Formar a un estudiante no universitario en un colegio o instituto público gallego conlleva de media por curso una inversión por parte de la Xunta de 7.134 euros, mientras que financiar una plaza en la enseñanza concertada rebajaría la cifra por escolar a menos de la mitad, 3.330 euros, según datos recopilados por la Consellería de Facenda. Esos costes permiten calcular, teniendo en cuenta que unos 13.000 estudiantes se veían obligados cada año antes de la pandemia a repetir curso en primaria y secundaria, que los repetidores en la enseñanza obligatoria conllevan un desembolso anual a las arcas autonómicas de 82 millones de euros, una cifra superior a la dotación del segundo plan de rescate a hostelería y autónomos por el COVID o el equivalente a lo presupuestado para preparar en 2020 el Xacobeo.
No obstante, todo apunta a que este gasto se rebajará en próximos años, al menos por el lado del alumnado, como permiten intuir los resultados académicos del curso 2019/20. Durante el primer año de la pandemia, las autoridades educativas abrieron la mano con la promoción y la cifra de repetidores se redujo al mínimo. Casi dos mil alumnos más lograron acabar la ESO, por ejemplo.
La consigna era que la repetición fuera la excepción y la nueva ley educativa, la Lomloe, ya en vigor en lo que respecta a evaluación, promoción y titulación, lo propugna como uno de sus principios.
De hecho, en el caso de la ESO incluso desaparecen los exámenes de recuperación y la Consellería de Educación ha asumido que un adolescente pase de curso al margen de suspensas si la media le da como mínimo un 5. En todo caso, en el curso que arrancó en 2018, que es el año que utiliza Facenda en los cálculos incluidos en sus alegaciones a la propuesta de financiación autonómica, todavía unos 10.300 estudiantes de la pública y otros 2.500 de la concertada repetían.
En el mismo documento, Facenda cuestiona que en el ámbito de la financiación educativa no universitaria se utilice el criterio de la población de 0 a 18 años y se incluya tanto a alumnos de la pública como al resto, aunque los de los privados “no conllevan ningún coste para la Administración”, alega, mientras que el que supone el alumnado formado en centros concertados es “muy inferior” al de sus compañeros de la pública.
En concreto, en las alegaciones, citando cifras del Ministerio de Educación, eleva el gasto por alumno en 2018 a 7.134 euros en el caso de la pública, lo que sitúa a Galicia como la cuarta comunidad con más inversión –o la segunda si se excluyen las de régimen foral–, y a 3.330 euros en la concertada. Facenda sostiene que no diferenciar las casuísticas se traduce en un indicador de población total que no refleja“adecuadamente” las cifras de gasto de las comunidades en educación no universitaria. De ahí que reclame que se incluyan en el análisis.
También alude a la financiación universitaria para demandar que se tenga en cuenta como indicador la cifra de alumnos que estudian grado y máster en universidades públicas presenciales y solo de aquellos estudiantes en centros propios. Hay que tener en cuenta que también en la universidad, aunque no puede hablarse de repetición, hay alumnos que plantan los estudios y que al año conllevan un desembolso de 14 millones de euros de fondos públicos.
Por otra parte, la Xunta también hace constar entre sus “peros” a la propuesta de financiación autonómica puesta sobre la mesa por el Estado –hasta el punto de considerarlo con preocupación”– que el Gobierno no aclare cómo se van a financiar las competencias en bilingüismo.
Entre las numerosas alegaciones que la Xunta ha remitido al Ministerio de Hacienda sobre su propuesta de financiación autonómica figura la recomendación de que se haga una actualización automática da tres años. Su razonamiento se apoya en que los criterios se adoptan tomando como referencia la foto fija de un año que luego no son posibles revisar y que mientras tanto las necesidades de gasto de las comunidades pueden evolucionar de distinta forma sin que se puedan corregir las condiciones de reparto de fondos hasta que se apruebe otro modelo.
De hecho, la vigencia del actual expiró en 2014 y desde entonces se ha prorrogado ante la imposibilidad de negociar un nuevo sistema.
Lo que propone la Xunta es que la ponderación que tienen los gastos en educación, sanidad y servicios sociales a la hora de calcular cómo se distribuye la financiación se revise de forma automática según la evolución cada tres años, ajustándose así a las necesidades reales. “Mantener las ponderaciones fijas podría tener sentido si cada cinco años se revisara al modelo y se pudieran actualizar dichos pesos, pero el pasado reciente ha demostrado que estas revisiones quinquenales no siempre son posibles”, se indica en las alegaciones, en las que también se cuestiona el cálculo del gasto farmacéutico –ya que no se utiliza el coste financiado por las administraciones, sino el importe satisfecho por los medicamentos por los distintos grupos de edad–.
Sobre financiación autonómica habló ayer Alberto Núñez Feijóo, pero como presidente del PP gallego. En el cierre de una reunión del comité ejecutivo del partido, arremetió contra el Gobierno de Pedro Sánchez y exigió “una propuesta concreta y no por fascículos”.
Feijóo esgrimió la “legitimidad” de Galicia para reclamar una financiación “justa”, dado que cumple con el déficit y las reglas fiscales” y “paga lo que debe”. “No hemos creado ni un solo problema en la convivencia de España y hemos capeado al nacionalismo haciendo ver que es compatible defender los intereses de Galicia en el conjunto de los intereses de España”, subrayó. Por eso advirtió que “no va aceptar ningún teatrillo en el sistema de financiación ni ningunas cuentas del gran capitán por parte de unos para que las paguemos otros”.
El también presidente de la Xunta denunció que la propuesta inicial del Gobierno central “intenta que pese menos la dispersión” y se preguntó “quién paga” los 340 colegios o los 240 centros de salud de más que tiene Galicia, por encima de la media, en relación a su población.
Por ello, afirmó que Galicia “no aceptará que se baje esta partida”, que influye directamente en el hecho de contar con la mitad de los núcleos de población de toda España, sino que “luchará por que se incremente” y será “firme” para la financiación “objetiva y real” de los servicios.
En este sentido, demandó a los socialistas gallegos que “no sean sumisos” con el PSOE en este asunto, mientras que también se dirigió al BNG para llamar a que no acepte las demandas de “otros nacionalismos o independentismos”.
También se pronunciaron sobre la financiación autonómica los presidentes de Cantabria, Miguel Revilla, y de Asturias, el socialista Adrián Barbón, pero con un cariz totalmente distinto al de Feijóo, pues ambos creen que la reforma del modelo no saldrá adelante en esta legislatura ante su complejidad y el hecho de que la propuesta inicial de Hacienda no ha satisfecho a ninguna comunidad.
