Suscríbete

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

La pandemia forzó a otras 12.300 familias a aplazar el pago de hipoteca, luz o agua

Cartel de un electricista sin recursos de Ourense que pide ayuda en la calle. Brais Lorenzo

Los retrasos en el abono de los principales recibos de la vivienda se dispararon el año en que irrumpió el COVID

Paro, ERTE’s, ingresos que se desploman cuando no se sitúan a cero y la incertidumbre de no saber cuándo se recuperará la economía. Con las cuentas vaciándose y la alimentación como necesidad principal inaplazable, los gastos principales del hogar se aplazan. Los pagos mensuales de las hipotecas o alquileres se dejan para el siguiente mes, con los recargos añadidos e incluso las amenazas de desahucio. La luz o el agua comienzan a ser también un bien de difícil abono y los recibos son devueltos porque las cuentas bancarias se encuentran en números rojos. Estas crisis familiares se multiplicaron el año pasado por culpa de la pandemia de COVID-19, que generó una crisis económica que incrementó un 24% los hogares que sufrieron retrasos en los pagos de los principales recibos de la vivienda.

En marzo del año pasado se decretó en España un estado de alarma que impuso un confinamiento de tres meses y obligó prácticamente a cerrar sectores como la hostelería o los hoteles, repercutiendo sobremanera en las familias con mayor riesgo de exclusión social y con empleos más precarios.

Los indicadores sociales que se van conociendo revelan la dimensión de la crisis causada. Durante el año pasado, el porcentaje de hogares que pagaron con retraso las cuotas hipotecarias, el alquiler, la luz, el agua o los recibos de la comunidad crecieron en 13.370. Se pasó de los 52.306 de 2019 a 64.676, según la Encuesta de condiciones de vida elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De acuerdo con esta fuente, se trata del peor dato en un lustro, pues solo en 2015 el porcentaje de familias con estas dificultades económicas había sido mayor: e 7%. Un año después, pasó al 5,3%, para situarse en el 3,7% en 2017, en el 4% en el 2018 y en el 4,8% en 2019. El pasado ejercicio creció hasta el 5,9%.

La pobreza creció el año pasado, con una tasa de riesgo que pasó del 24% al 25,7%, situando la carencia material severa en primer plano: del 3,6% al 5,2%. En ese contexto, la vivienda se convirtió en una losa. “Como denuncian de forma continuada la mayoría de las personas y familias en pobreza severa, el elevado gasto en vivienda no digna ni accesible que soportan está actuando como un aspirador de rentas que limita sus ingresos prácticamente a la mitad, obliga a priorizar sobre gastos imprevistos o incluso sobre la calidad de la alimentación y que impide cualquier esperanza de éxito en los procesos de inclusión social y lucha contra la pobreza”, establece en la Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social en Galicia (EAPN) en su último informe titulado El estado de la pobreza en Galicia.

“Muchos vuelven a la situación de la crisis del año 2008”, destaca Eloína Injerto

decoration

“Urgen medidas específicas sobre los gastos de la vivienda para frenar los casos de exclusión social”, apunta Eloína Injerto, presidenta de la EAPN, que reconoce que la mejora del empleo en sectores como el turismo este verano ha mejorado la situación respecto al final del pasado ejercicio. De hecho, los hogares gallegos con problemas para llegar a fin de mes se redujeron este verano en 53.000 tras el bum turístico, como reveló FARO.

Sin embargo, existe una bolsa de pobreza crónica agudizada por las dificultades para acceder a la vivienda que se mantiene. “Y ya no es solo lo difícil de acceder a un piso, sino también el mantenimiento, que obliga a sufrir retrasos en los pagos. Mientras los ingresos de estos colectivos sean iguales y no se apliquen medidas para facilitar el acceso a la vivienda, una bolsa de personas seguirá en situación crítica”, añade antes de destacar el aumento de pobreza severa. “Hay más gente que vive con menos de 500 euros al mes, no les llega para pagar recibos puntualmente”, lamenta Injerto.

Además, desde el tercer sector observan cómo entre las víctimas de esta crisis se encuentran quienes ya sufrieron las consecuencias del crack financiero que desencadenó la quiebra de Lehman Brothers a finales de 2008.

“Muchos se recuperaron y a hora vuelven a pedir prestaciones para poder llegar a fin de mes. Están en la situación que sufrieron hace más de una década”, destaca la presidenta de la Rede Galega contra a Pobreza.

Como medidas necesarias más urgentes, señala la agilización del pago del ingreso mínimo vital (IMV, la modificación de la renta de inclusión social gallega, que facilitará su compatibilidad con la prestación estatal, o medidas específicas para facilitar el pago de la luz.

  • La mayor morosidad en el último lustro

    Los retrasos en el pago de recibos alcanzaron en 2020 el nivel más alto desde 2015. Afectaron al 5,9% de hogares: 64.676.

  • La vivienda es un “aspirador” de renta

    La Red Europea contra la Pobreza alerta de que los gastos de la vivienda reducen a mínimos las rentas familiares.

  • 260.000 gallegos, en pobreza energética

    Casi 260.000 afrontan la crisis del precio de la luz en pobreza energética: no pueden mantener caliente su vivienda y optan por apagar la luz.

Compartir el artículo

stats