"La necesidad imperiosa de financiación de Pescanova determinó que el presidente, con la colaboración de las personas de su confianza y de una auditoría externa relajada en el ejercicio de las funciones encomendadas, llevara a cabo la búsqueda de mecanismos de financiación bancaria [...] sin que estuvieran respaldadas por el necesario e imprescindible sustrato comercial derivado de la genuina actividad de compraventa de pescado, lo que necesariamente suponía modificar la contabilidad". El inmenso fraude no se fraguó solo con los manejos de Manuel Fernández de Sousa: 38.000 facturas falsas, compras ficticias por 2.448 millones de euros, (al menos) cinco años de manipulación contable, 109 bancos atrapados... La participación de su círculo de confianza fue indispensable, tal y como reitera la sentencia de la Audiencia Nacional, para maquillar la imagen de la multinacional.
Un juego en el que participaron tres vigueses sin saberlo: Javier Fernández Corujeira, Javier Retamar y Camilo Rodríguez. Los hombres de paja, administradores de doce sociedades creadas ad hoc desde Chapela para crear un volumen ficticio de compraventa de pescado, que servía a Pescanova para pedir dinero en los bancos. El fiscal Juan Pavía ya había retirado su petición de penas contra ellos; el Alto Tribunal los ha exonerado.
Su declaración durante el juicio fue demoledora. "Yo no tengo almacenes. He oído aquí que soy un gran mayorista de pescado, y yo entiendo solo de comprar unas cajas de langostinos por Navidad", zanjó el primero. En efecto, la Sala considera probado que fueron engañados bajo la apariencia de que solo se encargarían de "llevar la contabilidad y de firmar los pagarés que le mandaba la matriz (Pescanova)". A cambio de 400 euros al mes contribuyeron a que la pesquera notificase a la banca ventas por más de 2.040 millones de euros en poco más de un lustro. "Viniendo de Pescanova, que en aquella época era no solo de las empresas más importantes de Galicia, sino una de las más conocidas y solventes a nivel nacional e internacional en el mundo de la pesca, y con la absoluta convicción de que las operaciones que iba a llevar a cabo se correspondían con compraventas reales, fue aceptada". Pescanova era una sociedad "de prestigio"; aquellas remesas de pota argentina, langostinos de Angola o merluza de Namibia eran solo papel mojado.
El diseño de este entramado, bajo la dirección de Sousa, se atribuye en la sentencia principalmente a cuatro personas: Antonio Táboas Moure (exdirector financiero), Ángel González (Contabilidad), Alfredo López Uroz (Administración) y Joaquín Viña Tamargo (Auditoría Interna). También en parte al sucesor de Táboas, Carlos Turci Domingo, otrora responsable de la filial -y trader- Pescafina. Para ellos ha sido el castigo más severo, tras el del expresidente, con penas de prisión de tres años y medio, además de tener que indemnizar subsidiariamente a los inversores que perdieron su dinero con el fraude. El exconsejero delegado, Alfonso Paz-Andrade, como autor de un delito de falseamiento de cuentas anuales en grado de tentativa, ha sido condenado a un año de prisión, sin responsabilidad civil. José Manuel Gil González (Tesorería) y Alfonso García Calvo (Novapesca Trading), con dos años de pena, no ingresarán en la cárcel si no cuentan con antecedentes penales.
Los hombres de confianza de Fernández de Sousa contribuyeron a "desfigurar la realidad de su verdadera situación económica y financiera", que sirvió para atrapar a miles de inversores. Luxempart, con 51,1 millones de euros, fue el fondo más afectado, seguido de Damm (40,18 millones), Silicon Metals Holding (23,3), Golden Limit (5,54) o Disa (también de Grupo Damm, con 6,6 millones). Entre los bancos, Bankia deberá ser resarcida con 19,95 millones de euros, por los 18,9 de UBI. No se ha determinado la cantidad que corresponde a Banco Espirito Santo.
