El grupo de gobierno de Lalín solicita la creación de una comisión de investigación en la que se clarifiquen las presuntas irregularidades cometidas por el anterior ejecutivo local del Partido Popular. A la espera de ver el alcance que tiene esta propuesta, en principio podría tener el respaldo del actual grupo municipal popular, ahora en la oposición. Esta conclusión se deduce de las advertencias realizadas en varias ocasiones por el exalcalde, José Crespo, quien pidió al ejecutivo que dejase de lanzar amenazas sobre supuestas irregularidades cometidas por él o su equipo y o bien dejase de airear comentarios que luego no se atrevían o no querían refrendar con datos o acudiesen directamente a la Fiscalía.

En la exposición de motivos de la moción por urgencia el cuatripartito señala que el pasado 21 de julio, "tras desvelarse la aparición en el Concello de documentación que podría indicar la presunta contratación irregular de trabajadores por el anterior gobierno", Crespo formulaba al pleno un ruego. En el mismo afirmaba que pedía expresamente qué había aparecido y si procedía por su contenido, que se remitiese a la Fiscalía "o se acometiese una investigación interna sobre el tema". Para dar respuesta a esta solicitud se plantea un acuerdo consistente en que el pleno apruebe la creación y activación de una comisión de investigación interna sobre varias cuestiones. En primer lugar está el caso de las presuntas contrataciones irregulares de trabajadores. El supuesto uso de personal y material municipal de una forma partidista en campañas electorales y en acciones a favor del PP que fue comentado por este gobierno en julio y agosto de 2015. Las campañas de recaudación de fondos para eventos como la Feira do Cocido, las fiestas patronales o las campañas de Navidad. También incluye la presunta investigación realizada y pagada con fondos municipales para descubrir al culpable de difamaciones personales contra el anterior mandatario en los meses previos a las elecciones municipales. Y, por último, cualquier otra presumible irregularidad detectada hasta la fecha.

La comisión estaría formada por el alcalde, Rafael Cuiña, que actuaría con voz pero sin voto. Y por el secretario municipal, César López Arribas, y también por los funcionarios Román Pérez García, María Dolores García Fernández y Jorge García.

Las conclusiones a las que llegue esta comisión de investigación deberán estar finalizadas lo antes posible y en el plazo máximo de dos meses, que podrían ampliarse su fuese necesario. De las mismas se daría cuenta al pleno y, según esta iniciativa, ahí debería estar el límite de las concusiones; es decir, no cita la posibilidad de acudir a instancias judiciales.