La precariedad laboral atosiga a Silvia, que no consigue salir a flote más que para aspirar bocanadas de aire con las que vivir al día, dependiendo de la ayuda de asociaciones contra la exclusión social y vecinos. En marzo, reconocía haber pasado hambre porque apenas ingresaba 200 euros por sus tareas como limpiadora a tiempo parcial, víctima del COVID-19 y la pérdida de empleos de este tipo generados por la pandemia.
Ahora se le acumulan los problemas, entre ellos, los recibos. “Me reclaman casi 400 euros porque me venció el bono social para pagar la luz y no pude renovarlo. No fue culpa mía. Ahora me llegan cartas reclamando pagos”, se lamenta. Su situación es crítica y se ajusta a la categoría de pobreza energética, que engloba a aquellas familias que sufren para calentar o enfriar sus hogares. La pandemia elevó un 50% las víctimas de esta modalidad de pobreza hasta casi 260.000 gallegos, que afrontaron en esa situación este año, marcado por el alza del precio de la energía. Antes del bum de agosto, en mayo la factura ya se había encarecido un 45%, según la asociación de consumidores Facua.
“Existe una problemática genérica de pobreza, pero también un aspecto concreto de carácter energético. Siempre que las personas tienen dificultades para cubrir sus necesidades, se incluyen en los problemas encender la calefacción si la tienen, o poner o una estufa porque no pueden pagar los recibos”, explica Miguel Fernández, de Cáritas en Santiago. “Ayudas como la tarjeta monedero de la Xunta para comprar alimentos y el ingreso mínimo vital, a pesar de sus retrasos, han permitido a muchas familias protegerse contra eso, pero veremos cómo es la situación cuando llegue el otoño y el frío, y cuando se note el alza de precios o las ayudas del Gobierno en la factura”, expone.
La pobreza energética se agrava: Casi 600 vigueses pidieron este año ayudas para pagar la luz
La Asociación de Ciencias Ambientales define la pobreza energética como “la situación en la que un hogar es incapaz de pagar una cantidad de energía suficiente para la satisfacción de sus necesidades domésticas y/o cuando se ve obligado a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar la factura energética de su vivienda”. Esto responde tanto a su falta de ingresos, como a la deficiente calidad de su hogar, con mal aislamiento, materiales de baja calidad o incluso ausencia de calefacción.
Para medirla suele emplearse una categoría de la Encuesta de condiciones de vida elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, relativa a las personas que no pueden mantener su casa a una temperatura adecuada: pasan frío o calor y no disponen de medios para evitarlo. El año pasado, el porcentaje de ciudadanos en esta situación en Galicia creció un 50%, pasando del 6% al 9,6%. En números absolutos la cifra aumentó de 161.970 a 260.00. Se trata del dato más alto desde 2015.
El problema ha alcanzado a las administraciones, que tratan de paliarlo. El Gobierno central prorrogó sus medidas para impedir el corte de suministro a los consumidores vulnerables –el año pasado dio ayudas para pagar el recibo a 75.000 hogares gallegos– y la Xunta recibió casi un 40% más de solicitudes para evitar esa situación hasta las 3.800.
Cruz Roja ayuda en este terreno a la población con menos recursos, aunque aborda siempre un “trabajo integral”. “El impacto real de las nuevas tarifas lo veremos en noviembre o así”, apunta Ángela Ramallo, del área de medio ambiente en Ourense de esta organización.
En este terreno, tratan de buscar fórmulas para rebajar la factura, aislar mejor la vivienda y ayudar a solicitar ayudas como el bono social (descuentos de entre el 25% y el 40%), para el que una familia con un menor no debe superar los 15.817 euros al año. “Un problema al que nos enfrentamos es tramitar el bono social. Una persona no puede acceder a él, aunque cumpla los requisitos, si no es el titular de la línea. Muchas familias en riesgo de exclusión cambian mucho de piso, optan por el alquiler y muchos dueños no quieren poner los recibos a su nombre”, destaca Ramallo.
Cruz Roja, además, les entrega un kit de eficiencia para ahorrar. Está “personalizado”, pero habitualmente cuenta con burletes para aislar puertas y ventanas, bombillas de bajo consumo, regletas con interruptor, programadores y mantas reflectoras para los radiadores.
El primer paso siempre pasa por revisar el contrato. “A veces, solo con el cambio de potencia contratada se pueden ahorrar 100 euros al año, que es mucho para familias con otras necesidades, como alimentación, falta de material escolar para los niños...”, concluye.
Protestas en varios concellos contra la “estafa eléctrica”. Centenares de personas se concentraron ayer en diversos puntos de Galicia –en la foto, Vilagarcía– para exigir la bajada de la factura de la luz. Las protestas, convocadas por la CIG y que contaron con cargos del BNG en primera fila, defendían “la energía como derecho universal” y exigían medidas como una tarifa gallega, reclamación histórica del Bloque, porque “la luz sube y la gente no llega a fin de mes”.
La concesión del bono alimentos de la Xunta se ralentiza, pero aún se conceden 18 al día
La concesión del bono alimentos de la Xunta a familias con problemas económicos, de 150, 200 o 300 euros al mes para alimentos y productos de higiene, comienza a ralentizarse. Si el mes pasado, se entregaba una media diaria de 30 tarjetas monedero de este tipo, ahora el dato se ha reducido a 18. Aun así, se han emitido ya 42.400, aunque de ellas 21.100 son renovaciones. La Consellería de Política Social puso en marcha en junio del año pasado esta medida para combatir los daños de la crisis económica generada por la pandemia, aunque fue aumentando tanto la aportación para la bolsa de la compra como su duración. En principio vence a final de este ejercicio. Se trata de una tarjeta monedero que se recarga con 150 euros si se trata de un beneficiario que vive solo, 200 si son dos o 300 si son tres o más. Está destinada a quienes ingresen entre 423 euros mensuales, en caso de hogares unipersonales, y 762, en el de una familia con siete miembros. Es decir, que no alcanzan los recursos que les corresponderían con una renta de inclusión social. A comienzos de agosto, las tarjetas concedidas eran 38.560, de las que 18.000 eran renovaciones. La cifra aumentó ahora en 540 nuevas prestaciones.
