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La crisis tras la pandemia: 25.000 hogares gallegos viven gracias a los cheques sociales

Un grupo de personas espera para poder comer en la Cocina Económica de Santiago.

Un grupo de personas espera para poder comer en la Cocina Económica de Santiago.

“¡Joder, sería...!”. Iris, de 20 años, se queda sin palabras cuando se le pregunta qué supondría para ella cobrar los 892 euros que le corresponderían del ingreso mínimo vital (IMV), ayuda que solicitó hace un año y que sigue esperando percibir, entregando nueva documentación en las oficinas de la Seguridad Social. Vive en Bertamiráns en casa de su suegra, con su marido, de 25 años, y dos hijos, de 3 y 1 año. Subsiste gracias a la madre de su esposo, con la que conviven y que abona sus gastos, pues ella apenas recibe la ayuda semestral de alrededor de 500 euros por sus pequeños. La pandemia ha detonado una crisis económica y social de dimensiones desconocidas, forzando a las administraciones a combinar por primera vez dos tipos de cheques sociales: la renta de inclusión social (Risga) gallega y el IMV estatal. Ambas permitieron llegar a fin de mes durante el año pasado a más de 25.000 hogares, cifra inédita en la historia de la autonomía.

La combinación de Risga e Ingreso Mínimo Vital aumenta casi un 70% las familias con una ayuda mensual | Por primera vez conviven estas subvenciones para rentas bajas

La paralización de la actividad económica por culpa del COVID-19 dejó sin red a miles de personas en la comunidad, a pesar incluso del escudo social que supusieron los ERTE para que el erario público contuviese los despidos. Sin embargo, las necesidades de ayuda se multiplicaron, con el creciente recurso a banco de alimentos relatado en varias ocasiones por FARO.

En ese punto, el Gobierno impulsó el IMV, una renta mínima para aquellas personas con exiguos ingresos muy similar a la Risga gallega y a otras prestaciones autonómicas. En el caso de Galicia, ambas son incompatibles: quien cobra una no puede percibir la otra. El IMV supone una aportación mensual de entre 461 y 1.015 euros, en función de la situación familiar, y la Risga, entre 403 y 726.

Ambas situaron las cifras de beneficiarios de cheques sociales en magnitudes máximas inéditas. Durante el año pasado, recibieron la Risga 13.313 personas, a las que se suman otras aproximadamente 12.000 que cobran el IMV, cifra esta última lejos de la estimación de 40.000 beneficiarios realizada por el Gobierno central.

Eso no significa que esas más de 25.000 familias cobrasen la ayuda durante todo el año, sino que en algún momento la recibieron, pues al encontrar un trabajo que supera la cantidad asignada por la prestación ya se deja de percibir. Si luego se acaba el contrato, la persona puede solicitarla de nuevo.

El 80% de las Risgas concedidas en julio continúan activas, según detalla la Consellería de Política Social. En marzo pasado cobraban ese cheque 8.331. Dos mil personas dejaron de cobrarla para recibir el IMV.

Iris, de 20 años, lleva un año esperando por el IMV, que cobra Sarai pese a tener empleo

Estas cifras son la punta del iceberg de la exclusión social. “Hasta el año pasado no existía ese IMV, por lo que la actual demanda de este conjunto de programas demuestra que había un problema latente, pero que no se estaba cuantificando correctamente. Teniendo en cuenta que las condiciones para acceder al IMV son muy exigentes, en cuanto a los umbrales de renta protegibles, es obvio que teníamos y tenemos un problema de redistribución de la renta y la riqueza”, alerta Alberto Vaquero, profesor de Economía Aplicada de la Universidade de Vigo y miembro del grupo de investigación GEN y del Foro Económico de Galicia. Este diferencia la situación actual de la crisis anterior. “Aquella era una carencia global de renta que afecto a muchas personas y colectivas. La actual crisis es algo más focalizada en ciertos colectivos, no es general como la de 2008”, añade antes de advertir de que los ERTEs no serán un escudo permanente y de que las ayudas aumentarán el gasto público y el déficit.

