La batalla a raíz del veto total a la caza del lobo se dirimirá en los tribunales. Galicia, Cantabria, Asturias y Castilla y León iniciaron ayer una “larga batalla judicial” con la petición de medidas cautelares y la interposición de un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional para frenar la inclusión de esa especie en el Listado de Especies Silvestres de Especial Protección (LESPRE). Ello supone una prohibición total de autorizar batidas para controlar la población en territorios con muchos ejemplares, solución que reclaman estas comunidades, que acumulan la mayor parte de las manadas de la península.
Además, este frente pedirá una entrevista con el comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, para exponerle la situación, considerando que la orden del Ministerio para la Transición Ecológica que protege al lobo “va en sentido contrario” a la Directiva Hábitats de la Unión Europea, que determinó en 1992 que esta especie al sur del Duero es “estrictamente protegida” pero al norte es “gestionable”. Así, creen que desde el Gobierno central “han ido más allá de lo que la propia Europa quiere que se vaya”.
Las comunidades que aglutinan “el 95%” de la población lobera de España mantendrán en las próximas semanas reuniones periódicas para abordar este asunto u confían en poder acabar con la orden publicada el 21 de septiembre que incluye al lobo como especie protegida, una “tropelía” contra los ganaderos que “también va en contra de la propia especie”.
Los consejeros con responsabilidades en este ámbito de las cuatro comunidades y los representantes de las organizaciones profesionales agrarias más representativas, COAG, ASAJA y UPA, concretaron ayer su alianza en una cumbre en Santander, a la que asistió como representante de la Xunta la titular de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez. También acudieron Guillermo Blanco (Cantabria), Alejandro Calvo (Asturias), y Juan Carlos Suárez-Quiñones (Castilla y León); así como Pedro Barato (ASAJA), Charo Arredondo (COAG) y Román Santallana (UPA).
Ángeles Vázquez reclamó al Gobierno central “justicia y coherencia” porque las comunidades autónomas loberas suman 7 millones de españoles, el 28 % de territorio del país y presentan un balance de trabajo para que el lobo goce de “buena salud”.
Tanto ella como el consejero asturiano expusieron que los planes de gestión de la especie de estos territorios deberían ser “referencia” al lograr un “equilibrio perfecto” pese a la difícil situación que supone la convivencia entre el lobo y el ganadero.
Estos gobiernos proponen poder eliminar un centenar de ejemplares al año y garantizar un equilibrio entre proteger esa especie y salvaguardar la ganadería, que sufre la muerte de unos 10.000 animales al año.
En el caso gallego, el último censo 2013-2015 cifraba la existencia en Galicia de 90 manadas reproductoras, 14 de ellas compartidas con otros territorios, informa Efe. En el último año se contabilizaron 1.167 avisos por daños del lobo y 2.204 reses se han visto afectadas. En los últimos seis ejercicios, se han destinado 4,6 millones de euros a prevención e indemnizaciones, aunque estas últimas ayudas han sido suprimidas ante el nuevo marco legal.
