Como ocurrió en otros puntos de la geografía gallega, Vigo también alzó la voz por la problemática de las trabajadoras del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar. Un nutrido grupo de afectadas se concentró este pasado martes en la Farola de Urzáiz, para defender sus puestos de trabajo.

Exigen a la Xunta una solución para todos los puestos temporales en fraude de ley que ahora ven peligrar por los inminentes procesos de regularización de la temporalidad que consideran injustos.

El personal de las escuelas infantiles de la Galliña Azul, centros de día, hogares residenciales y de otros centros de trabajo de esta red autonómica lleva más de dos meses celebrando concentraciones, y ya suman su novena jornada de huelga, para reclamar que se les dé solución a una situación que pone en peligro sus empleos.

Este Consorcio de servicios integra a unas 1.500 personas, muchas de ellas desde hace 14 años, de las que más del 92% son mujeres con edades comprendidas entre los 35 y 55 años, y con cargas familiares.

Concentración de las trabajadoras del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Bienestar en Vigo.

Piden frenar una oferta pública de empleo que, a su juicio, constituye un "ERE de mujeres" encubierto en este servicio.

"Consideramos que nuestra profesionalidad, valía, capacidad y méritos están más que demostrados durante tantos años, y después de una pandemia en la que estuvimos a la altura de las circunstancias, poniendo nuestro esfuerzo, profesionalidad y saber hacer"

Los sindicatos cifran en algo más de cien personas el número de trabajadores fijos de este servicio entre personas con oposiciones aprobadas y las que han accedido vía sentencia judicial, frente a una cifra de personal eventual que asciende a más de mil, todos ellos amenazados de irse a la calle tras esta OPE.

Firmas en el Parlamento gallego

Este martes, una representación de los trabajadores presentaron firmas en el Parlamento gallego para intentar frenar una situación que consideran discriminatoria. Y es que todo el personal de estos servicios debería estar regularizado a los tres años de iniciarse su contratación temporal, allá por 2007, algo que la administración pasó por alto.

Ahora ven cómo la inminente OPE les podría dejar en la calle. "Consideramos que nuestra profesionalidad, valía, capacidad y méritos están más que demostrados durante tantos años, y después de una pandemia en la que estuvimos a la altura de las circunstancias, poniendo nuestro esfuerzo, profesionalidad y saber hacer", comenta Rosa Mínguez, una de las trabajadoras afectadas, que desempeña su labor en los centros de día para personas mayores de As Neves y Ponteareas.