La pandemia remite, pero la crisis social no solo persiste, sino que se agrava. El parón económico provocado por la crisis sanitaria del COVID ha dado la estocada a muchos gallegos que vivían ya al límite desde la última recesión de 2009.
La prueba está en el fuerte incremento de familias que recurren al bono de la Xunta –la Tarxeta Básica– para poder comprar comida y medicamentos. En solo tres meses la cifra de hogares beneficiarios ha pasado de 20.000 a 32.900 hogares. Es un 65 por ciento más desde febrero, es decir, cada día más de 140 familias piden ayuda a la Administración autonómica para satisfacer sus necesidades básicas por carecer apenas de recursos. Este programa consiste en una tarjeta monedero que se recarga cada mes con entre 100 y 300 euros, según los miembros del hogar, y se puede emplear para comprar productos de alimentación, higiene y farmacia.
Este bono se activó de forma extraordinaria en junio de 2020 para dar respuesta a las necesidades básicas de los gallegos en situación de vulnerabilidad tras la pandemia. Fue una medida muy aplaudida por los colectivos sociales porque permitió atender la emergencia social provocada por la crisis sanitaria con la mínima burocracia. El éxito de la medida, pensada inicialmente para un periodo de seis meses, obligó a darle continuidad primero hasta junio de este año y ahora se prorroga de nuevo hasta final de año. La inversión realizada hasta ahora por la Xunta supera los 26 millones de euros.
Desde su puesta en marcha el número de beneficiarios no dejado de crecer. A finales de diciembre de 2020 sumaban 16.000 hogares y llegaron a los 20.000 en febrero tras la tercera ola de la pandemia. Pero el crecimiento en estos últimos tres meses ha sido espectacular: 32.900 familias, integradas por aproximadamente unos 45.000 gallegos, usan este bono alimentos.
“Se han renovado la mayoría de las tarjetas y además hemos tenido nuevas adhesiones”
El incremento de las familias que recurren a esta ayuda para satisfacer sus necesidades básicas es indicador además del “aumento de la pobreza severa” entre los gallegos, según explica el director de la Rede Galega contra a Pobreza, Xosé Cuns.
Se trata de hogares con escasos ingresos que no han podido acceder ni a la Risga ni al Ingreso Mínimo Vital, bien por la burocracia o por estar, en algunos casos residiendo de forma irregular en Galicia. Se fijan, en todo caso, unos límites de renta mensual para acceder al bono alimentos que van desde los 403 euros para un hogar unipersonal a los 726 para una familia con siete miembros y niños pequeños.
La renta vital que puso en marcha el Gobierno el pasado año avanza, de hecho, con lentitud. Hasta la fecha solo se están beneficiando un tercio de los hogares previstos inicialmente. La Tarxeta Básica de la Xunta cubre así esos huecos a los que no llegan las prestaciones sociales, cuya tramitación entraña más complejidad y burocracia.
“Esta tarjeta se da a través de los servicios sociales comunitarios y se otorga como si fuese por prescripción facultativa. Se pide solo un mínimo de documentación”
La ventaja es que sirve de puerta de entrada a muchos gallegos en situación precaria para acceder al sistema de prestaciones sociales. “Los tenemos así localizados e identificados y se le pueden empezar a tramitar ayudas como la Risga o el Ingreso Mínimo. De hecho, entre 2.000 y 3.000 perceptores de la Tarxeta Básica han empezado a recibir ya una prestación”, explica el director de la Rede contra a Pobreza.
Según explica, se trata en su mayoría de personas que arrastraban ya problemas desde la anterior crisis económica y malvivían con empleos precarios y en negro. La pandemia les dio la puntilla. Los colectivos más afectados son los jóvenes, las mujeres y colectivos con alguna discapacidad o inmigrantes en situación irregular. En concreto, Cuns advierte que un perfil muy habitual es el de un hogar formado por una madre y sus hijos. En su opinión, una de las claves para ayudar a estas personas a salir de la pobreza es facilitarles el acceso a una vivienda. “Si les damos una prestación pero la tienen que destinar íntegramente al alquiler, no lograremos que su situación mejore”, dice Cuns.
Los gallegos que se declaran en quiebra se incrementan un 32 por ciento
La Ley de Segunda Oportunidad aprobada en 2015 abrió la puerta a que las personas físicas pudieran presentar concurso de acreedores como las empresas lo que les permite reestructurar y optar a una quita de su deuda. En 2020 fueron 301 los gallegos que hicieron uso de este recurso frente a los 227 del año anterior, es decir un 32,5 por ciento más, según los datos recogidos en la memoria del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
En la práctica supone una “suspensión de pagos” o una “declaración de quiebra” que permite a la persona asfixiada por las deudas corregir una situación complicada y tener una “segunda oportunidad”. Antes de que entrara en vigor esa ley en 2015 si un particular tenía deudas, se liquidaban todos sus bienes pero en caso de que eso no fuese suficiente para cubrir el descubierto, los acreedores podían seguir reclamando la deuda en el futuro.
Esto dificultaba a algunas familias rehacer su vida, puesto que cualquier ingreso que obtuvieran en el futuro sería cobrado por los acreedores. La ley de segunda oportunidad permite, sin embargo, que una persona física puede presentar el concurso, liquidar sus bienes y conseguir una condonación de buena parte de sus deudas. Desde 2015 se declararon en concurso casi 750 gallegos, según los datos del TSXG. En España se acogieron a la Ley de Segunda Oportunidad cerca de 20.000 personas físicas.
