Hijos de J. Barreras lleva sometiéndose a decisiones de ultramar desde que la petrolera Pemex acordara la compra del 51% de su capital. Así que, hasta comienzos de 2020, la última palabra sobre el devenir del astillero la tenían en México DF. Es difícil saber a dónde se mudó después el centro real de decisión, teniendo en cuenta que el fondo Oaktree tejió un inmenso entramado societario con ramificaciones en Malta, Luxemburgo, Singapur o Islas Caimán, como desveló FARO, para controlar la compañía viguesa.
Sea como fuere, eso sí, las decisiones no se adoptaban en Galicia. Lo que sí es claro es que, dentro de una semana, ese bastón de mando viaja a la capital británica. Allí, en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales, se dirimirá quién tiene razón: si la naviera Havila Kystruten, que reclama al astillero 37 millones de euros con intereses y otros 20 en compensación por los buques que no recibió; o si Barreras, que pide una indemnización por 10 millones a la armadora, a la que acusa de haber incumplido su plan de pagos y empujarla al preconcurso de acreedores.
La primera demanda la puso Havila y la dirigió contra Abarca, aseguradora del contrato para la construcción de dos cruceros, en Londres. En caso de fallo favorable a la naviera, la aseguradora tendría que ejecutar un procedimiento de recuperación posterior contra Barreras. La situación se enredó más tarde después de que el equipo de Douglas Prothero, ex presidente ejecutivo del astillero, formulase su propia querella en Reino Unido contra la armadora.
¿Qué hizo la segunda? Responder con una contrademanda. “Como contrademanda (counterclaim), Havila Kystruten ha exigido a Barreras una compensación por un total de 36,8 millones de euros, y 10 millones de euros por barco más intereses, costes y comisiones, correspondientes al incremento del precio del contrato”. “Alternativamente –continúa–, estas cantidades serían devueltas por Abarca”. De este modo, el objeto y objetivo de esta acción judicial ya no es la aseguradora, sino la propia Barreras.
Este proceso judicial es vital no ya para el futuro del astillero, en fase de liquidación, sino para las esperanzas de las empresas acreedoras de cobrar su deuda. La administración concursal, ejercida por Tahice Legal, ha reconocido créditos ordinarios por 9,6 millones de euros a auxiliares y proveedoras. Ahora bien, que empresas como JJ Naval, Montajes Cancelas, Norinver, Maessa, Talleres Dizmar o Tuycalde cobren por las facturas pendientes dependerá de lo que suceda desde el lunes en Londres, puesto que todo el dinero de la caja podría tener que desviarse a indemnizar a Havila.
