Solicitan al Concello que certifique la localización del centro social de Filgueira

Las familias afectadas por la construcción del centro social de Filgueira han dado un paso más en aras de lograr su objetivo: el desbloqueo de una situación que arrastran desde hace más de una década y que el Concello adquiera las fincas en las que levantó el inmueble. Ayer por la mañana registraron tres escritos, dos de ellos destinados los servicios de Secretaría e Intervención, con los que instan a los altos funcionarios a aclarar si el edificio vecinal se construyó en los terrenos estipulados en el convenio con el ayuntamiento o no y si el centro social forma parte del inventario de bienes inmuebles patrimoniales.

Los afectados proponen a la interventora municipal que certifique si las dos fincas [se adjunta la referencia catastral de las mismas] se corresponden con los bienes municipales y al secretario, que se posicione en los mismos términos.

Además, los vecinos piden a la edil de Facenda que retire del orden del día una propuesta de pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) [había planteado el pago de 3.819 euros del período comprendido entre 2014 y 2022] para cerrar otra que pase obligatoriamente por la compra de las dos fincas. Recuerdan que el teleclub fue levantado en un predio distinto al previsto y que además, la ocupación de los bienes nunca se concretó al quedar aparcado el desarrollo de la 4ª fase del polígono Lalín 2000. Pero además se demanda una “indemnización por los daños y perjuicios causados”. En este sentido señalan que por una deficiente gestión del procedimiento administrativo, no solo están obligados a pagar la contribución por un bien que figura a su nombre, sino también gastos de IRPF “y pérdidas ocasionadas por la falta de explotación de los predios y la necesaria adquisición de unos bienes que deben ser de titularidad municipal”, subrayan las dos familias afectadas.

El PSOE pide que se investiguen las “irregularidades”

El PSOE de Lalín solicitará en pleno “una investigación sobre las irregularidades cometidas por el PP en la construcción del centro social” de Filgueira. Considera que, tras conocerse que el Concello acordó pagar los 4.000 euros pendientes correspondientes al IBI de una propiedad cuya titularidad no está acreditada, esta vía abre la posibilidad de que el PP dé por fin explicaciones. “El local social de Filgueira está construido desde 2011 en una parcela diferente a la que fue proyectado, pero de momento ningún miembro del PP ofreció aclaraciones ni asumió responsabilidades. Sabemos que están muy nerviosos con esta cuestión y que incluso están presionando a los afectados para que no hagan ruido con el tema, pero no vamos a permitir que traten de cerrar el conflicto de manera ficticia pagando sus meteduras de pata con dinero de todos”, añaden. El grupo socialista recuerda que en agosto de 2019 pidió toda la documentación, confirmando que en 2010 se firmó un convenio urbanístico para la cesión por un grupo de vecinos de los terrenos para la construcción del local social financiado por la Diputación de Pontevedra. El inmueble se finalizó en 2011, pero el plan de sectorización no se llevó a cabo y los vecinos ni disponen de los predios ni cobraron nada por su cesión.

Inspección técnica

Dice que existen informes técnicos que acreditan que “realizada una inspección visual a la parcela donde se acometieron las obras del centro social se comprobó que la construcción se encuentra fuera del terreno objeto del convenio de acuerdo con el plano aportado y casi en su totalidad en la parcela 106”. “Fue una chapuza estrepitosa del gobierno del PP, que colocó un local social en una parcela que no era a acordada con los vecinos. Tienen que explicar como es posible que esto suceda, porque según nos informan, hay cuestiones en este conflicto con posibles consecuencias penales”. Indica que al gobierno anterior solo le llegó la información sobre el cao en el último año de mandato. Tras la regularización catastral, tuvo conocimiento del asunto y hizo todo el posible “a pesar de la poca voluntad de algunos trabajadores municipales en solucionar un tema que decían desconocer” a pesar de existir un convenio firmado, una subvención de la Diputación, una obra chapucera y mal ejecutada y la reclamación vecinal”.

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