El Supremo dictará en dos meses el destino final de Fernández de Sousa

Ocho años de prisión por los delitos de falsedad en documento mercantil cometido por particulares, estafa agravada, falseamiento de cuentas anuales, falseamiento de información económica y financiera y alzamiento de bienes. Es la pena que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (sección cuarta) impuso el 6 de octubre de 2020 a Manuel Fernández de Sousa-Faro, expresidente de Pescanova SA (vieja Pescanova), amén de una multa de 36.500 euros y el pago, de forma solidaria –con su antigua cúpula directiva, la propia SA y la auditora BDO– de más de 165 millones de euros en concepto de responsabilidad civil.

El empresario (Mérida, 1951) y los demás condenados interpusieron recurso ante el Tribunal Supremo. Y el magistrado Manuel Marchena ya tiene un proyecto de sentencia, como ayer avanzó FARO en primicia en su edición digital. Será el 1 de febrero cuando, con otros tres jueces del alto tribunal –Julián Sánchez Melgar, Pablo Llarena, Vicente Magro y Leopoldo Puente–, procederán a su deliberación. Ahí decidirán si el otrora todopoderoso Fernández de Sousa entra en prisión y durante cuánto tiempo. Este pronunciamiento, apuntaron fuentes jurídicas, se conocerá “en aproximadamente un mes” desde ese momento. La providencia, trasladada ayer a las partes personadas y firmada por Marchena, lleva fecha del 20 de diciembre.

“Ni siquiera después del juicio ha demostrado comprender el alcance de las decisiones adoptadas y los enormes perjuicios que tales decisiones han conllevado”, expone el fallo de la Audiencia Nacional, en el que Carmen Paloma González ejerció de ponente y firmado también por Teresa Palacios y Juan Francisco Martel. La sentencia, de 610 páginas, determinó que fueron sus maniobras, con la ayuda de su guardia pretoriana en la multinacional, las que provocaron no solo la quiebra del grupo gallego, sino un alud de perjuicios en bancos, grandes inversores y pequeños ahorradores.

Que el concurso de acreedores de Pescanova, de 3.650 millones de euros –el más cuantioso no inmobiliario de la historia empresarial española–, no fue fruto de una confabulación de las entidades financieras ni de sus exsocios: “Al menos desde finales de 2007, ideó una serie de mecanismos que tenían por objeto aparentar una relación comercial, en realidad inexistente, que permitiera a Pescanova seguir obteniendo financiación bancaria y ostentar frente al resto de los socios una situación económica y financiera negativa, muy distinta a la publicada oficialmente”.

La sentencia arrastró con él a los brazos ejecutores de las malas prácticas que puso en marcha Pescanova para ocultar la verdad de forma reiterada: intentó aprobar unas cuentas (2012) con 36,6 millones de beneficios, cuando en realidad la sociedad arrastraba números rojos por casi 800. “Resultaba obvio que una sociedad del volumen de Pescanova tenía que contar con gente de su confianza que llevara a la práctica esa inveraz contabilidad, y para ello se sirvió de la colaboración de personas de su confianza situadas en departamentos estratégicos, o de antiguos empleados que, con conocimiento de la difícil situación económica de la entidad, se convirtieron en los elementos indispensables” para engordar el fraude.

El papel de la auditora

Y todo esto, como consideró probado el tribunal, con el respaldo de una de las mayores auditoras del mundo, BDO. “Avaló con sus informes [...] cuantas operaciones llevó a cabo la matriz vulnerando las normas de la contabilidad y permitiendo dar una imagen de su situación económica y financiera muy diferente a su abultada deuda financiera real”. Un durísimo revés de imagen y personal: su socio responsable de revisar las cuentas de Pescanova, Santiago Sañé, ha recibido la misma pena de cárcel que cada uno de los cinco primeros espadas de Fernández de Sousa.

Es la primera vez que un auditor era sentenciado a prisión en España. En particular, la Audiencia Nacional estableció que BDO ejerció con “laxitud”, con dejadez de funciones, y sin detectar el interminable reguero de migas que iban dejando las prácticas irregulares de la antigua cúpula. “La laxitud de la labor desempeñada por BDO en relación a los supuestos anteriores permitió este desfase en las cuentas presentadas por la matriz”, motivo por el cual, como persona jurídica, ha sido condenada por un delito de falseamiento de información económica y financiera”.

El diseño del entramado empresarial que permitió llevar a la práctica todo tipo de artimañas contables se atribuye en la sentencia principalmente a cuatro personas: Antonio Táboas Moure (exdirector financiero), Ángel González (Contabilidad), Alfredo López Uroz (Administración) y Joaquín Viña Tamargo (Auditoría Interna). También, en parte, al sucesor de Táboas, Carlos Turci Domingo, antes responsable de la filial –y trader– Pescafina. El exconsejero delegado, Alfonso Paz-Andrade, como autor de un delito de falseamiento de cuentas anuales en grado de tentativa, ha sido condenado a un año de prisión, sin responsabilidad civil. El empresario –el auto de apertura de juicio oral le atribuía una participación directa en los manejos de Sousa, que no quedó probada– falleció inesperadamente en junio de 2021. Su hijo y su hermano, Pablo y Fernando Fernández de Sousa, fueron exonerados.

La sentencia de la Audiencia Nacional se produjo siete años, siete meses y siete días después de que Pescanova admitiese problemas severos de tesorería, un 28 de febrero de 2013, como avanzó este periódico también en primicia. La deliberación ahora del Supremo llegará casi diez años después de aquella catarsis.

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