Los denominados 19 de Meirás que en agosto de 2017 ocuparon simbólicamente el Pazo y que fueron denunciados por la familia Franco, reclaman el archivo de la misma después de que un juzgado coruñés condenara a los herederos del dictador a devolver el inmueble al patrimonio público.
"Es una muy buena noticia, fruto de la presión y de la lucha incansable durante muchos años de colectivos y activistas de la memoria histórica en Galicia", señala el portavoz de este colectivo, Anxo Lorenzo.
Lorenzo asegura que la ocupación "simbólica y pacífica" del pazo el 30 de agosto del 2017 por los 19 de Meirás "centró el foco mediático y político en esta cuestión, contribuyendo a que la petición de la devolución del pazo sea un clamor social y hoy podamos tener esta sentencia".
"Nos sentimos orgullosas y orgullosos de lo que hicimos en defensa de la democracia, de la libertad y de la memoria de las víctimas de una cruenta dictadura que expolió innumerable patrimonio y dejó millares de muertos en nuestra tierra", añaden desde este colectivo en un comunicado.
Pero los herederos del dictador los denunciaron con peticiones de penas de hasta 13 años de prisión por cada activista y hasta medio millón de euros de multa "simplemente por reclamar que el pazo es del pueblo gallego y denunciar el expolio franquista en Galicia", señala Louzao, que insiste en que "hoy esa denuncia tiene menos sentido que nunca y debe ser archivada".
Dado que la sentencia del juzgado coruñés no es firme y cabe recurso, este colectivo aboga por "mantener la presión y la lucha hasta que el Pazo de Meirás y todo el patrimonio expoliado por la dictadura franquista, sea definitivamente devuelto al pueblo gallego".
