El Gobierno plantea ahora que los dependientes moderados no perciban la prestación hasta 2014, lo que supone retrasar un año más su entrada en el sistema después de que en el mes de enero se pospusiese su acceso hasta 2013. Así consta en el plan de reformas presentado ante Bruselas para el control del déficit, que también incluye la posibilidad de paralizar de nuevo el calendario de plazos de abono de las prestaciones "para acompasarlo a las capacidades financieras" de la Administración General del Estado.
La nueva prórroga afectará en Galicia, según explicaron ayer fuentes de la Consellería de Traballo e Benestar, a los dependientes moderados que iban a entrar en el sistema en el 2013; ahora tendrán que esperar a 2014. Serán al menos 2.000 dependientes, cuya gestión se lleva a cabo este año y también el próximo, los que tengan que aguardar más tiempo para percibir la prestación, según confirmó ayer Benestar, quien aclaró que los 7.739 que ya tienen en sus manos la valoración de dependencia, con anterioridad a diciembre de 2011, tienen garantizada la prestación como hasta ahora, cuando la Administración pueda ir incorporándolos.
"Demorar la incorporación al sistema para la autonomía y atención a la dependencia de los dependientes valorados en Grado I, hasta el ejercicio 2014", consta en el ´Programa Nacional de Reformas del Reino de España 2012´ enviado a Bruselas. Tanto Traballo como la Asociación de Directores de Servicios Sociales consideran que esta medida no afecta a los valorados antes de 2012 porque esto supondría una modificación legal: "no es posible aplicar la reforma de modo retroactivo". No obstante, el documento deja la puerta abierta a congelar de nuevo los plazos: "revisión del calendario y nivel de aplicación del sistema a las personas en situación de dependencia para acompasarlo a las capacidades financieras". Según la Asociación de Directores de Servicios Sociales, una de las medidas más preocupantes incorporadas en el documento del Gobierno es la "revisión de las cuantías de las ayudas por prestaciones económicas previstas en el Sistema de Atención a la Dependencia, lo que podría rebajar los pagos. Además, el Gobierno plantea también "revisar el sistema de Altas en la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales (familiares), cuyas cuotas son abonadas en la actualidad por la Administración General del Estado". En la comunidad gallega hay en la actualidad 15.600 cuidadores de dependientes, en la mayoría de los casos mujeres. De ese total, más de 7.800 están cotizando a la Seguridad Social, una opción que las administraciones le concedieron en su momento para regularizar su situación cuando la prestación es la única vía de ingresos. "Se corre el riesgo de que supriman las altas", advierte José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directores de Servicios Sociales.
Control de la renta individual y familiar
Otra de las medidas que incluye el documento enviado por el Gobierno a Bruselas es la modificación del sistema de copago, es decir, de la contribución económica del usuario al sistema. Alguna comunidad autónoma, como Castilla-La Mancha, propuso en su momento que para conceder la prestación a un dependiente se tuviese en cuenta, a partir de ahora, "la renta familiar en lugar de la renta personal", lo que provocó el rechazo de los colectivos que trabajan por la defensa de los dependientes. "Si el planteamiento es este, insistimos en que supone modificar el artículo 33 de la ley. No es lógico que para calcular y conceder la prestación a un dependiente se valore más allá del propio dependiente, porque las circunstancias familiares de cada uno es algo personal", señala Ramírez. "Potenciar el papel del sector privado en la prestación de servicios" a los dependientes, "eliminando las trabas o preferencias por el sistema público presentes en la ley" es otra de las propuestas de la reforma enviada a la Unión Europea.
