En el año 2008 el flujo de efectivo de las actividades de explotación de Pescanova -el dinero que generó la actividad pesquera, la habitual, del grupo- fue de 44 millones de euros. Aún así, destinó más de 286 millones a la compra de fábricas y la construcción de instalaciones acuícolas. Lo reflejan los números remitidos ya entonces por el equipo de Manuel Fernández de Sousa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que nadie -regulador, auditoras, banca- supo o quiso ver. Sea como fuere, uno de los proyectos que más dinero se tragó aquel año fue la macroplanta de rodaballo que la multinacional gallega construyó a los pies de la playa portuguesa de Mira. El proyecto nunca funcionó para ninguna de las partes que se vieron involucradas en él: Pescanova nunca pudo alcanzar las 7.000 toneladas anuales de producción, el Estado luso no logró hacer de él un referente para la captación de inversiones en acuicultura y el consorcio que lo construyó no ha visto un euro de la propuesta de convenio con la que la instalación ha esquivado la quiebra. Y no lo hará a futuro porque un tribunal de Coimbra ha ratificado el plan de pagos, según ha podido constatar FARO.
Cuando Acuinova Actividades Piscícolas, que así se llama la sociedad propietaria de la factoría, entró en concurso -a instancias de una filial de Pescanova-, el administrador judicial se negó a reconocer una deuda de más de 86 millones de la sociedad con el Agrupamento Construtor de Uma Unidade de Pisicultura em Mira (Acupm), una UTE liderada por la filial lusa de Sacyr (Somague). Aseguró entonces que los importes reclamados eran motivo de litigio judicial: " os créditos reclamados não devem ser reconhecidos". En noviembre el mismo gestor concursal, Bruno da Costa Pereira, logró sacar adelante una propuesta de convenio en base a aquella nómina de acreedores, y contra la que la UTE constructora presentó una demanda en el Tribunal de Relaçao de Coimbra. Pero la sala, según la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico, ha desestimado íntegramente la apelación. Por este motivo el pasado 9 de noviembre otro tribunal, esta vez de Coimbra, ha homologado definitivamente el convenio de Acuinova. Nueva Pescanova, desvinculada de esta sociedad desde mayo del año pasado, no aspira a recuperar nada sustancial.
Este acuerdo judicial no ha enterrado, no obstante, el litigio entre la Acupm y la factoría de rodaballo. Hay varios procesos abiertos en los que Acuinova reclama a las empresas 91 millones de euros por defectos en la construcción; a día de hoy la fase dos de la piscifactoría sigue sin estar operativa. El 80% de lo que se recupere de la UTE, si es que prosperan las demandas, deberá destinarse a los bancos, sobre todo a Novo Banco, Banco BPI, Caixa-Banco de Investimento, Banco Comercial Portugués y Caixa Geral de Depósitos (cuya red española es ahora propiedad de Abanca). Da Costa aspira a cobrar del consorcio constructor hasta 100 millones.
La propuesta de convenio salió adelante con el aval principal del Gobierno portugués, que había cofinanciado la obra con dinero público (aportó casi 60 millones de euros). "El Estado reclamó el mantenimiento de los puestos de trabajo", compromiso que según el administrador concursal pasa por retener en plantilla a al menos 111 trabajadores. La factoría sufrió tres siniestros graves de los que nunca informó al mercado -Acuinova estaba en el perímetro de consolidación de la pesquera, sujeta a la normativa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores-, con un último accidente grave (en 2014) que supuso la pérdida de 878 toneladas de rodaballo.
