El Gobierno quiere combatir el abuso de la temporalidad en las plantillas de las administraciones públicas. Para ello obligará a las comunidades autónomas a cubrir con personal fijo las plazas ocupadas por interinos hasta reducir la tasa de eventualidad al 8 por ciento del total. Se dará un plazo de tres años y no se descartan incluso sanciones. “El objetivo es desarrollar medidas objetivas para prevenir y sancionar el abuso y fraude en la temporalidad, poner el énfasis en su excepcionalidad y que se delimite su duración máxima”, explicó ayer el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta.
Aunque la eventualidad en el empleo público afecta a todas las administraciones, en el Gobierno central tiene un menor impacto, puesto que ya ronda el 8 por ciento, mientras que en las administraciones autonómicas supera el 30 por ciento y se concentra sobre todo en la sanidad y la educación.
En la Xunta las plazas ocupadas por interinos o temporales suman casi 24.000, lo que supone el 26,8 por ciento de toda la plantilla de la administración autonómica, sin incluir a los organismos autónomos. Así lo reflejan las estadísticas del Gobierno gallego sobre la evolución de sus efectivos a fecha de julio de 2020.
Sanidad
En todo caso, la incidencia de la temporalidad en la Xunta difiere bastante según el ámbito. En la educación y la justicia se sitúa en el 16 por ciento, mientras que en la administración general alcanza el 29 por ciento y en la sanidad ronda casi el 40 por ciento. De hecho, el 55 por ciento de los empleados con contrato temporal o interino en la Administración gallega se concentran en el Sergas.
Para rebajar su tasa de temporalidad del 26,8 por ciento al 8 por ciento que plantea el Gobierno, la Xunta tendría que estabilizar a cerca de 17.000 interinos. En todo caso, Iceta explicó ayer que se va a reunir con las comunidades, entidades locales y sindicatos. “Mi compromiso es alcanzar un acuerdo antes del verano”, explicó.
Precariedad
“Cierta temporalidad es aceptable e incluso necesaria en algunas circunstancias, pero si una persona realiza una tarea en la Administración que es permanente lo normal es que la realice con un contrato fijo y no desde una temporalidad que precariza el empleo”, explicó el ministro de Política Territorial.
La reducción de la interinidad en el empleo público es una vieja promesa del Gobierno. Ya en 2018 el entonces ministro de Hacienda, el popular Cristóbal Montoro, había pactado con los sindicatos reducir la eventualidad al 8 por ciento. Sin embargo, este compromiso quedó en suspenso tras el cambio de Gobierno y la irrupción de la pandemia.
"Primero buscaremos un acuerdo y después veremos si se incorporan o no elementos de sanción"
Ahora Iceta lo retoma y no descarta sanciones para quienes incumplan los objetivos de estabilidad en el empleo. “Primero buscaremos el acuerdo y después veremos si se incorporan o no elementos de sanción”, explicó.
Su intención es reformar el Estatuto Básico del Empleado Público y aprobar una nueva Ley de Función Pública.
Catorce mil profesionales del Sergas piden un ascenso de grado
Catorce mil profesionales del Sergas solicitaron ascender de grado en su carrera profesional. De ellos cerca de 3.000 son médicos, 7.000 son diplomados sanitarios y técnicos de FP y 4.000 son personal de gestión y servicios. La mayoría, el 80 por ciento, estuvieron exentos de acreditar su permanencia en el nivel anterior y podrán acceder a dos grados en dos años (2018 y 2020). Esto supondrá una subida retributiva de más de 6.000 euros en cuatro años en el caso de los médicos, mientras que para el personal de enfermería el incremento será de 4.000 euros
