“Es más fácil entrar en la pobreza que salir de ella”, constatan las entidades sociales. La crisis económica de 2009 llevó a la bancarrota a muchas personas y sin darles prácticamente tiempo a levantar cabeza irrumpió la pandemia. El número de gallegos en situación de pobreza severa se disparó el pasado año un 20 por ciento hasta los 253.783. Pero además en Galicia hay una peculiaridad: el 66 por ciento de estos ciudadanos que viven al límite son pensionistas. Suman casi 170.000, entre jubilados, perceptores de prestaciones por discapacidad, orfandad o viudedad. La comunidad gallega se sitúa a la cabeza además como la autonomía española con mayor porcentaje de pensiones por debajo del umbral de la pobreza severa.
Así lo constata un informe elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, que aglutina a las entidades sociales que luchan contra la exclusión social. Pero, ¿qué es la pobreza severa? Se considera que están en esta situación aquellos núcleos familiares cuyos ingresos son inferiores al 40 por ciento de la mediana de la renta nacional. Es un indicador que agrupa a personas que están “en una situación límite”. Traducido a números: el umbral de renta para considerar que un hogar está en pobreza severa es de 6.471 euros al año. Esto supone que una persona que vive sola debe sobrevivir con menos de 535 euros mensuales. Si se trata de una familia con dos adultos y dos niños los ingresos estarían por debajo de los 281 euros al mes por cabeza.
“Con este presupuesto máximo estas personas han de cubrir todas sus necesidades: vivienda, alimentación, ropa, educación, salud, energía, ocio y otras... Como eso es imposible, la principal dificultad es resolver la exigencia permanente de escoger y hacer una gradación entre necesidades indispensables: entre comida y calor, entre cultura y pañales, entre ordenador y zapatos...”, explica el informe “El mapa de la pobreza en España”.
En este dilema se encuentra el 9,4 por ciento de la población gallega en 2020, cifra ligeramente por debajo de la media española del 9,5 por ciento. Canarias, la Comunidad Valenciana y Asturias están a la cabeza.
Y el problema va en aumento. En el año de la pandemia hay 41.600 personas más en situación de pobreza severa en Galicia. Sin embargo, hay que tener en cuenta, tal y como advierte el estudio, que estos datos todavía no reflejan el impacto económico que sufrirán las familias debido a la crisis derivada del COVID-19, pues los datos de renta hacen referencia al ejercicio de 2019. Es decir, la evolución probablemente irá a peor.
En Galicia los más castigados son los pensionistas. Casi siete de cada diez gallegos en situación de pobreza severa son perceptores de estas prestaciones. En la comunidad autónoma el 22 por ciento de las pensiones están por debajo del umbral de la penuria extrema, un porcentaje que la sitúa a la cabeza de España, junto a Murcia (el 18,40 por ciento) o Baleares (18,10 por ciento).
Esto supone que casi 170.000 pensionistas cobran menos de 535 euros mensuales. Entre ellos hay 75.300 mayores jubilados, más de 72.600 viudas, 15.000 huérfanos o 5.000 personas con discapacidad.
Y lo más preocupante es que, mientras que otros gallegos pueden tener opciones de mejorar su situación económica en el caso de los pensionistas la situación de pobreza se convierte en “estructural”. “La práctica totalidad de sus ingresos vienen determinados por el importe de las pensiones que reciben, es una cuestión que no pueden modificar en absoluto por sí mismas”, advierten en el estudio.
Además denuncian que estas personas quedan fuera del nuevo Ingreso Mínimo Vital que concede el Gobierno a personas sin recursos y que está dirigido a ciudadanos de entre 23 y 65 años.
Un perfil que rompe estereotipos: ni inmigrantes ni personas sin estudios
La pobreza severa suele identificarse con inmigración, personas sin hogar, sin estudios o que no trabajan. Pero la realidad no concuerda con estos estereotipos, según advierte el estudio de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza. En Galicia, por ejemplo, el grueso de las personas que sufren penurias económicas son pensionistas, pero en el conjunto del Estado tampoco se cumple con este perfil prefijado.
De hecho, según se desprende del informe, el 71,5 por ciento de las personas en situación de pobreza severa son españolas, solo el 19,5 por ciento proceden de fuera de la UE y otro 9,1 por ciento son extranjeros llegados de otros países europeos.
Pero además el 42,2 por ciento, es decir, algo menos de la mitad de las personas que en España sufren pobreza severa, ha alcanzado niveles educativos medios o altos (han superado el bachillerato o han ido a la universidad). De hecho, según advierte la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, el porcentaje de personas con estudios superiores en situación de pobreza severa ha crecido un punto con respecto a 2019 en el territorio nacional.
El desempleo es un factor clave, pero no definitorio de la pobreza severa. Así, el 31 por ciento, es decir, uno de cada tres personas mayores de 15 años que sufren esta situación de extrema necesidad, tienen un empleo. Esto significa que tienen un trabajo con un salario que “no les permite disponer de los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas”.
“No se trata de personas negligentes que tratan de aprovecharse del sistema social para conseguir vivir sin trabajar. Son personas que han realizado todas aquellas acciones que la sociedad exige para obtener un empleo digno y, además, con trabajo”, denuncia la Red Europea de Lucha contra la Pobreza.
Además, el informe constata que las personas que viven en la pobreza se alimentan peor, tienen más enfermedades, están más obesos, hacen menos ejercicio y viven en viviendas infradotadas.
