Hijos de J. Barreras ha pasado en diez años por dos suspensiones de pagos. Y estuvo a punto de hacerlo una tercera, cuando se entregó al proyecto fallido de The Ritz-Carlton Yacht Collection. Aunque la operación de venta de sus instalaciones permitirá la recuperación del mayor astillero privado de España, con el consiguiente impacto en el conjunto de la industria, no podrá eludir el pago de peajes pasados. La deuda con la industria auxiliar, contraída durante las presidencias de José García Costas y Douglas Prothero, es la que ha decantado la decisión final del juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo.
Astilleros Armón será el propietario de la unidad productiva de Barreras porque su oferta es la que permitirá que se paguen más facturas heredadas, aunque su propuesta en materia laboral haya sido la menos generosa. En suma, auxiliares y proveedoras recibirán 9,6 millones de euros, que son las cantidades reconocidas en el informe elaborado por la administración concursal. Ahora bien, que empresas como JJ Naval, Montajes Cancelas, Norinver, Maessa, Talleres Dizmar o Tuycalde ingresen sus créditos dependerá de dos litigios en curso, y por importe de cerca de 70 millones de euros. Es la suma de las reclamaciones de Havila Kystruten y Naviera Armas contra Barreras.
Por tanto, el riesgo de que la industria auxiliar se quede como al principio, con ese agujero económico y sin recuperar un solo euro, es muy real. Una vez que Armón proceda al pago de los 14,7 millones de euros (14,2 millones por las instalaciones y 500.000 euros por el acero de los cruceros de Havila), los administradores concursales utilizarán unos 4 millones para sufragar el ERE extintivo parcial y las indemnizaciones del centenar de trabajadores que no formarán parte del nuevo proyecto. “Cuando entre el dinero, como administradores tendrán que abonar primero los créditos contra la masa”, apuntan fuentes jurídicas a FARO. Son aquellas deudas asumidas por la empresa una vez declarado el concurso (suspensión de pagos), y que incluyen tanto las facturas de electricidad como los honorarios de los liquidadores de Tahice Legal, por ejemplo. En su primer informe apenas figuraban 16.620 euros con la consideración de créditos contra la masa. Curiosamente, el importe más elevado se corresponde con el equipo legal contratado por el antiguo patrón del astillero, Douglas Prothero, para pleitear en Londres contra la naviera Havila.
Los denominados créditos ordinarios, donde se agolpan las decenas de auxiliares afectadas por la quiebra, se pagarían a continuación. Pero es aquí donde intervienen esos pleitos pendientes. “Lo más apropiado y diligente es esperar a que se resuelvan esas contingencias. Dejas ese dinero consignado y, en caso de que sobre algo si hubiese que pagar a Havila y Armas, los prorrateas entre los acreedores”, abunda el mismo experto jurídico. Hasta medio centenar de auxiliares y proveedoras afectadas, como desveló este periódico –y figura en el auto del Mercantil–, habían sufrido ya impagos de Factorías Vulcano, quebrada en julio de 2019. El pleito entre Havila y el astillero vigués se celebrará en julio; el arbitraje con Armas continúa pendiente de resolución.
La decisión
En definitiva, y habiendo pagado el coste del ERE, Barreras dispondrá de unos 10,7 millones para pagar a acreedores, frente a los 5,5 millones que, en suma, ponía sobre la mesa la propuesta de Astilleros Gondán. El criterio de la magistrada Amelia Pérez ha sido claro: debe prevalecer el interés concursal y el pago a los acreedores, por encima del laboral. “La preservación de la plantilla de trabajadores no puede ser la única pauta o juicio de discernimiento que lleve, en el procedimiento concursal, a decantarse por una u otra oferta”, expone textualmente en el auto difundido ayer. Este criterio está ampliamente documentado en la resolución judicial.
“El beneficio de algunos interesados va en perjuicio de otros, es decir, si se mantiene la estructura empresarial existente para evitar la pérdida de puestos de trabajo se está favoreciendo a los trabajadores de la concursada, pero a costa de los acreedores y los trabajadores de estos acreedores, que también se ven afectados”. A raíz de la quiebra de Barreras, y en paralelo al impacto del COVID, la mitad de las cerca de 400 auxiliares gallegas del naval tuvieron que ejecutar despidos a lo largo de 2020. La magistrada rechaza también cualquier conflicto de competencia –Armón tendrá más capacidad que todos los astilleros privados de España juntos–, y niega que la CNMC tenga que autorizar la operación. No cabe recurso contra su resolución.
A partir de ahora, Armón tendrá un mes para hacer efectiva la operación. La administración concursal deberá proceder a la preparación del expediente de regulación de empleo para el despido de en torno a un centenar de trabajadores, y el equipo de Laudelino Alperi elegirá al equipo de veinte operarios de Barreras que sí formará parte de la nueva vida del mayor astillero privado del país.
La plantilla estudia medidas contra Ritz-Carlton: “Estamos así por su gestión”
El comité de empresa de Hijos de J. Barreras era consciente de que la decisión de la titular del Mercantil de Vigo iba a ir en consonancia con la valoración de los administradores concursales. “Lo ha motivado bien, y hay una diferencia muy superior al 15% entre la oferta de Armón y la de Gondán”, explica Rafael Pérez (CIG). Cuestión bien distinta es que los sindicatos compartan su decisión, que no es el caso. “Creo que se han equivocado, y no solo por la plantilla de Barreras”, comparte el presidente del comité, Sergio Gálvez (UGT). El delegado de CC OO, Ramón Sarmiento, avanza que “lo que queda por delante no son temas menores”. “Estamos en esta situación por las decisiones adoptadas por nuestra propuedad, que compró el astillero para salvar un activo que no tenía que ver con lo que interesaba a Barreras o a sus trabajadores”, clama, en referencia a Ritz-Carlton y al crucero Evrima. “Hay indicios para ir contra la propiedad, estamos así por su gestión, que ha causado perjudicios y una precarización dolosa”. El ERE previsto para el centenar de trabajadores que serán despedidos será de 20 días de indemnización por año trabajado, con límite de 12 mensualidades.
