Que “la Justicia tiene que sincronizarse con una realidad que es cambiante” fue el argumento utilizado por el entonces ministro del ramo, Juan Carlos Campo, cuando presentó “el plan más ambicioso jamás pensado para la administración de Justicia desde la transición española”: “Justicia 2030”, un proyecto que incluye, entre otras novedades, las llamadas oficinas municipales de Justicia.
Aunque el Gobierno las denomina “los juzgados de paz del siglo XXI”, el caso es que la tradicional figura en la que se inspiran y que vendrían a reemplazar estaría, si los planes se cumplen, condenada a perderse como tal tras dos siglos de implantación, tiempo suficiente para hacerse un hueco en la Historia en general y en la población a la que dan servicio –alrededor de 1,6 millones de personas en Galicia– en particular.
Hasta ahora, los jueces de paz –268, en otros tantos concellos que carecen de juzgado de Primera Instancia e Instrucción– han sido dado testimonio de las mejores noticias que protagonizaban sus vecinos, como los nacimientos y los matrimonios, y de las que más los entristecían, las defunciones, además de poder dictar sentencia en reclamaciones por cantidades pequeñas o ejercer labores de conciliación en ciertos conflictos –en no pocas ocasiones en Galicia vinculados con las lindes de las propiedades o con herencias–, aunque casi siempre sin un final feliz de avenencia que evite ir al juzgado.
Así lo reconoce Ana Belén Seco González, licenciada en Derecho, juez de paz de Silleda y ejemplo de la renovación de un colectivo en el que no es inusual ya toparse con mujeres, preparadas y jóvenes. Los datos recopilados por el Consejo General del Poder Judicial dan fe, como ella misma comenta, de que a estas estructuras de cercanía de los vecinos –de “atención primaria” a sus problemas, señalaba en una entrevista a este diario– no les falta actividad.
Las últimas estadísticas, relativas a 2020, elevan los asuntos civiles ingresados en estos órganos solo en Galicia a más de 30.000 –entre ellos 175 juicios verbales y casi 1.500 actos de conciliación–, junto a más de 25.600 penales.
Sin embargo, el plan Justicia 2030 alega que las competencias que se les habían atribuido a estos órganos unipersonales servidos por jueces legos –no profesionales de la carrera judicial– “han quedado reducidas a las auxiliares de Registro Civil” y a ciertos actos de comunicación solicitados por vía de auxilio judicial y advierten de que las primeras “están llamadas a desaparecer a corto plazo con la entrada en vigor de la nueva ley de Registro civil y la desjudicialización del mismo” y las segundas con la “plena introducción de las comunicaciones electrónicas”.
Frente al modelo del juzgado de paz, el Gobierno defiende las oficinas municipales de Justicia como “la ventana de la Administración de Justicia de cada localidad, en la que los vecinos hagan todas sus gestiones judiciales sin necesidad de desplazarse”, alegando que los juzgados de paz son una estructura administrativa que “no presta servicios suficientes” y que “un número importante” de ciudadanos debe desplazarse al municipio cabeza del partido judicial o a la capital de provincia para realizar actuaciones judiciales. “Con el proyecto de Oficinas de Justicia se pretende dar respuesta a ambos problemas”, sostiene.
¿Qué opinan los jueces de paz al respecto? Ana Seco apunta, primero, que habrá que ver cómo se concreta la reforma cuando se materialice. De entrada, defiende que la labor de estas estructuras es “muy importante para dar respuesta a problemas quizás de menor intensidad, pero que se plantean entre vecinos” y a los que hay que dar una solución “inmediata y cercana”.
“Los juzgados de paz hacen una labor muy importante para dar respuesta a problemas quizás de menor intensidad, pero que se plantean entre vecinos"
Lo que está sobre la mesa es que estos órganos se transformen en oficinas de Justicia, pero en los mismos municipios, comenta, y por eso mismo entiende que esa “inmediatez y cercanía” que caracteriza a los juzgados de paz no tendría por qué perderse. Concede, no obstante, que, en ese caso, la figura del juez de paz desaparecerá por completo y se ocuparán funcionarios de la Administración de justicia. Sería el final de un camino ya iniciado: “Las competencias judiciales ahora son menos”.
Ana Seco, que agradece su formación en Derecho para asumir el cargo, lleva en el juzgado de paz de Silleda unos cinco años. Empezó como sustituta de su antecesor, pero comprendió que “realmente le gustaba” y se presentó como juez –se elige por cuatro años por mayoría absoluta en el concello– porque “es una figura que tiene un gran componente humano”, sobre todo por la “cercanía” con los vecinos y las funciones que realiza y que convierten su tarea en “gratificante”. A pesar de que pueda conllevar estar disponible los fines de semana, por ejemplo, porque una defunción exige “estar ahí”, también da muchas ocasiones para celebrar. De hecho, si tiene que elegir, confiesa que un aspecto del trabajo que le gusta mucho es celebrar bodas por lo civil y, tras un “parón” por el COVID, actividad de ese tipo, y nacimientos, no escasean, manifiesta con alegría.
