Galicia es cada vez más vieja y está cada vez más sola. Desde 2013 a 2020, el número de hogares donde un único comensal se sienta a la mesa ha aumentado un 15 por ciento y la cifra más actualizada del Instituto Nacional de Estadística estima que en 2020 residían 290.500 personas en esas circunstancias en la comunidad. Que el número vaya a más preocupa a la Administración autonómica, sobre todo pensando en el envejecimiento, hasta el punto de que prepara una Estratexia Galega de Atención á Soidade non Desexada, entendiéndola como un problema que “amenaza al bienestar de las personas”.
Que Galicia esté cada vez más sola también se nota entre los beneficiarios de la Risga (Renda de inclusión social de Galicia), una prestación destinada a los colectivos más desfavorecidos, lo que sumaría a la situación de necesidad la posibilidad de esa soledad no deseada que inquieta a la Administración gallega. Si hace siete años el perfil mayoritario (42,6%) de perceptores de estas ayudas vivía en el seno de una familia nuclear (la compuesta por padres e hijos), en la actualidad ya casi la mitad de beneficiarios (el 48,4%, diez puntos más que entonces), residen en hogares unipersonales, sin compañía. Esa situación se acentúa en el caso de los varones: viven solos dos de cada tres perceptores. En cambio, en convivencia en familia son ellas la gran mayoría.
Además, el colectivo de quienes precisan esta renta de inclusión social en Galicia, que en 2020 supuso una media de 423 euros al mes y que conllevó una partida de 53 millones de euros de la Xunta, según el balance de la Consellería de Política Social, sopla cada vez más velas. Desde 2019, los mayores de 55 años constituyen los principales destinatarios de estos apoyos –son ya uno de cada tres y vuelven a ser en su mayoría hombres– tras dispararse un 50% en un lustro. Desde el departamento que dirige Fabiola García explicaron en su momento a este diario que “uno de los efectos de la crisis fue el incremento de personas desempleadas de larga duración mayores de 55 años” y defendieron que “uno de los objetivos” de la reforma de la Risga –que se puede compatibilizar con un empleo– es “luchar contra la cronificación de la pobreza al facilitar la transición desde el cobro de la prestación al de un salario”.
Todas estas variaciones han repercutido en el perfil medio del beneficiario de esta renta de inclusión social. En 2013 la Xunta hablaba de “una mujer de entre 35 y 54 años, soltera, casada o separada con cargas familiares que vive sola o con la familia nuclear en zona urbana en un piso de alquiler o cedido en precario. El nivel de estudios es de primarios incompletos y se encuentra parada, aunque no en busca de su primer empleo”.
En el balance recién publicado, el Informe sobre a aplicación e avaliación da Lei de inclusión social de Galicia 2020, esa descripción varía y da más sitio a los varones: “Personas de entre 45 y 65 años, predominando las mujeres, aunque sin diferencias significativas en el tramo de edades comprendidas entre los 45 y los 54 años, soltera, que vive sola o con su familia nuclear, en zona urbana, en un piso alquilado. Su nivel de estudios es de primarios y se halla desempleada aunque no en busca de su primer empleo”.
Los estudios van a más (ligeramente), pero el desempleo como rasgo se mantiene. No son demasiados los beneficiarios que pueden dejar de depender de la renta de inclusión social de la Xunta. Casi 2.600 perceptores abandonaron el dispositivo el año pasado por acceso a recursos económicos. Con todo, el porcentaje (un 19,33%) es esperanzador en la medida en que alcanza el valor más alto de los informes difundidos, que se retrotraen hasta 2013, y casi triplica el dato (7,7%) que ese año manejaba la Administración de aquellos que conseguían mejorar sus recursos económicos.
La Risga no es la única prestación de inclusión social. También están las llamadas ayudas de inclusión social (AIS). A diferencia de la primera, estos apoyos no son periódicos y están destinados a contribuir a sufragar gastos “extraordinarios” y “urgentes” a personas o familias en exclusión o en riesgo de estarlo. Desde que entró en vigor la ley que ampara todas estas prestaciones, a finales de 1999, y hasta 2020, la Xunta registró más de 207.000 solicitudes de ambas ayudas, un 54% de Risga.
El año pasado las peticiones de estas ayudas ascendieron a 9.821, de ellas 5.338 de Risga. A esas se sumaron otras 3.024 solicitudes de ambas pendientes de resolución del año previo. La Xunta dio respuesta a tres de cada cuatro solicitudes. En la Risga, de las resueltas, dos de cada tres peticiones se concedieron, una de cada cinco se denegó y un 14% se archivaron.
Los tiempos medios de tramitación de los expedientes fueron, según el informe, de 112 días en lo que respecta a la Risga y de 154 en las AIS. No obstante, la Administración insta a tener en cuenta que los plazos de resolución de los expedientes quedan interrumpidos cuando es preciso requerir la documentación necesaria para poder continuar la tramitación. Sin esas pausas, los datos se rebajarían a 54 y a 84 días, respectivamente.
Superar los ingresos mínimos: la principal razón por la que la Xunta dice “no” (y va a más)
La Xunta dice “no” a la concesión de la Risga una de cada cinco veces que resuelve una solicitud. El por qué, igual que el perfil de beneficiario, también ha variado en pocos años. La principal razón alegada (a veces son varias causas) el pasado ejercicio por la Administración para no conceder la ayuda es el hecho de superar ingresos en la unidad de convivencia independiente. El porcentaje de las negativas relacionadas con esta causa alcanzó el pasado año su máximo desde 2013: un 39,59% en hombres y un 43% en mujeres.
Siete años atrás esas cifras se elevaban a la mitad: suponían el 23,3% de los rechazos en el caso de los varones y el 20,45% en el de las mujeres. Entonces, lideraba el listado no acreditar carencia de medios de subsistencia. La superación de ingresos es también el principal motivo detrás de la denegación de las puntuales ayudas de inclusión social.
A la mayoría de peticiones resueltas, en cambio, se les dijo sí. Explica Política Social que el número de personas incluidas en nómina entre enero y diciembre de 2020 (apuntan que alguna pudo estarlo en más de una ocasión) ascendió a 14.428. Un año antes había sido ligeramente superior: 15.079. En cuanto a las AIS, en 2020 se concedieron 2.718, a lo que se destinaron poco más de tres millones de euros –a una media de 1.132 euros por ayuda–.
