Los interinos que cubran plazas vacantes en la Administración pública no podrán exceder la duración de su contrato por encima de tres años. El Tribunal Supremo establece que, si supera ese plazo, la temporalidad debe considerarse “injustificadamente larga” lo que comportará que el trabajador interino pase a ostentar la condición de “indefinido no fijo”.
Miles de trabajadores gallegos de diferentes administraciones están en estas circunstancias –desde trabajadores forestales, que llevaban desde 2002 sin procesos selectivos hasta 2018, pasando por cuidadoras y psicólogas vinculadas a Política Social desde 2006 y cuyos procesos fueron convocados en 2019–. Es decir, que se comete un “abuso de temporalidad” y, por tanto, estarían en fraude de ley, según letrados consultados.
Aún así, interinos y estatutarios gallegos critican la medida, al considerarla "insuficiente". La condición de “indefinidos no fijos” en su consideración jurídica actual supone que, en caso de convocarse oposiciones, ese personal podría ser cesado.
"Por un lado vemos un avance al reconocer que se ha cometido un abuso, pero falta por decir qué medida van a aplicar para paliarlo. Porque si el "indefinido no fijo" es diferente al temporal, alguna medida tendrán que tomar para diferenciarlo", acaba de valorar la presidenta de la plataforma de Temporales de las administraciones públicas de Galicia, Plategal.
Además, ya avanzó que celebrarán una concentración mañana ante la Delegación del Gobierno (a las 19.00 horas). El vicepresidente de Plategal incide en que la sentencia del Supremo "no sanciona el fraude de ley".
"Si bien este concepto también debe ser matizado por el Supremo para garantizar la estabilidad definitiva en el puesto”, según valora el abogado Fabián Valero desde Zeres, un despacho con sede en Vigo especializado en derecho laboral. En este momento, el bufete tiene activas al menos trescientas demandas de trabajadores en esas circunstancias.
“En caso de ser cesados, tendrían derecho a las indemnizaciones pertinentes”, añade la letrada del sindicato CNT, Rita Giráldez Méndez, desde Santiago. Sin cifrar el número de potenciales afectados en Galicia, la abogada reflexiona: “Salvo en Educación y Sanidade, no hubo oposiciones masivas en la Administración de 2012 a 2015 y hubo otras que no se ejecutaron en 2016 y 2017, pero sí había personas ocupando las plazas”.
Se trata de un regreso a la doctrina anterior (de antes de abril de 2019) que acaba de establecer el Alto Tribunal español y que dio a conocer ayer a través de un comunicado. Con el telón de fondo de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado 3 de junio, el Supremo da marcha atrás en su propia doctrina y vuelve a regirse por el mismo criterio que lo hacía en 2014. Por su parte, Fabián Valero cree que este cambio afecta también a sentencias desestimatorias emitidas durante ese periodo.
Hasta ahora, la jurisprudencia española permitía la ampliación del plazo de tres años si antes no se habían resuelto los procesos selectivos. Pero ahora, el Supremo señala que el trienio no podrá superarse de ningún modo, ni siquiera si las normas presupuestarias paralizan la convocatoria y resolución de las ofertas públicas de empleo.
Por su parte, el Ministerio de Función Pública trabaja en un proceso de estabilización de los trabajadores interinos de la Administración Pública, y en la reforma del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. Así que la sentencia del Supremo va en sintonía con los plazos que avanzó el ministro Miquel Iceta, que también plantea determinar que el plazo máximo de permanencia en interinidad sea de tres años.
Planteó así regularizar la situación de 310.000 interinos, según el ministerio –los sindicatos los cifran en 800.000 en España–, por medio de un concurso-oposición que permita rebajar las cotas de temporalidad (del 30%) y acercarlas a las europeas (8%).
Desde Plategal están también en desacuerdo. "Con esta reforma no se va a dar solución a la temporalidad abusiva de más de 800.000 trabajadores temporales de las Administraciones, ni se solucionará la precariedad ni la temporalidad futura", alegan. En este contexto en Galicia, más de un millar de trabajadores temporales de la Administración demandan hoy en día judicialmente ser fijos, después de que la justicia europea abroncase a España.
