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Los mayores de 60 años son el grupo más numeroso entre los parados en Galicia

En enero rozaron los 24.000, unos 1.000 más que antes de la crisis del COVID-19 | El ascenso desde 2008 es del 77% por el “edadismo” y los grandes ajustes sectoriales

Oficialmente, tener más de 45 años es una desventaja en el mercado laboral. Las estadísticas y los informes sobre el empleo suelen incorporar un capítulo específico de la evolución en este grupo de población por las dificultades que tiene para encontrar un puesto, compartiendo análisis con las mujeres, los extranjeros, los demandantes de larga duración, las personas con discapacidad y los jóvenes. Se habla mucho ahora de los prejuicios y los estereotipos alrededor de la edad, pero la problemática viene de lejos. El término edadismo nació en 1969, acuñado por el médico y gerontólogo estadounidense Robert Neil Butler para denunciar “la discriminación sistemática” de los mayores. Les persigue un círculo vicioso. Crisis tras crisis, sirven de diana en los grandes ajustes de las empresas, salen de la ocupación, acaban convertidos en parados de larga duración y se arriesgan a sufrir una situación de descualificación y pérdida de autoestima, otro hándicap más para su reinserción. De los 153.900 desempleados que había en Galicia el pasado enero, unos 47.400 superaban los 55 años y casi 24.000 tenían 60 o más.

Esa horquilla de edad, de 60 años en adelante, es mayoría entre los desempleados de la comunidad y la única franja en la que creció el paro desde el estallido de la crisis del coronavirus. Creció, concretamente, en 1.005 personas, un 4,4%, según los últimos datos del Sepe recogidos por el Instituto Galego de Estatística (IGE). El 55% son mujeres y siete de cada diez llevan al menos un año sin trabajar. “No hay ningún incentivo ahora mismo para la contratación a determinadas edades”, asegura Maica Bouza, responsable de Emprego en CC OO Galicia, que vincula el incremento a “las reconversiones sectoriales, como las de la banca”.

Las sucesivas Estratexias de Inclusión Social de Galicia de la Consellería de Política Social pusieron el foco en la necesidad de habilitar “medidas específicas para favorecer la reincorporación laboral de las personas en situación de desempleo de larga duración, en especial de las mayores de 45/50 años”, como recogía el plan que estuvo en vigor entre 2014 y 2020, pensado para darle la vuelta al mazazo de la anterior doble recesión. Sin embargo, el volumen de parados de más de 55 años en Galicia se incrementó un 54% desde 2008 y un 77% en el caso de los que superan los 60 años.

Por culpa de la pandemia, la contratación de desempleados de larga duración se desplomó por encima del 20% en las cuatro provincias en 2020, según el análisis de ocupaciones del Sepe. La recuperación el pasado año fue fortísima. En Pontevedra, por ejemplo, aumentó un 61% por el tirón de las vacantes de vendedores, camareros asalariados y peones de industrias manufactureras. Las mismas ocupaciones, junto con ayudantes de cocina y peones del transporte, que dispararon un 85% los contratos en el colectivo en A Coruña.

Con ese perfil de los puestos, no extraña que la caída de los parados que llevan más tiempo a la espera de volver a la actividad benefició, sobre todo, a los más jóvenes –un 55% de bajada en los de 20 a 24 años, el 44% en los de 25 a 20 y un 35% en los que tienen de 30 a 44 años–, mientras que el desempleo de larga duración en los de 60 a 64 años únicamente mermó un 9%.

La salida de la ocupación a esas alturas de la vida puede ser una auténtica pesadilla por el impacto en las cotizaciones sociales en la antesala de la jubilación. La prestación se calcula con las bases de cotización de los últimos 25 años y no todos los trabajadores cuentan con el escudo que habitualmente pactan sindicatos y empresas en las grandes regulaciones de empleo para saldar la factura con la Seguridad Social hasta que llegue el momento del retiro. Para ellos va el subsidio por desempleo para los mayores de 55 años que ya no tienen derecho a cobrar ninguna otra prestación tras agotar el plazo. La cuantía equivale al 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que los Presupuestos Generales del Estado elevaron un 2,5% en 2022, hasta los 579,02 euros al mes. El subsidio después de esta subida se sitúa en 463,2 euros mensuales

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