Los afectados por el teleclub de Filgueira exigen al Concello que compre sus fincas

Los afectados por la construcción del centro social de Filgueira instan al gobierno lalinense a negociar “de una vez” una salida al conflicto que arrastran desde hace más de una década y descartan que el pago de la contribución a una de las dos familias propietarias de los terrenos sea la solución definitiva. La única oferta que figura encima de la mesa pasa porque el ayuntamiento adquiera sus predios y los registre a su nombre, al mismo tiempo que el inmueble levantado para uso de los vecinos de la parroquia.

Pilar Granja es la representante de una de las familias y a ella, indica, el ejecutivo le planteó [como desveló anteayer Compromiso por Lalín] pagarle el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) acumulado entre los años 2014 y 2022. “No es que no quiera el dinero, pero no nos soluciona nada”, apunta. Con esta oferta, avalada con un informe de Intervención, el gobierno decide hacer un gesto hacia esta familia por haber soportado desde 2013 el pago de los recibos de la contribución. Granja se pregunta qué pasará en el futuro, al margen de que exista un compromiso verbal para que el concello se haga cargo del IBI hasta que llegue la solución definitiva. Granja explica que días atrás ya le hizo llegar al ejecutivo que no estaba dispuesta a aceptar como solución al desbloqueo de este histórico conflicto la liquidación del IBI. “No aceptamos el dinero, la solución es que el concello compre las fincas y no saque este problema de delante”, confiesa Granja.

"Que esperásemos por Xestur"

Esta vecina explica que al margen de que el centro social se levantase en una finca distinta a la acordada en el convenio, la edificación está asentada sobre dos parcelas, y en torno al 80% de la superficie del inmueble ocupa una de ellas. “Nos decían que esperásemos por Xestur para el desarrollo de la cuarta fase del polígono, pero ¿cuánto tiempo vamos a estar esperando? Si es así, aguardemos todos entonces”, añade.

Granja indica que la propuesta de acuerdo lanzada desde el grupo de gobierno le afecta a ella solamente y no a la otra familia pues la finca de esta última no es en la que a efectos catastrales está ocupada por el centro social. No obstante, el otro predio también está sujeto al pago de la contribución, aunque la cuantía es mucho menor al tratarse de una finca rústica.

Cierre de la finca

Los damnificados volvieron a colocar tiempo atrás un vallado perimetral en las fincas para bloquear el acceso al inmueble al entender que está dentro de sus posesiones y, a pesar de que fue derribado poco después de que se levantase con autorización municipal, ahora sigue en pie y en principio el Concello no habría organizado recientemente ningún tipo de actividad en el centro social.

Declaraciones de la renta

Por otro lado, Pilar Granja dice que este conflicto le ha generado otros quebraderos de cabeza. Su madre, dependiente, estaba obligada a realizar la declaración de la renta por separado debido al valor de la edificación cuya propiedad se le imputaba a ella, impidiendo un modelo conjunto por el que se habría ahorrado 1.200 euros al año.

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