Madera Fiber, declarada en concurso de acreedores tras su caótica deriva

El Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Pontevedra declaró ya en concurso de acreedores a la empresa Madera Fiber Technologies S. L., la antigua filial de Faurecia en O Porriño que, tras su venta hace dos años, entró en una caótica espiral de despropósitos que acabó en su quiebra. Su plantilla está integrada por 103 trabajadores, muy críticos con la trayectoria de la empresa y con su actual dueño, la firma rumana RW Future Tech SRL, que en los últimos años ya cerró 11 empresas de su cartera y vendió cinco más. El personal exige volver a estar en nómina de la matriz.

El auto, fechado el 26 de septiembre, nombra como administrador concursal a Lener, el mismo despacho que está llevando el concurso de Hiperxel. Los actuales gestores seguirán manteniendo el timón, aunque bajo la tutela de los supervisores externos que podrán autorizar o denegar cualquier movimiento en la empresa.

Madera Fiber vendía a Faurecia por debajo de su coste y pidió otros 3 millones para no cerrar

Madera Fiber admite expresamente su insolvencia en la actualidad. Y alega dos razones principales en la documentación que sus representantes han hecho llegar a la jueza encargada del caso, la magistrada Rosario Rodríguez. Achaca la situación a los “estrechos márgenes comerciales con su principal cliente”, que es Faurecia; y a la “disminución de la actividad e imposibilidad de renegociar precios de mercado”. “Lo que ha impedido la continuación de la actividad en condiciones normales –continúa– y la obtención de ingresos que permitieran hacer el funcionamiento de la empresa viable”. Existe, además, una falta de liquidez, “sin que exista previsión de nuevos negocios o actividades con la que refinanciar la deuda”, señala el auto de la jueza.

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La crisis de caja se ha visto agravada por “la retención de grandes cantidades en la compraventa formalizada por la mercantil”, señala, en referencia a la operación ligada a los terrenos de la factoría. Callista, el fondo que adquirió la empresa a Faurecia y que luego traspasó a RW Future Tech SRL, se deshizo del activo a un precio, como critican los trabajadores “por un precio muy inferior al valor de mercado de 2,4 millones”. No recibió toda la cantidad. Del montante se restaron 500.000 euros en concepto del alquiler de esas mismas instalaciones a su nuevo propietario, la sociedad Freilouro Investments. Esa misma operación le ha pasado factura a través del Impuesto sobre Sociedades, con una deuda –no se detalla cuál– que fue devengada por la Agencia Tributaria el pasado julio.

Ahora, los acreedores o cualquier personado –la representación de los trabajadores tiene este derecho– tienen un mes para remitir a la administración concursal la información que considere relevante para fundar la calificación del concurso como culpable, lo que tendría graves consecuencias para el concursado y demás responsables.