Nació en 2008 para poner freno a la política del ti vai facendo que desató un urbanismo desaforado en Galicia y llenó de grúas la costa en pleno boom inmobiliario. La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, suma año tras año nuevas viviendas, naves y galpones bajo la amenaza de la piqueta por haberse levantado en suelo rústico o en zona de costa no edificable. En los últimos cinco años, las excavadoras de la Xunta redujeron a escombros un total de 550 obras ilegales. Solo el último año, 95 construcciones fueron demolidas en la comunidad, más del 70% ubicadas en las provincias de Pontevedra y A Coruña. Es la primera la que concentra el mayor número de edificaciones ilegales que fueron derribadas en 2016: hasta un total de 49, más de la mitad de las afectadas en Galicia. Le siguen en el ranking autonómico Lugo, con un total de 21 derribos, A Coruña (19) y finalmente Ourense (6).
Los inspectores urbanísticos de la Xunta peinan a diario la comunidad de norte a sur, levantan acta de cualquier irregularidad en suelo rústico o zona de costa y dan traslado para la apertura del correspondiente expediente sancionador. El primer aviso al infractor llega en forma de multa, a la que le sucederán nuevas sanciones si no acomete la demolición.
Desde que se creó la APLU, las excavadoras batían año tras año un nuevo récord de derribos. La excepción fue 2016, que rompió la tendencia al alza desde que empezó a operar la agencia de urbanismo gallega. Hasta la actualidad, 2015 fue el ejercicio que sumó más demoliciones en Galicia: un total de 154, lo que supuso casi un 20% más que las 129 del año anterior. El balance de 2016, con 95 obras ilegales derribas (casi un 40% menos que el ejercicio anterior), ocupa el cuarto puesto en la clasificación desde la creación de la APLU hace casi nueve años.
Los ayuntamientos costeros son los más afectados por las excavadoras de la Xunta. Sanxenxo, Cangas, Gondomar, Bueu o Nigrán, en Pontevedra, son los que concentran más edificaciones derribadas el año pasado. De la provincia de A Coruña destacan Carballo, Cambre o Arteixo y Sada. En Lugo, el concello Viveiro fue el más afectado por las piquetas de la APLU con un total de nueve derribos ejecutados el año pasado; y en Ourense las demoliciones alcanzaron a seis municipios, entre ellos Verín o Ribadavia.
En los últimos tres años han caído en picado los casos de derribos que llegan a los tribunales. Uno de los motivos es la concienciación de los propietarios, que saben que tarde o temprano su vivienda o galpón serán derribados porque carecen de licencia o fueron construidos en una zona no edificable.
Voluntarios
Pero la razón de mayor peso es la económica ya que si el infractor ejecuta de manera voluntaria la demolición evitará las sanciones que aumentan a medida que el expediente avanza. Y es que el dueño afectado que acata la orden de demolición tiene una bonificación en la multa del 80%. De lo contrario, la ley obliga a la Administración a imponer una serie de multas coercitivas para forzar al infractor a cumplir la orden y si las sanciones tampoco surten efecto, es en última instancia cuando interviene la administración -la autonómica en suelo urbano y la local en el resto- para ejecutar la demolición de manera subsidiaria, reclamando los gastos ocasiones a posteriori.
Hasta 62 concellos están adheridos en la actualidad a la APLU. O lo que es lo mismo, uno de cada cinco ayuntamientos tienen sus competencias en materia de urbanismo delegadas en la agencia autonómica. En la lista figuran 11 municipios de Pontevedra, 22 A Coruña, 9 de Lugo y 20 de Ourense. Al adheriste al organismo dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, los ingresos por las sanciones urbanísticas tramitadas por la APLU se reparten al 50% entre la administración autonómica y la local ya que es el Ejecutivo gallego el que se encarga del complejo y farragoso papeleo que supone la tramitación de multas que a la mayoría de ayuntamientos les resulta imposible abordar.
La agencia urbanística fue la encargada de iniciar el 41% de los expedientes relacionados con irregularidades urbanísticas, otro 23% fue obra de particulares, un 22% de los propios ayuntamientos, un 10% del Servicio de Guardacostas y el 4% restante de otras autoridades.