Además, la demanda crecerá. “Según nuestros datos, hay 600.000 personas en riesgo de exclusión, así que entendemos que habrá más beneficiarios de estas ayudas”, apunta Miguel Fernández, de Cáritas y la Plataforma Galega Polo Emprego. Este, además, pide facilitar la gestión del IMV para evitar casos como el de Sarai. Con dos hijos menores, comenzó a cobrar casi desde el primer momento esa renta, pero hace dos meses logró un empleo temporal en el que sigue como parte del equipo de limpieza del hospital de Santiago. “Pero me siguen pagando y tengo miedo de que me obliguen a devolverlo más adelante cuando a lo mejor me haga falta. Con estos problemas, si lo sé no me pongo a trabajar”, zanja desesperada.

“Si la vacunación no gana velocidad, los efectos de la crisis se agrandarán”

Manel Antelo - Profesor de Fundamentos de Análisis Económico de la USC

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Manel Antelo

–¿Son los cheques sociales cobrados el año pasado en Galicia el termómetro de la crisis actual?

–Es un indicador parcial, en el sentido de que es la parte del iceberg que vemos. Ello no quiere decir que esa parte visible sea un indicador preciso del tamaño de la parte del iceberg que está debajo del agua. Es verdad que los glaciólogos pueden aproximar el tamaño del iceberg en función de la parte que se ve, pero cuando el hielo y el agua del mar están en las condiciones habituales. Ahora no es así, ya que la crisis es distinta a todas las que hemos sufrido.

–¿Superará a la de 2008?

–Aquella fue una crisis que se originó en el sistema financiero. El colapso de las hipotecas subprime generó un shock de efectivo, en tanto que en el mercado no había dinero para salir del hoyo. Sin embargo, la crisis actual es una paralización de la actividad económica. Hay toda la liquidez que uno pueda imaginar, por lo que en principio la liquidez no representa ningún problema, pero si la actividad económica continúa sin repuntar por mucho tiempo, muchas empresas podrían ser incapaces de pagar sus deudas, los inversores podrían decidir vender sus títulos de deuda y ver que no pueden deshacerse de ellos. Al final, podría volver a generarse un problema de liquidez. En cualquier caso, la dimensión de esta crisis puede superar a la de hace una década.

–¿Crecerá la demanda de ayudas como la Risga o el IMV?

–Si los programas de vacunación no adquieren velocidad, los efectos de la crisis se irán agrandando. No olvidemos que estamos en una situación en la que hay una crisis de oferta (muchas empresas están en hibernación y muchas otras han claudicado ya) y, al mismo tiempo, hay una crisis de demanda (muchos consumidores han visto menguada su capacidad de compra y muchos otros que siguen teniéndola reducen el consumo por precaución). Un shock en la oferta y uno en la demanda dan lugar a la tormenta perfecta.

“El impacto sobre el gasto público será acusado: habrá subida de impuestos”

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–¿Será suficiente la ampliación de los ERTE al 30 de junio para contener el impacto de la crisis?

–No. El impacto de esta crisis no se contiene ni con esta medida ni, en el caso particular de España, con cualquier otra que el Estado pudiese haber utilizado o pueda utilizar. El gasto público necesario para ello tendría que ser de tal magnitud que España no tiene capacidad para ello. La deuda pública crecería a niveles tan elevados que la UE, bajo ninguna condición, permite.

–¿Cómo evitar la ola de despidos que se prevé cuando concluyan esas medidas?

–Si las empresas reducen su actividad, inevitablemente reducirán las cantidades que utilizan de los factores productivos (entre ellos, la mano de obra). Una de dos, o subvencionamos a las empresas para que mantengan a los trabajadores (aun sin necesitarlos, dada su poco volumen de actividad) o los despidos serán lo que harán las empresas. Ahora bien, ¿con qué subvencionamos este programa?

–¿Qué impacto tendrá para las cuentas públicas?

–Muy acusado, sobre todo en aquellos países en los que la situación prepandémica era tal que ya se cuestionaba la sostenibilidad de las finanzas públicas. El aumento de impuestos al que asistiremos será, sin duda, generalizado.

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