En el pleno de septiembre quedó aprobada la continuidad, por otros dos años, del contrato del Servizo de Axuda no Fogar de Lalín a Protección Geriátrica. El contrato expiraba este 15 de diciembre, pero al ser renovado con dos meses de antelación, a la empresa no le quedaba otra que aceptarlo. En teoría. Porque ayer el BNG desveló que la firma no acepta esa actualización, y que ya comunicó el rechazo al Concello, a pesar de que la adjudicación estipula que son 4 años obligatorios (2 +2) y uno, optativo, de prórroga.

Casi 1,7 millones por año

Para el portavoz del BNG. Francisco Vilariño, este rechazo de la empresa es un chantaje “para sacar tajada” a un contrato ya muy jugoso de por sí, de casi 8,7 millones de euros en cinco años, a razón de 1.664.998 euros por ejercicio. Por eso, insta al gobierno local a convocar la mesa de seguimiento que se creó precisamente a instancias del Bloque, para rescindir el contrato de esta empresa. “Que el Concello pacte la rescisión y no le inyecte ningún euro más”, incidió ayer Vilariño.

Las maniobras de Protección Geriátrica no se quedan aquí. Días atrás solicitó un descuelgue de convenio. Es una medida que contempla el Estatuto de Trabajadores, de carácter temporal cuando se demuestra, por ejemplo, que ha habido una merma en la productividad. Este descuelgue le permite al empresario modificar condiciones laborales. En el caso de Protección Geriátrica podría, por ejemplo, retirar la subida salarial obligatoria que se aplicó este año a la plantilla, que cuenta con entre 60 y 70 trabajadoras. Lo del descenso de productividad no tendría mucho sentido, ya que el precio está fijado y se trata de una licitación pública.

Sería, sin duda, un nuevo varapalo a una plantilla que ya padece incumplimientos en el pago del kilometraje o no se les cuantifica como tiempo de trabajo el que transcurre en el viaje entre un domicilio y el siguiente. Por eso, Vilariño considera que el Concello “debe tener una postura firme y nada tibia, como tiene ahora”.

Comisión paritaria

El descuelgue de convenio que solicitó Protección Geriátrica fue propuesto al comité de empresa, y el trámite pasará a la comisión paritaria permanente, conformada por sindicatos (UGT), patronal e inspección. Esta entidad será la que revise el expediente y le dé o no el visto bueno. Pueden alegar contra esta medida tanto lo sindicatos como las trabajadoras, a título particular, y el propio Concello. Vilariño señaló que si este descuelgue sale adelante, puede entenderse como un acuerdo colectivo, cuando en realidad no es tal.

Municipalización

Cuando se adjudicó el SAF a Protección Geriátrica, el Bloque ya votó en contra alertando de que se trataba de un negocio y un “contrato millonario, al ser el máximo que permite la ley”. En septiembre, volvió a oponerse a esa renovación. Entonces tanto Vilariño como Alba Forno, del PSOE, y Teresa Varela, de Compromiso por Lalín, lamentaron que esa ampliación por dos años más se apoyase solo en un informe del secretario, sin ningún documento de los técnicos de Benestar Social.

Para el Bloque, la solución pasa por rescindir el contrato, como dijimos, y municipalizar el servicio, como hizo Silleda en abril. “Este gobierno se equivocó privatizando el SAF”, aseveró Vilariño, añadiendo que “las empresas que llevaron el servicio en nuestro municipio demostraron que poner una millonada de dinero público en empresas privadas no garantiza uno servicios digno para quienes más sensibles son ni condiciones dignas para las trabajadoras”.