El polémico vuelco que Alberto Ruiz Gallardón quiere dar a la Administración de Justicia con su política legislativa también amenaza la supervivencia de los juzgados de Paz. Estos órganos servidos por jueces legos y cuyo origen en España se remonta a hace más de 150 años podrían tener sus días contados. Y por doble vía: su desaparición está expresamente contemplada en las propuestas de la comisión de expertos del ministro de cara a las reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la de la Ley de Demarcación y Planta, y otra modificación legal ya en fase de anteproyecto, la que contempla la privatización del Registro Civil, pende también sobre estos servicios. La eliminación de la justicia de Paz supondría el cierre de los 270 juzgados de estas características que existen en Galicia. Tres de ellos, los de Baiona, Nigrán y Gondomar, están ubicados en el partido judicial vigués y, en toda la provincia de Pontevedra su número ronda el medio centenar.

"Nuestra labor es muy valorada por los ciudadanos; suprimirlos sería una catástrofe porque ofrecemos proximidad; hay vecinos que aún no tienen coche y si tuvieran que ir fuera a hacer las gestiones ni siquiera hay autobuses de línea que lleguen a todas las parroquias", valora Evaristo Toucedo. Es el juez de Paz de Mos, localidad de 14.600 habitantes que, como el resto de municipios sin juzgados de Primera Instancia e Instrucción, cuenta con este tipo de órgano unipersonal que asume funciones delegadas de Registro Civil -el grueso de su actividad- y competencias jurisdiccionales menores en los órdenes civil y penal encaminadas a resolver conflictos entre vecinos: son reclamaciones inferiores a 90 euros, conciliaciones por problemas de herencias o de pasos o caminos -estos últimos habituales en el rural- y juicios de faltas de asuntos leves como amenazas o injurias.

También hacen funciones de auxilio judicial, como es la comunicación a los vecinos de sentencias, citaciones para juicios u otro tipo de notificaciones procedentes de tribunales de todo el país. "Es una función muy importante ya que facilita el trámite al juzgado de origen y evita que el ciudadano deba desplazarse a Vigo, Pontevedra o cualquier otro juzgado de España", explica Paloma Rubido, secretaria del juzgado de Paz de Mos.

Y es que quienes trabajan en la justicia de Paz se oponen rotundamente a su eliminación. Este rechazo también se ha evidenciado en las manifestaciones convocadas por los sindicatos judiciales en la ciudad olívica en defensa del partido judicial vigués. "Con la desaparición de los juzgados de Paz desaparece también la justicia de proximidad; y va a provocar a mayores un aumento de gastos pues la media de edad, las distancias... van a obligar a muchos ciudadanos a contratar abogados, procuradores o gestorías para hacer los trámites que antes podían hacer en sus localidades", afirma Pablo Valeiras, portavoz de CC OO Xustiza en Galicia.

Rechazo

La reforma del Registro Civil, contemplada en una modificación legislativa en trámite que prevé dar esta competencia a los registradores de la propiedad, ya provocó que trabajadores de estos servicios comenzasen a movilizarse. El juzgado de Paz de Moaña, que atiende a casi 20.000 habitantes, fue uno de los que decidió recoger firmas en repulsa a esta medida. "Cualquier ciudadano que quiera inscribir el nacimiento de su hijo, un matrimonio... o que necesite cualquier certificado lo hace aquí, en un servicio que ofrece proximidad, gratuidad y es inmediato; el movimiento de vecinos es constante y diario", afirma el juez que sirve en esta localidad de O Morrazo, Enrique Pedreño, que aclara que todos los partidos políticos, sin excepción, les apoyan en su reivindicación en defensa del juzgado moañés. "Esto no es un movimiento político; es para ayudar a la población", afirma.

La propuesta de los expertos de cara a la nueva Ley de Demarcación y Planta, la misma que pone en serio peligro el partido judicial de Vigo, también les toca de lleno. En el borrador, como avanzó FARO, se dispone que los juzgados de Paz están "llamados a su desaparición por mandato de la Ley Orgánica del Poder Judicial". El texto de los "sabios" de Gallardón contempla que los asuntos civiles y penales menores pasarían a ser competencia de los nuevos tribunales de instancia -que plantean que se ubiquen en la capital provincial-. Se establece también que "los jueces de Paz cesarán totalmente en el ejercicio de sus funciones como encargados del Registro Civil" tan pronto "hayan sido desarrolladas las previsiones" de la Ley 20/2011 del Registro Civil.