Hace unos años Patricia sostuvo en brazos a un bebé de apenas unas semanas de vida que no era de su familia y que lloraba sin parar. El síndrome de abstinencia era el responsable del llanto, pues su madre era toxicómana y había enganchado a su hijo a los estupefacientes al haber estado consumiéndolos durante el embarazo. La administración le había retirado la custodia del niño temporalmente, decisión que aplica también si se producen episodios que sitúan a un menor de edad en situación de “desprotección social” como maltrato, enfermedad o ingreso en prisión de los progenitores o falta de recursos económicos, así como cuando son los propios progenitores los que dejan en manos de la Xunta la guarda de sus vástagos mientras solucionan sus problemas.
Cuando los servicios sociales municipales detectan una situación de riesgo de ese tipo, se activa el protocolo que incluye a los técnicos de la Consellería de Política Social para buscar una solución, que en último caso supone el alejamiento temporal del hogar rumbo a una familia de acogida o a un centro. Esta opción se destina a aquellos niños que “necesitan ser separados temporalmente de su núcleo familiar y para los que no es viable la utilización de otro recurso”, según la Xunta.
El año pasado, la cifra de menores alejados temporalmente de sus padres y, por tanto, bajo alguna forma de tutela pública descendió un 8,7%: de 3.241 en 2018 a 2.958 al cierre del año pasado, según la actualización de datos de la Consellería de Política Social. Al contrario que entonces, la mayor parte de los niños tuvieron que pasar tiempo alejados de sus padres en centros: 1.680 frente a 1.278 en acogimiento familiar, opción priorizada por la administración. Es la primera vez que sucede desde 2016.
“El acogimiento en régimen residencial es un recurso que se utiliza en los casos en que, por diversas circunstancias sociofamiliares, los menores necesitan ser separados temporalmente de su núcleo familiar y no es apropiado o no hay un contexto familiar alternativo, o bien cuando los padres o tutores solicitan a la administración que asuma la guarda de sus hijos, manteniendo en todo momento el objetivo de retorno a su hogar”, explica Política Social.
De los 1.680 menores acogidos en centros, 209 fueron destinados a instalaciones de la administración y 1.471 a concertadas. Fueron internados 980 y otros 491 fueron acogidos en atención diurna.
En el caso del acogimiento, la mayor parte (956) se realizó en hogares de parientes de los niños. De ellos, 821 fueron remunerados para cubrir esos gastos –entre 200 y 600 euros al mes– y 322 en familias ajenas.
