía 2, mientras que el descarrilamiento ocurrió en la vía 1. Y en contra de Adif, aludió a la falta de señalización en la curva y a la ausencia de balizas o sistemas de seguridad que corrigieran un error humano. Y no hizo referencia alguna a la autoinculpación que sí realizó en sus declaraciones en la fase de instrucción.
Andrés Cortabitarte también tiene enfrente a las víctimas y al fiscal, pero a su defensa particular se suma la del Estado a través de su Abogacía General, que juega un doble papel que se discutió en la primera jornada del juicio, pues por una parte asume la defensa de Cortabitarte y por otra ejerce como acusación para reclamar a Renfe los daños causados en la infraestructura por la salida de vía del Alvia.
Defensa particular y Estado se afanan en evitar responsabilidad alguna de Cortabitarte y, por extensión, de Adif, por lo que su estrategia es culpar al maquinista. De hecho, intentaron, aunque sin éxito, que la causa penal contra el exdirector de Seguridad se restringiera a si el análisis de riesgos de la línea accidentada era correcto o no, dejando fuera cuestiones como la señalización, el funcionamiento del ERTMS –el sistema de seguridad más avanzado, pero que estaba desconectado en el Alvia– o la ausencia de balizas en la curva.
El motivo es que si se declara culpable a Cortabitarte, Adif quedaría señalada, la imagen exterior de la alta velocidad española se vería empañada –al no quedarse reducido el accidente a un error humano– y además tendría que hacer frente, aunque a través de su aseguradora, a millonarias indemnizaciones.
En contra de esta táctica se ha pronunciado –también en la primera sesión del juicio– la aseguradora de Renfe, QBE, al oponerse a que se restringiera el contenido del juicio como pretendía el Estado, aliándose de esta forma con la postura de la defensa de Garzón, que fue la que se impuso finalmente, dado que la jueza decidió que se debían evaluar todos los elementos que potencialmente provocaron el accidente, sin restricciones.
A QBE le interesa una condena de Cortabitarte y de Adif, porque así, se garantizaría que Allianz Global también aportaría parte, o todo, de las indemnizaciones, ya que si solo sale culpable el maquinista, las tendría que asumir en exclusiva. De ahí que Allianz busque que la responsabilidad sea de Garzón, que es en lo que se afanan la Abogacía del Estado y la defensa de Cortabitarte.
Las dos aseguradoras figuran en el proceso como responsables civiles directas, mientras que Renfe y Adif tienen carácter subsidiario. La reclamación por daños y perjuicios asciende a 57, 7 millones de euros y también se extiende a Renfe, Adif, el maquinista del tren y el director de Seguridad en la Circulación en el momento de los hechos. Las víctimas han cobrado una pequeña parte de esas indemnizaciones, que son las cantidades ligadas al seguro obligatorio de accidentes de la operadora ferroviaria.
Renfe, de momento, no se ha manifestado durante las dos sesiones del juicio, algo que ha sorprendido a los representantes de las víctimas.
La abogacía del Estado, que tiene convenios de asistencia jurídica con Adif y Renfe, se mueve entre dos aguas, pues por una parte ejerce la defensa del administrador de infraestructuras ferroviarias y por otra, lleva la acusación para reclamar a Renfe 1,4 millones de euros por los daños causados en el descarrilamiento.
Las víctimas apuntan al Estado por querer culpar al “último eslabón”
“Este señor tiene cuatro abogados pagados con el dinero de todos los ciudadanos”, se queja la que fuera diputada del PP en la Asamblea de Madrid Teresa Gómez-Limón, herida en el accidente
En las dos primeras sesiones del juicio apenas un par de víctimas y familiares acudieron a la sede judicial a pesar de contar con dos espacios habilitados para poder seguir el proceso, uno en la propia sala de vistas y otro, con menos restricciones para entrar o salir y poder hablar, ubicado en un salón anexo. La práctica totalidad de los afectados que acudieron a la Cidade da Cultura, convertida en sede judicial, prefirieron quedarse fuera y expresar su malestar. Un enfado canalizado por la Plataforma Víctimas del Alvia 04155 que, especialmente, se dirige al Estado, al que atribuyen todos los intentos para desvirtuar el contenido del juicio y “eximir la responsabilidad de quienes fueron negligentes, tratando por todos los medios de echar toda la culpa al último eslabón de la cadena, el maquinista, evitando cualquier tipo de responsabilidad y contaminando a la opinión pública”.
Lo llevan denunciando desde al accidente y lo volvieron a hacer frente a la sede judicial durante los dos primeros días del juicio.
Esta censura al papel del Estado también ha llegado desde Madrid, de la que la fuera diputada del PP en la Asamblea, Teresa Gómez-Limón, y que abandonó las siglas por la actitud entorpecedora de su partido para investigar las causas del siniestro. Ella viajaba en el tren y resultó herida. A través de las redes sociales, Gómez-Limón se quejaba también de la actitud del Estado por intentar culpar al maquinista.
“Tuvo un error humano, pero ese error no estaba mitigado por ningún sistema de seguridad. A este hombre lo metieron a conducir un tren de alta velocidad, sin ninguna medida de seguridad, ni tecnológicas (las habían quitado todas), ni las señales laterales adecuadas ni las balizas reglamentarias. Solo llevaba un papel que, incluso, tenía errores. Tampoco le dieron la formación adecuada, su formación fue con otro tren y por otra vía”, relata, al hilo de la declaración que prestó Francisco Garzón el jueves en sede judicial.
“Y Adif, Renfe y el Gobierno siguen protegiendo a Cortabitarte, que es un responsable auténtico. Este señor tiene cuatro abogados: el suyo, puesto por Adif, el de Adif, el abogado del Estado y el de Allianz, la aseguradora de Adif. Todos esos abogados son pagados con el dinero de todos los ciudadanos. Las víctimas tenemos que pagar a nuestros abogados con nuestros recursos y encima nos regatean hasta el último céntimo de euro en las indemnizaciones. Es lamentable!!!”, se quejó en su cuenta de Twitter.
El enojo de las víctimas se focalizó en el que fuera director de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, al que insultaron –y hasta golpearon– esta semana al acudir al juicio como acusado. Les indigna que ni siquiera pidiera perdón por el siniestro.
Carlos Vázquez Padín, hijo de una de las fallecidas en el accidente, censuró que la justicia en estas macrocausas demuestra ser “lenta” e “ineficiente”, aunque también “la actitud “totalmente mafiosa” del Estado al tratar de “ocultar las causas” de forma “proactiva”. Como ejemplo de ello, mencionó la carta de la entonces ministra de Fomento, la popular Ana Pastor, dirigida a la comisaria europea de Transportes, Violeta Bulc, para advertirle de la “gravedad” de publicar un informe crítico con la investigación oficial que hizo España del accidente.
