Los proyectos eólicos serán de “interés público superior” en Galicia para frenar suspensiones

Con la invasión de Ucrania, el gas se convirtió en arma de guerra. La caída sin precedentes del suministro “y la manipulación de los mercados por parte de la Federación de Rusia mediante perturbaciones intencionadas de los flujos de gas han dado lugar a precios de la energía exorbitados en la Unión, poniendo en peligro no solo su economía, sino suponiendo también una grave amenaza para la seguridad del suministro”, reconoce el Consejo de la UE en el reglamento para acelerar el despliegue de las renovables impulsado en diciembre del pasado año como antídoto a la dependencia de los combustibles fósiles y para “crear una defensa contra las acciones” del gobierno de Putin. Entre las medidas contempladas destacan el hachazo a los tiempos de tramitación. La planificación, construcción y explotación de tecnologías verdes “son de interés público superior” y prioritarias, por tanto, en la concesión de autorizaciones. Hace poco más de una semana que las autoridades comunitarias dieron el visto bueno definitivo a la directiva de energías renovables que incorpora esos cambios y la Xunta prepara ya su adaptación.

La ley de medidas fiscales y administrativas que acompaña al borrador de presupuestos de la administración autonómica para el próximo ejercicio incluye un apartado específico para la “promoción en Galicia del despliegue de la energía eólica como energía renovable”, dado su “papel esencial” en el cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, su contribución a la lucha contra la contaminación “y a la protección, restauración y mejora del estado del medio ambiente” y los “beneficios socioeconómicos”, desde la creación de empleo al fomento del tejido industrial, pasando por la búsqueda de un precio de la energía “justo y alcanzable para los ciudadanos y empresas”. Los proyectos eólicos de competencia regional, aquellos que no superen los 50 megavatios (MW), tendrán la consideración de “interés público superior”. También las líneas de evacuación y subestaciones.

Se aplicará a “los procedimientos de autorización, construcción y puesta en funcionamiento” de parques con fecha de inicio entre el 30 de diciembre de 2022 y el 30 de junio de 2024. Para los que arrancaron antes los trámites y carezcan todavía de una resolución firme, “se presumirá” igualmente “que se trata de proyectos de interés público superior”.

Para los que arrancaron antes los trámites y carezcan todavía de una resolución firme, “se presumirá” igualmente “que se trata de proyectos de interés público superior”

¿Y qué significa esto en la práctica? Que, como establece la UE, los parques eólicos “contribuyen a la salud y seguridad públicas”, un “elemento relevante al ponderar los intereses jurídicos de cada caso”, incluido el momento de la evaluación ambiental para autorizarlos. “Salvo –recuerda la Xunta– que dichos proyectos tengan efectos adversos importantes sobre el medio ambiente y sobre el paisaje que no pueden mitigarse ni compensarse”.

El “interés público superior” de la eólica abre un nuevo escenario en la batalla con las plataformas contrarias al sector. Habrá que tener en cuenta esa consideración también “en el caso de que se presente recurso administrativo contra los actos de autorización del proyecto de parque eólico o de sus infraestructuras de evacuación y se solicite la suspensión de la ejecución del acto impugnado”, como está sucediendo tanto en la administración autonómica como en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

El largo listado de modificaciones normativas que se aprobarán con las cuentas autonómicas de 2024 incluye también la enésima modificación de ley de 2009 de aprovechamiento eólico en Galicia. Desaparece el concepto de “proyecto de interés autonómico” que la Xunta lanzó para acortar plazos administrativos. Consolida la opción de ubicar los parques en suelo rústico. Y, como tenía previsto hacer mediante la ley de aprovechamiento de los recursos naturales de Galicia –la que convierte a la propia administración en promotora de proyectos y que está todavía sin aprobar–, mete en la evaluación ambiental un análisis obligatorio y “específico” sobre “los posibles efectos significativos acumulativos y sinérgicos” de una nueva instalación con otras que ya funcionen cerca o vayan a construirse.

La consideración se aplicará también a los parques que todavía se tramitan

A diferencia de la mayoría de comunidades, Galicia concede a los parques eólicos la autorización administrativa previa y la de construcción en un solo acto administrativo que no puede exceder los seis meses. Eso complicó las cosas para cumplir los plazos del Ministerio para la Transición Ecológica en la criba de caducidades en los derechos de conexión a la red eléctrica. Los proyectos más antiguos debían conseguir en abril la autorización administrativa previa y las autonomías disponían de tres meses más, hasta julio, para expedir la de construcción. La unificación de los dos permisos obligó a la Xunta a hacer el doble de trabajo en la mitad de tiempo. Ahora, da marcha atrás y “durante un periodo transitorio de 24 meses” establece la posibilidad de dar las autorizaciones de forma separada.

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Los “telecos” alertan de “alteraciones” en las transmisiones radioeléctricas por los parques

La nuevas instalaciones y ampliaciones de los parques eólico en Galicia y en el resto del país “están causando alteraciones en las transmisiones radioeléctricas, lo que podría acabar causando problemas de conectividad en estos territorios”, según advirtió ayer Julio Sánchez Agrelo, el decano del Colexio Oficial y presidente de la Asociación de Ingenieros de Telecomunicaciones de Galicia, durante la celebración ayer de noche de la Noite Galega das Telecomunicacións e da Sociedade da Información en A Coruña. Sánchez Agrelo quiso dejar claro que el aviso no es una queja por la transición energética. La eólica, dijo, es “indispensable” para el acelerado proceso de descarbonización de la economía. El colectivo está trabajando ya mano a mano con expertos del sector del viento “en la solución de este problema” para que la ampliación de las instalaciones ya existentes y las nuevas que puedan construirse no afecten a las redes de telecomunicaciones. Los “telecos” también reivindicaron su papel “crítico” en la transición energética en la monitorización de las renovables y los sistemas de almacenamiento.

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